“Es urgente una Ley Integral que pase de la mirada asistencial a un verdadero enfoque de derechos para las personas mayores”

El año 2026 se perfila como un año decisivo para los derechos de las personas mayores. ¿Cómo afronta la PMP este nuevo ciclo y cuáles diría que son los principales retos que se abren?

Sí, creemos que puede ser un año decisivo para la consolidación y ampliación de los derechos de las personas mayores. Nos encontramos en un momento demográfico y social clave: España es ya uno de los países más envejecidos de Europa, y esta realidad exige respuestas firmes, estructurales y con visión de futuro. No se trata solo de atender necesidades, sino de reconocer plenamente el papel activo que millones de personas mayores desempeñan en la vida familiar, económica, cultural y comunitaria. Este reconocimiento debe traducirse en políticas públicas que garanticen dignidad, seguridad y participación.

Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas vemos importantes oportunidades, pero también retos ineludibles. La garantía de pensiones suficientes y sostenibles sigue siendo una prioridad absoluta, porque hablamos del sustento y la tranquilidad de millones de hogares. A ello se suma la necesidad de reforzar el sistema sanitario y sociosanitario, avanzar en la coordinación de cuidados y asegurar una atención centrada en la persona. El envejecimiento activo, la formación permanente y la inclusión digital son también elementos clave para evitar nuevas brechas que puedan generar exclusión.

"2026 puede ser un punto de inflexión si existe voluntad política y compromiso colectivo"

Un capítulo especialmente relevante es el de la accesibilidad universal y la lucha contra cualquier forma de discriminación por edad. Las personas mayores, y particularmente aquellas con discapacidad —como muchas de las lectoras y lectores de esta revista—, necesitan entornos accesibles, información comprensible y servicios adaptados. Asimismo, la soledad no deseada se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales de nuestro tiempo, y exige respuestas comunitarias, institucionales y solidarias que refuercen el tejido social.

En definitiva, 2026 puede ser un punto de inflexión si existe voluntad política y compromiso colectivo. Nuestro reto como Plataforma es seguir defendiendo los derechos de las personas mayores con diálogo, propuestas constructivas y una participación activa en los espacios de decisión. Las políticas no deben hacerse para las personas mayores, sino con ellas. Solo así construiremos una sociedad verdaderamente inclusiva y respetuosa con todas las edades. El 2026 se perfila como un año clave para la defensa, tanto a nivel nacional como internacional, de los derechos de las personas mayores.

¿Qué balance hace del trabajo realizado en los últimos años por la PMP y cómo se proyecta hacia los próximos meses?

Desde su constitución en 2020, la Plataforma de Mayores y Pensionistas ha logrado consolidarse como la voz unitaria y representativa del movimiento asociativo de las personas mayores en España. El balance es claramente positivo.

En estos años hemos fortalecido nuestra interlocución con el Gobierno, los grupos parlamentarios y los agentes sociales, participando activamente en debates fundamentales como la reforma del sistema público de pensiones, la sostenibilidad del Estado del bienestar o la mejora del sistema de atención a la dependencia. También hemos situado en la agenda pública cuestiones que durante demasiado tiempo permanecieron invisibilizadas.

"España es un país que envejece, y eso no debe interpretarse como un problema, sino como el resultado de un éxito colectivo"

Nuestra colaboración con instituciones como el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha sido constante, siempre desde una posición constructiva pero firme en la defensa de los derechos de las personas mayores. Hemos trabajado para que se nos escuche, no como un colectivo pasivo, sino como ciudadanos y ciudadanas con plena capacidad de participación y aportación a la sociedad.

De cara a los próximos meses y años, nuestro objetivo es reforzar aún más ese papel institucional. Queremos consolidarnos como órgano permanente de consulta en todas las políticas públicas relacionadas con el envejecimiento. España es un país que envejece, y eso no debe interpretarse como un problema, sino como el resultado de un éxito colectivo. El reto ahora es adaptar nuestras políticas económicas y sociales a esta nueva realidad demográfica, garantizando dignidad, autonomía y participación para todas las personas mayores. En esa tarea, la Plataforma va a seguir desempeñando un papel activo, responsable y comprometido.

La PMP ha insistido en la necesidad de que la ONU apruebe una Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores. ¿En qué punto se encuentra este proceso y qué avances se esperan para 2026?

El proceso para aprobar una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores está en marcha ante la ONU y avanza de forma concreta a lo largo de 2025 y 2026. En abril de 2025, durante la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los Estados miembros adoptaron por consenso una resolución para iniciar la redacción de dicha Convención. Esta resolución estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta, encargado de redactar un instrumento jurídico vinculante (es decir, un tratado) que proteja y promueva los derechos humanos de las personas mayores a nivel global.

La primera reunión organizativa del grupo tuvo lugar del 18 al 20 de febrero de 2026 en Ginebra (Suiza). En esta sesión se coordinaron aspectos administrativos, se definió la estructura de trabajo y se establecieron procedimientos para avanzar con la redacción del texto de la Convención. Las próximas sesiones del Grupo de Trabajo están programadas para los días 13–17 de julio y 26–30 de octubre de 2026. Estas reuniones servirán para avanzar en la discusión de contenidos, principios y normas que formarán parte de la futura Convención. Este proceso ha sido impulsado por un grupo de países, como Argentina, Brasil, Filipinas, Eslovenia y Gambia, y mantiene el respaldo de un número creciente de Estados, incluidas naciones europeas, entre ellas España.

La redacción de borradores y los procesos de consenso llevarán al menos cuatro años de trabajo. Entre 2026 y 2030 se irán acordando elementos claves del texto de la Convención que luego serán debatidos, enmendados y eventualmente adoptados por los Estados miembros. Se espera también la participación de organizaciones de personas mayores y movimientos sociales que aporten propuestas para asegurar que la Convención refleje sus necesidades y la salvaguarda de sus derechos. Por tanto, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores ya dejó de ser una idea y en 2026 se encuentra en la fase activa de redacción internacional.

¿Qué supondría para España y para la Unión Europea que esta Convención se apruebe finalmente?

Hay que avanzar hacia un instrumento internacional vinculante que supere el actual enfoque asistencial y otorgue plena exigibilidad jurídica a los derechos de las personas mayores. Para España y para muchos países europeos supondrá una revisión en profundidad de la legislación actual, y un impulso notable al compromiso estratégico y financiero, con un seguimiento y evaluación constante de los avances y la consolidación de los nuevos derechos que se establezcan.

Aunque la redacción de la Convención aún no se ha iniciado, hay propuestas claras sobre los derechos que debería proteger y que están siendo promovidos por grupos de expertos, redes internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos. Las principales categorías de derechos que se espera que el texto reconozca incluyen: reconocer la discriminación por edad (edadismo) como forma de discriminación prohibida, de la misma manera que otras convenciones prohíben discriminación por género o discapacidad. Derecho a participar activa y efectiva en la vida familiar, comunitaria, social, cultural y política, sin barreras ni exclusión. Derecho a que se respete la dignidad, autonomía y decisiones personales de las personas mayores (por ejemplo, en cuidados, residencias o decisiones médicas). Acceso equilibrado y sin discriminación a servicios de salud, cuidados, servicios sociales y apoyo comunitario adaptado a sus necesidades. Derecho a elegir dónde vivir y recibir apoyo en la comunidad, evitando el aislamiento o segregación. Medidas claras para prevenir y sancionar el maltrato, la violencia o el abuso por razón de edad. Derecho a recursos efectivos ante violaciones de sus derechos, incluida justicia accesible y mecanismos de reclamación. Reconocimiento explícito de la contribución de las personas mayores a la sociedad y derecho a participar plenamente en la economía, educación, cultura y vida pública.

"El objetivo es que la Convención no solo recoja derechos ya existentes en otros tratados (como la Declaración Universal), sino que explícitamente incluya derechos y obligaciones"

Para la PMP es esencial que la futura Convención refleje desde su diseño la enorme diversidad de las personas mayores y, de manera especial, las realidades de aquellas que viven con discapacidad u otras situaciones de vulnerabilidad que con demasiada frecuencia quedan diluidas bajo enfoques generalistas. La Convención debe reconocer de forma explícita estas circunstancias, asegurando que las necesidades específicas no queden relegadas a menciones marginales, sino integradas en el articulado como parte central del enfoque de derechos.

Este objetivo solo será posible si las organizaciones representativas participamos de manera activa y continuada en el proceso de elaboración del texto, aportando evidencia, conocimiento experto y la voz de quienes afrontan mayores barreras en su vida diaria. En este sentido, el trabajo que ya hemos iniciado resulta clave para garantizar que la perspectiva de las personas mayores españolas, en toda su pluralidad, esté presente en las discusiones internacionales desde las primeras fases del proceso.

En resumen, el objetivo es que la Convención no solo recoja derechos ya existentes en otros tratados (como la Declaración Universal), sino que explícitamente incluya derechos y obligaciones que reflejen la realidad y desafíos del envejecimiento en el siglo XXI, cerrando lagunas de protección relacionadas con el edadismo, la autonomía y la participación social.

¿Perciben una mayor sensibilidad internacional hacia esta demanda o todavía quedan resistencias importantes?

Percibo divergencias entre los diversos países representados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y con especial preocupación señalaría la falta de consenso entre los países de la Unión Europea. La situación de partida es bien distinta a la que vivimos con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

La CDPD contó con un apoyo prácticamente unánime de los Estados, mientras que en el caso de la Convención para las personas mayores persisten diferencias relevantes, especialmente dentro de la Unión Europea, donde existen “dos bloques”. Aproximadamente la mitad de los países se muestran favorables y, la otra mitad, entre ellos Estados de gran peso como Francia, Alemania, Holanda, o los países nórdicos, sostienen que antes de crear un instrumento internacional debería producirse un mayor desarrollo de las normas nacionales.

Por otro lado, otra diferencia fundamental, es que en el caso de la Convención de la Discapacidad se produjo una gran participación de la sociedad civil organizada, sin embargo, en este caso y en estos momentos, se percibe en la posición defendida por algunos países una restricción a la participación del tercer sector.  En este sentido, el proceso de desarrollo de la futura Convención para las Personas Mayores no va a ser tan fácil y rápido como el que desembocó en la Convención de la Discapacidad, no se nos va a regalar nada; y la sociedad civil debe ganarse su sitio y su voz.

¿Qué papel está jugando la sociedad civil y las organizaciones de mayores en este impulso global?

La sociedad civil y las organizaciones de personas mayores están desempeñando un papel clave en el impulso de la Convención. A través de su voz organizada, están visibilizando la discriminación por edad y aportando propuestas concretas para un marco jurídico más sólido. Además, estas organizaciones ejercen una presión constante ante gobiernos y organismos internacionales, logrando que el tema avance en la agenda global. En definitiva, son las propias personas mayores y sus organizaciones las que están liderando este cambio. Gracias a su participación activa, se está construyendo un instrumento que busca garantizar sus derechos y mejorar su calidad de vida en todo el mundo

En este momento, el proceso hacia la futura Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores atraviesa una fase especialmente decisiva. Y es justamente en este espacio donde la PMP considera que existe un margen real de influencia. Por ello estamos reforzando nuestra interlocución tanto internacional como nacional, colaborando de forma estrecha con el Imserso para que España desempeñe un papel de liderazgo y para que nuestras propuestas estén presentes desde el inicio en la redacción del futuro instrumento jurídico.

Las organizaciones pueden trabajar con sus gobiernos nacionales o delegaciones ante la ONU para influir en las posiciones estatales durante las negociaciones, aportando evidencia, argumentos y propuestas técnicas. A través de campañas, eventos públicos y redes de aliados (por ejemplo, plataformas europeas, ONG internacionales, alianzas de derechos humanos), las organizaciones pueden sensibilizar sobre la importancia de una Convención robusta y movilizar apoyo global. Una vez que la Convención esté adoptada, las organizaciones podrán monitorizar su implementación a nivel nacional y exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos, así como apoyar a individuos para que ejerzan sus derechos.

Por otro lado, la PMP reclama una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores. ¿Por qué es urgente una norma de este calado en España?

Efectivamente, los movimientos sociales y organizaciones de mayores reclamamos una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que reconozca explícitamente la igualdad de trato y la prohibición de discriminación por edad.

"El envejecimiento plantea tensiones sobre el papel del Estado, la autonomía personal, la protección social y la lucha contra la discriminación por edad"

España es uno de los países con mayor proporción de población mayor de 65 años en Europa, y esa realidad demográfica ha impulsado reflexiones más profundas sobre cómo el ordenamiento jurídico reconoce y garantiza sus derechos. El envejecimiento plantea tensiones sobre el papel del Estado, la autonomía personal, la protección social y la lucha contra la discriminación por edad. Diagnósticos académicos y debates jurídicos detectan que el ordenamiento actual no contempla adecuadamente la plena titularidad de derechos de las personas mayores, ni mecanismos eficaces contra abusos, discriminación o exclusión social. Actualmente no existe en España una ley estatal única que recoja de forma exhaustiva los derechos de las personas mayores. La protección depende de normas fragmentadas (como la Ley 39/2006 de dependencia y diversas políticas sociales), con foco más asistencial que de derechos plenos.

En España hay un debate creciente, multidisciplinar y todavía en fase de consolidación sobre la necesidad de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores, con aportaciones del ámbito científico, técnico y jurídico. Este debate conecta cuestiones demográficas, constitucionales, de derechos humanos y de política social. Se enmarca en un contexto demográfico donde la población mayor está creciendo, lo cual aumenta la presión por activar políticas públicas más amplias y coordinadas para la protección y el bienestar.

El artículo 50 de la Constitución Española reconoce medidas para la autonomía y la atención a personas mayores, pero se interpreta de forma limitada y asistencial (protección social), sin un reconocimiento explícito de derechos humanos integrales como la igualdad de trato o la no discriminación por edad. En jornadas organizadas, con participación de catedráticos de derecho constitucional y fiscales, se ha debatido la conveniencia de reforzar y articular una regulación estatal integral que aborde desde los derechos fundamentales (salud, vivienda, autonomía, participación) hasta la protección frente al maltrato y la discriminación.

¿Cree que existe suficiente voluntad política y compromiso por parte del Gobierno y de las fuerzas parlamentarias para impulsar esta norma?

En el Parlamento hay iniciativas como proposiciones de ley (Iniciativa Legislativa Popular, ILP) presentadas por grupos o asociaciones, lo que indica que hay acción legislativa formal en curso para impulsar normas vinculantes.

"Es necesario ampliar el enfoque más allá de una visión asistencial —centrada en cuidados o prestaciones— hacia un paradigma de derechos plenos"

Pero, ciertamente, no hay evidencia de que exista un compromiso explícito del Gobierno central o de todos los grupos parlamentarios para aprobar ya una norma integral concreta; más bien es un asunto todavía en discusión y promoción por parte de colectivos, y en algunos casos con la intención de llegar a debates parlamentarios.

Es necesario ampliar el enfoque más allá de una visión asistencial —centrada en cuidados o prestaciones— hacia un paradigma de derechos plenos, participación y autonomía y que se incorporen garantías legales para la vivienda, el acceso a servicios, la dignidad en los cuidados y la participación social.

En conclusión, la propuesta de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores se está discutiendo en diferentes foros políticos y sociales en España, promovida por sindicatos y plataformas de mayores, y también iniciada legislativamente (por ejemplo, como ILP). Pero a día de hoy no hay una norma aprobada ni un apoyo explícito unánime en el Gobierno o en todas las fuerzas parlamentarias, aunque sí existe un debate creciente y acciones para llevarla al ámbito parlamentario.

¿Qué brechas o carencias legislativas persisten hoy que justificarían esta ley? ¿Cuáles serían sus principales ejes?

España necesita una ley integral de derechos de las personas mayores que no se limite a ordenar recursos asistenciales, sino que configure un verdadero estatuto de ciudadanía plena en coherencia con la Constitución Española y los principios promovidos por la Organización de las Naciones Unidas en materia de envejecimiento digno. Esta norma debería reconocer expresamente que la edad no puede ser motivo de discriminación y que el envejecimiento forma parte de la diversidad humana. Desde esa premisa, la ley tendría que garantizar la dignidad, la autonomía y el derecho a tomar decisiones propias, incluyendo sistemas de apoyos personalizados cuando sean necesarios, así como instrumentos como las voluntades anticipadas y la planificación de cuidados.

Asimismo, la ley debería reforzar el derecho a la salud integral y a los cuidados de larga duración como pilares del bienestar en la vejez. Ello implicaría asegurar una atención sanitaria accesible, con especial desarrollo de la geriatría, la salud mental y los cuidados paliativos, y consolidar un sistema público de apoyos suficientemente financiado que profundice y actualice el modelo previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. La coordinación real entre servicios sociales y sanitarios, la supervisión de la calidad en centros residenciales y la promoción de alternativas comunitarias o domiciliarias deberían formar parte esencial de este enfoque.

Igualmente, una ley integral tendría que incorporar medidas firmes contra el maltrato y el abuso —físico, psicológico, económico o institucional—, así como mecanismos ágiles de detección y denuncia. Debería también proteger la seguridad económica de las personas mayores, garantizando pensiones suficientes y combatiendo la pobreza energética y la exclusión financiera o digital. En una sociedad crecientemente tecnológica, el acceso a servicios públicos no puede depender exclusivamente de competencias digitales que muchas personas no han tenido oportunidad de adquirir.

Por último, el texto legal debería apostar por un cambio cultural profundo: combatir el edadismo, promover la participación activa en la vida social y política y reconocer el valor social de las personas mayores como titulares de derechos y como agentes activos. Una ley de estas características no solo respondería al reto demográfico, sino que consolidaría un modelo de sociedad más justo, en el que envejecer no signifique perder autonomía ni visibilidad, sino seguir ejerciendo plenamente la condición de ciudadanía.

¿Cuáles son los principales avances en derechos y bienestar de las personas mayores que la PMP considera inaplazables y deberían verse cumplidos en 2030?

En el siglo XXI, envejecer ya no puede verse como sinónimo de fragilidad o dependencia. Las personas mayores dejan de ser un colectivo “vulnerable” y se consolidan como ciudadanos de pleno derecho, con autonomía, voz y capacidad de decidir sobre sus vidas. Esta transformación exige leyes integrales que vayan más allá de pensiones y cuidados asistenciales, reconociendo la vejez como una etapa activa y diversa de la vida.

Hoy, los derechos de las personas mayores se expanden hacia territorios que hace apenas unas décadas parecían secundarios. El acceso a la tecnología y la alfabetización digital se han convertido en una condición para la inclusión social, mientras que la protección frente a fraudes y la discriminación algorítmica marcan la frontera entre participación y exclusión. Las ciudades y los espacios públicos, además, deben adaptarse a sus necesidades, garantizando movilidad, seguridad y lugares de encuentro que promuevan la socialización y el envejecimiento activo.

"La persona mayor ya no es solo receptora de protección: es agente, protagonista y corresponsable de su historia"

La diversidad también ocupa un lugar central: reconocer a las mujeres mayores, a personas Lgbtiq+ y a migrantes mayores como sujetos de derechos es parte de una agenda que busca justicia interseccional. Y en un giro paradigmático, los cuidados —antes concebidos como un deber familiar— se reconocen como un derecho humano. Esto implica sistemas integrales que protejan a quienes reciben cuidados y a quienes los brindan, estableciendo responsabilidades compartidas entre Estado, comunidad y mercado.

La lucha contra el edadismo se vuelve, además, ineludible. Discriminaciones en el empleo, la salud o los servicios sociales por motivo de edad dejan de ser aceptables, y se requieren políticas activas para revertir décadas de prejuicios. Incluso el derecho a decidir sobre el final de la vida, mediante voluntades anticipadas o cuidados paliativos, entra en la agenda, reflejando una visión madura y respetuosa de la autonomía individual.

En pocas palabras, las leyes de hoy buscan convertir la vejez en un proyecto de ciudadanía plena. La persona mayor ya no es solo receptora de protección: es agente, protagonista y corresponsable de su historia. El desafío es que la sociedad y sus instituciones se ajusten a esta visión, asegurando que envejecer signifique vivir con dignidad, autonomía y oportunidades, y no solo sumar años.