Cuando tener papeles decide tu vida

A las cuatro de la tarde Kariairi entra en la casa donde cuida a una mujer mayor. Tiene 23 años y llegó a Madrid desde Chinandega, en Nicaragua, hace tres. En febrero cumplió ese aniversario en silencio y el pasado 4 de mayo celebró también tres en el mismo empleo. El mismo trabajo desde que llegó, pero siempre sin contrato.

“Me dijeron que no me harían contrato, que se pagaba mucho en la Seguridad Social”, cuenta. Lo dice sin enfado, casi con timidez. El trabajo no está mal: entra a las cuatro y sale a las diez de la noche. Y, aunque no tiene contrato, tampoco está a disgusto con sus jefes. Pero su situación es frágil. Kariairi vive en los márgenes del sistema.

Cuando empezó a escuchar en las noticias que el Gobierno preparaba una regularización extraordinaria no se lo podía creer. “Pensé que era una oportunidad para nosotros”. Para ella, “estar legal” significa cosas muy concretas: empezando por la posibilidad de alquilar un piso con su marido, porque ahora viven con los padres de él. Los propietarios piden nómina y sin un contrato eso es impensable. La regularización abriría también nuevas puertas, como la posibilidad de retomar los estudios, quizá una formación como auxiliar de enfermería. O quizá estilismo o peluquería, no lo tiene muy claro. Y, como casi todos los inmigrantes, piensa en mandar dinero de forma estable a su madre y a su abuela, que viven en su localidad natal.

“Muchas personas no tenemos documentos y de verdad los necesitamos. Perdemos muchos derechos”, explica. Cuando se anunció la regularización fue a dar gracias a Dios con otras personas de su iglesia. “Para todos fue algo bonito”, recuerda. Pero conseguir la cita y preparar los papeles que necesitaba no fue fácil: empadronamiento, pasaporte en vigor, justificantes de envíos de dinero y antecedentes penales. La esperanza, de momento, cabe en una carpeta.

Cáritas: “Es justicia social”

En Cáritas Española trabajan con una mezcla de ilusión y cautela.  “Es un acto de justicia social y se fundamenta en la Doctrina Social de la Iglesia y en un mandato evangélico claro: la acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes”, sostiene la organización. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, también se ha mostrado a favor de esta medida. “Para la Iglesia española, apoyar la regularización no es solo una opción pastoral, sino una exigencia de derechos humanos y una expresión coherente del Evangelio en la vida pública”, asegura.

Beneficio para la sociedad

“No es una herramienta nueva”, destaca María Segurado, abogada y miembro del equipo de Incidencia Política de Cáritas, en conversación con Perfiles. Segurado recuerda que España ha recurrido a procesos similares hasta en siete ocasiones anteriores. “Es una cuestión de justicia”.

“La regularización”, añade, “no solo beneficia a las personas migrantes. También tiene efectos para el conjunto de la sociedad: muchos trabajadores que hoy están en la economía informal podrían pasar a cotizar a la Seguridad Social. Nos preocupa mucho que la gente no reciba información veraz. Pedimos que no se fíen de lo que circula en redes sociales. Que acudan a sindicatos, a las oficinas de extranjería o a organizaciones como Cáritas”, subraya Segurado. El consejo es claro: buscar orientación jurídica y evitar pagar a intermediarios que prometen soluciones rápidas o conseguir una cita.

El debate del efecto llamada

Cada vez que se anuncia una regularización reaparece el argumento del llamado efecto llamada. Desde las entidades sociales recuerdan que el proceso se dirige exclusivamente a quienes ya estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025. No se trata de una puerta abierta a nuevas llegadas, dicen, sino de una respuesta a una realidad que ya existe.

La Plataforma del Tercer Sector celebró públicamente el anuncio de la regularización extraordinaria y la definió como un avance en derechos y cohesión social. A su juicio, puede ayudar a reducir la precariedad estructural que afecta a muchas personas migrantes ya integradas en barrios y comunidades.

En la misma línea se han pronunciado organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge o el Servicio Jesuita a Migrantes, que insisten en la importancia de acompañar el proceso con asesoramiento jurídico y con recursos administrativos suficientes para evitar colapsos.

Cerca de 840.000 personas

Más allá de las historias individuales, la regularización tiene una dimensión estructural. Según estimaciones del centro de análisis económico Funcas, a comienzos de 2025 vivían en España alrededor de 840.000 personas en situación administrativa irregular. No es un dato exacto, porque la irregularidad no se puede medir con precisión, sino una estimación elaborada a partir del cruce de estadísticas.

El Gobierno insiste en que no todas esas personas podrán acogerse al proceso. El decreto se dirige a quienes ya residían en España antes de finales de 2025 y cumplan todos los requisitos que establezca la norma, entre ellos no contar con antecedentes penales ni en su país de origen ni en España.

“Un delito leve de injurias impide la regularización, es un estándar muy riguroso, pero es que además pasan por otro filtro policial, que nunca haya sido detenido ni denunciado”, explica Patricia Fernández, abogada experta en migraciones.

Las estimaciones que manejan diversos análisis apuntan a que 500.000 personas podrían beneficiarse finalmente del proceso. Si una parte significativa de ellas se incorpora al empleo formal, el impacto en cotizaciones podría ser relevante.

“Estamos ante uno de los grandes hitos de la legislatura. Hoy España, que ya es un gran país, se convierte en un país mejor que reconoce derechos en lugar de recortarlos. El procedimiento que hemos preparado con muchísimo trabajo y con muchísimo cariño, está dimensionado para que dé respuesta a todos los que lo solicitan y cumplan los requisitos”, destacó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Pero, más allá de las cifras, lo que está en juego es algo más profundo: que cientos de miles de personas dejen de vivir en la invisibilidad administrativa y pasen a formar parte plenamente de la vida económica y social del país.