“Es urgente una Ley Integral que pase de la mirada asistencial a un verdadero enfoque de derechos para las personas mayores”

España se encuentra en un momento decisivo en la defensa de los derechos de las personas mayores. Así lo sostiene Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que describe 2026 como un punto de inflexión. “Creemos que puede ser un año decisivo para la consolidación y ampliación de los derechos de las personas mayores”, afirma desde el convencimiento de que el país no puede aplazar más este debate. La razón es clara: “España es ya uno de los países más envejecidos de Europa y esta realidad exige respuestas firmes, estructurales y con visión de futuro”.

Para Fernández, la clave está en dejar atrás la mirada asistencial: “No se trata solo de atender necesidades, sino de reconocer plenamente el papel activo que millones de personas mayores desempeñan en la vida familiar, económica, cultural y comunitaria”.

Ese reconocimiento, insiste, debe traducirse en políticas que garanticen dignidad, seguridad y participación reales. Entre los retos inaplazables menciona “la garantía de pensiones suficientes y sostenibles”, el refuerzo del sistema sanitario y sociosanitario, la coordinación efectiva de cuidados, la inclusión digital y el envejecimiento activo. Todo ello en un contexto en el que la accesibilidad universal y la lucha contra el edadismo ocupan un lugar central.

Entornos accesibles

“Las personas mayores, y en particular aquellas con discapacidad, necesitan entornos accesibles, información comprensible y servicios adaptados”, recalca. Y advierte que “la soledad no deseada se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales de nuestro tiempo”.

Desde su constitución en 2020, la PMP ha logrado convertirse, según Fernández, en “la voz unitaria y representativa del movimiento asociativo de las personas mayores en España”. El balance que hace de estos años es “claramente positivo”. La entidad ha reforzado su interlocución institucional y ha participado en debates clave sobre pensiones, dependencia o sostenibilidad del Estado del bienestar. Para él, este trabajo debe consolidarse: “Queremos ser un órgano permanente de consulta en todas las políticas públicas relacionadas con el envejecimiento”. Y lo defiende con una convicción firme: “España es un país que envejece, y eso no debe interpretarse como un problema, sino como el resultado de un éxito colectivo”.

Convención de la ONU

Ese cambio de paradigma se entrelaza con otro proceso histórico que avanza a escala internacional: la futura Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores.

Fernández explica que el punto de partida fue la resolución adoptada por consenso en abril de 2025, que dio inicio a la redacción del texto. “La primera reunión organizativa tuvo lugar del 18 al 20 de febrero de 2026 en Ginebra”, detalla, con nuevas sesiones programadas para julio y octubre. Lo resume con claridad: “La Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores ya dejó de ser una idea y en 2026 se encuentra en la fase activa de redacción internacional”.

“Envejecer debe significar vivir con dignidad, autonomía y oportunidades, y no solo sumar años”

Aunque el tratado está en fase temprana, existen ya líneas claras de hacia dónde debe avanzar. Fernández menciona la prohibición explícita del edadismo, el respeto a la autonomía y las decisiones personales, el acceso sin discriminación a la salud y a los cuidados, la posibilidad de elegir dónde vivir, la prevención del maltrato y el reconocimiento de la contribución social de las personas mayores. Pero subraya un aspecto esencial: “La futura Convención debe reflejar la enorme diversidad de las personas mayores y, de manera especial, las realidades de aquellas que viven con discapacidad u otras situaciones de vulnerabilidad”. No quiere que sus necesidades queden en notas a pie de página: deben ser parte del núcleo del tratado.

El avance, sin embargo, no está exento de obstáculos. “Percibo divergencias entre los países y, con especial preocupación, la falta de consenso dentro de la Unión Europea”, explica.

La comparación con la Convención de la Discapacidad es inevitable: “En aquel caso hubo un apoyo prácticamente unánime, pero ahora existen dos bloques”.

La razón está en que algunos Estados defienden que la protección debe reforzarse primero en las legislaciones nacionales. Además, Fernández advierte de otra diferencia significativa: “En este caso se percibe una restricción a la participación del Tercer Sector”, a lo que añade que “no se nos va a regalar nada; la sociedad civil debe ganarse su sitio y su voz”.

Pese a ello, la PMP está trabajando activamente, tanto a nivel nacional como internacional, para influir en el proceso desde sus primeras fases.

“España es un país que envejece, y eso no debe interpretarse como un problema, sino como el resultado de un éxito colectivo”

En España, este impulso global se conecta directamente con la reclamación de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores, que la PMP considera urgente. “Reclamamos una ley integral que reconozca explícitamente la igualdad de trato y la prohibición de discriminación por edad”, señala.

Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores

El marco jurídico actual es insuficiente: las personas mayores están protegidas por normas fragmentadas, centradas más en la asistencia que en los derechos plenos. “El ordenamiento actual no contempla adecuadamente la plena titularidad de derechos, ni mecanismos eficaces contra abusos, discriminación o exclusión social”, explica. Incluso el artículo 50 de la Constitución, recuerda, “se interpreta de forma limitada y asistencial, sin un reconocimiento explícito de derechos humanos integrales”.

Paradigma de derechos

Aunque existen iniciativas como proposiciones de ley promovidas por colectivos, Fernández reconoce que “no hay evidencia de un compromiso explícito del Gobierno central o de todos los grupos parlamentarios para aprobar ya una norma integral concreta”. Por eso insiste en la necesidad de avanzar hacia un paradigma de derechos plenos que abarque autonomía personal, participación, salud, cuidados, vivienda y protección frente al maltrato. “España necesita una ley integral que configure un verdadero estatuto de ciudadanía plena”, afirma con contundencia.

Eso debería garantizar la dignidad y las decisiones propias, incluyendo apoyos personalizados, voluntades anticipadas y planificación de cuidados; reforzar la salud integral y los cuidados de larga duración con una coordinación sociosanitaria efectiva; supervisar la calidad en residencias y promover alternativas comunitarias; combatir el maltrato en todas sus formas; garantizar pensiones suficientes y proteger frente a la exclusión financiera y digital; y apostar por un cambio cultural que erradique el edadismo y promueva la participación activa.

“El acceso a servicios públicos no puede depender exclusivamente de competencias digitales que muchas personas no han tenido oportunidad de adquirir”, recuerda.

De cara al futuro, Fernández ve un horizonte en el que las personas mayores se consolidan como ciudadanos de pleno derecho. En ese futuro, el envejecimiento deja de asociarse con fragilidad para convertirse en una etapa activa y diversa. Las prioridades abarcan alfabetización digital, protección frente a fraudes, ciudades adaptadas, reconocimiento de la diversidad interna del colectivo y un enfoque de cuidados entendido como derecho humano. Incluso el final de la vida se aborda desde una óptica de autonomía y respeto a las decisiones personales. En sus palabras: “La persona mayor ya no es solo receptora de protección: es agente, protagonista y corresponsable de su historia”.

Esa es la transformación que Fernández considera inaplazable. No pide concesiones, sino reconocimiento. Su conclusión resume el desafío: “Envejecer debe significar vivir con dignidad, autonomía y oportunidades, y no solo sumar años”. La agenda está abierta. El tiempo, advierte, apremia. Pero por primera vez en mucho tiempo, la ventana de cambio está abierta de par en par.