La Plataforma de Mayores y Pensionistas exige un plan integral de políticas ante el reto del envejecimiento

La plataforma realizó esta petición en el marco de una reunión celebrada en la sede del Ministerio, en la que participaron el titular de la cartera, Pablo Bustinduy, y la directora general del IMSERSO, Mayte Sancho. Por parte de la PMP, estuvo presente una delegación formada por su presidente, Jesús Norberto Fernández; las vicepresidentas Inmaculada Ruiz y Manuela Carrión; los vicepresidentes José Luis Fernández y Álvaro García; y la vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), María Luisa Delgado.

En relación con la normativa pendiente de tramitación, la PMP respaldó las reformas en curso de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad como un paso normativo “muy relevante hacia un sistema más justo, inclusivo, y centrado en las personas que reconoce derechos necesarios, reduce barreras burocráticas y amplía prestaciones”.

Asimismo, tanto la PMP como el ministro Bustinduy coincidieron en valorar dichas reformas como imprescindibles para hacer frente al envejecimiento de la población, al creciente número de personas mayores en situación de dependencia y con discapacidad, así como para modernizar el sistema de cuidados, adaptándolo a las necesidades actuales.

De igual manera, la plataforma señaló la urgencia de aprobar el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva y de culminar la tramitación parlamentaria de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. En este sentido, insistió en que ambas normas son esenciales para garantizar un trato digno, accesible y comprensible para las personas mayores y las personas con discapacidad mayores en su relación con servicios esenciales.

Por otra parte, la PMP volvió a mostrar su plena disposición a colaborar con el Gobierno en los trabajos preparatorios de la futura Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, al mismo tiempo que reclamó un papel activo de España en Naciones Unidas y en la Unión Europea para impulsar su aprobación.

Durante el encuentro, la Plataforma también hizo un llamamiento a atender de forma prioritaria las necesidades de las personas mayores que viven en contextos rurales, donde las dificultades de acceso a servicios públicos, cuidados y recursos de proximidad agravan la vulnerabilidad social y limitan las oportunidades de un envejecimiento digno.