La PMP y la POP urgen a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos sanitarios y sociales de los pacientes más vulnerables

En este sentido, la PMP y la POP denunciaron que, aunque los derechos de los pacientes están ampliamente reconocidos y recogidos en la normativa nacional y autonómica, su aplicación práctica sigue siendo desigual e insuficiente, generando situaciones de desprotección y vulneración de la autonomía personal de miles de pacientes. La inequidad territorial; la fragmentación entre el sistema sanitario y el social; la brecha digital y la falta de participación efectiva continúan dificultando una atención equitativa, personalizada y continua.

Tal y como advierte el ‘Observatorio de la Atención al Paciente 2025’ de la POP, la brecha digital limita el acceso de las personas mayores con enfermedad crónica o con discapacidad a herramientas y servicios sociosanitarios. Además, el mismo informe señala que la implementación autonómica de la integración sanitaria y social sigue siendo heterogénea y que, aunque la mayoría de las comunidades autónomas contempla acciones específicas dirigidas a pacientes mayores o con cronicidad compleja, las mujeres con enfermedad crónica constituyen el grupo con menor cobertura específica entre los colectivos analizados, pese a su mayor carga de cuidados.

Por su parte, la PMP señaló que las personas mayores siguen encontrándose con importantes barreras estructurales para ejercer plenamente sus derechos como pacientes, entre las que destacan sobre todo las grandes demoras en las listas de espera, la fragmentación de la atención, así como una digitalización acelerada que, en muchos casos, se ha traducido en exclusión y dificultades añadidas.

Brecha digital y atención a la cronicidad

A este respecto, añadió que la brecha digital continúa limitando el acceso a la atención sanitaria, a la información y a los sistemas de cita y seguimiento médico, en especial entre personas mayores con menor alfabetización digital o con problemas de accesibilidad. Por otro lado, también remarcó que la mayoría de las personas mayores convive con una o varias enfermedades crónicas, lo cual exige un sistema sanitario capaz de ofrecer acceso ágil a los servicios cuando se precisa, continuidad asistencial, coordinación sociosanitaria y un enfoque centrado en la persona y no únicamente en la patología.

Asimismo, en el contexto de la creciente digitalización, la POP subrayó que la transformación tecnológica solo será compatible con los derechos de los pacientes si va acompañada de transparencia, alfabetización digital y supervisión humana. E, igualmente, recordó que el impacto de la cronicidad no se limita al ámbito clínico.

Por todo ello, la presidenta de la POP, Carina Escobar, alertó de que “no basta con reconocer derechos sobre el papel: hay que garantizar que puedan ejercerse de forma real y en igualdad de condiciones. Eso implica asegurar accesibilidad, continuidad asistencial, coordinación sociosanitaria, participación y apoyo a las personas cuidadoras, especialmente a las mujeres mayores, que siguen sosteniendo buena parte de los cuidados”.

Mujeres mayores cuidadoras y falta de apoyos

La PMP, por su parte, también puso el foco en la situación de las mujeres mayores cuidadoras, que con frecuencia asumen tareas de cuidado intensivo sin apoyos suficientes, lo que repercute negativamente en su propia salud y en el ejercicio de sus derechos como pacientes. Muchas, además, sufren una triple discriminación por razón de edad, género y su rol de cuidados. Por lo tanto, la plataforma demandó políticas públicas que reconozcan su papel, garanticen apoyos adecuados y aseguren su derecho a cuidarse y a recibir una atención sanitaria en condiciones de igualdad.

Además, también denunció que en la actualidad no se ofrecen los cuidados domiciliarios que precisan muchos pacientes frágiles y que hay una muy baja inversión en cuidados de media y larga duración (solo un 0,9% del PIB), lo cual, junto con una escasa coordinación entre los ámbitos sanitario y social, dificulta una atención adecuada, personalizada y continuada; además de generar un impacto negativo en la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.

Además, la PMP ha insistido en que los derechos de los pacientes no pueden entenderse sin el derecho a la información, a la participación y a la toma de decisiones informadas sobre la propia salud. “La participación de las personas mayores no puede ser simbólica; es imprescindible escuchar su voz a través de sus organizaciones para atender sus necesidades específicas, incorporando su experiencia, y así garantizar una buena atención en condiciones de igualdad y respeto”, subrayó el presidente de la Comisión de Sanidad de la PMP, José Manuel Freire.