Ha anunciado la tramitación de la Ley de Familias. ¿Puede adelantarnos en qué consistirá?

La Ley de Familias será un hito en la protección social en España. Va a garantizar igual protección jurídica a todos los tipos de familias que existen y acabar con esa idea de que hay unas familias normales y otras que no lo son. Establecerá que todas tienen igualdad de derechos. Por ejemplo, entre parejas de hecho y matrimonios convencionales. Además, va a redoblar la protección a las familias monoparentales.

En lo que se refiere a la discapacidad, va a reconocer derechos para las familias que cuentan con miembros con discapacidad, pero también, cumpliendo los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, va a reconocer el derecho de las personas con discapacidad a formar una familia. Por tanto, es una ley que debe tener un importante acompañamiento económico.

¿Confía en que haya acuerdo parlamentario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y poder dotar de recursos a la Ley de Familias?

Esperamos que cuente con los medios y la financiación necesaria para que sea un hito en la protección social en España y que, por fin, los poderes públicos acompañen a las familias, dotándolas de apoyos, recursos y un acompañamiento efectivo. Confío plenamente en que seamos capaces de aprobar la Ley de Presupuestos. ¿Existe, acaso, una alternativa mejor para cumplir con esos propósitos de mejora de la convivencia, de reconocimiento de la plurinacionalidad de España y de avance en la agenda social?

¿Cómo valora la reforma del artículo 49 de la Constitución? ¿Qué impacto va a tener en las personas con discapacidad a las que hace mención?

El objetivo de la reforma no era solo la sustitución de un término [cambiar la palabra ‘disminuidos’ por `personas con discapacidad’], sino que era todo un paradigma de políticas públicas el que está implicado. Ahora, los poderes públicos pasan a estar obligados por un enfoque centrado en los derechos humanos, a centrarse en la plena inclusión y la autonomía de las personas con discapacidad.

Esta es la primera reforma social de la Constitución y es una conquista de país. Además, debe traducirse en una reforma de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Dependencia, para adaptarla a los requisitos del nuevo artículo 49. Hay que incorporar ese enfoque específico de género y de protección de la infancia. Hay que adecuar la Ley de Discapacidad a los requerimientos de la Convención. Debemos incorporar también un objetivo ambicioso para garantizar la accesibilidad universal y, en materia de dependencia, darle una consideración prioritaria a la regulación de la figura del asistente personal. Hay otros ámbitos en los que hay que profundizar, pero creo que estas son prioridades que debemos incorporar haciendo efectivo ese mandato que implica la reforma constitucional.

"La vivienda es el principal problema social en España y debe ser abordado desde una óptica integral"

Ha mencionado que hay que avanzar en accesibilidad universal. Miles de personas no pueden salir de sus domicilios por la falta de accesibilidad o tienen serias dificultades para hacerlo. ¿Va a trabajar con el Ministerio de Vivienda para revertir esta situación?

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, demanda histórica del movimiento de la discapacidad, es uno de los temas principales que tenemos que hablar en materia de vivienda, no el único. La vivienda es el principal problema social en España y debe ser abordado desde una óptica integral. Hemos aprobado la Ley de Vivienda, que incluye algunas medidas ambiciosas. Esta debe aplicarse y hay que exigir a las comunidades autónomas que la apliquen.

Precisamente, el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la juventud. En algunas ciudades se paga casi 1.000 euros por una habitación.

Contamos por primera vez con mecanismos para poder intervenir en la regulación del precio de los alquileres. Las prácticas que fomentan comportamientos especulativos en un ámbito de primera necesidad, como es el de la vivienda, deben cesar y los poderes públicos debemos intervenir para ello. Esto es una realidad que afecta al conjunto de la población española y específicamente también a las personas con discapacidad. Por tanto, debemos ser ambiciosos en esta materia. En España se ha instalado un modelo rentista especulativo que hace que haya minorías que se están lucrando específicamente con la restricción al acceso de un bien fundamental y con la violación sistemática del derecho a la vivienda. Existen mecanismos para poder abordar esta crisis.

Tenemos que construir vivienda pública y habilitar el parque de viviendas en desuso para que se pueda acceder a alquileres razonables. Los poderes públicos tienen que intervenir para regular este mercado. Es injustificable que los gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas no quieren aplicarla.

Desde su Ministerio también han incidido en mejorar la protección del consumidor vulnerable. ¿Qué acciones van a desarrollar?

En el ámbito de las relaciones de consumo se ha impuesto un marco liberal que concibe a una especie de individuo consumidor en abstracto que toma decisiones libres en un mercado perfecto, por así decirlo. La realidad es que las relaciones de consumo, como todas las relaciones económicas, están estructuradas de una manera profundamente desigual y hay personas consumidoras que son especialmente vulnerables. Esta, la de protegerles, es una de las prioridades de nuestro Ministerio. La otra va a ser el consumo sostenible. Hacer que nuestros hábitos y prácticas de consumo, de producción y de distribución sean más sostenibles, pero la prioridad debe ser proteger a las personas consumidoras especialmente vulnerables. Tenemos que garantizar la accesibilidad al consumo. El Real Decreto de Etiquetado de Braille va en ese sentido, garantizar que algo tan cotidiano como hacer la compra pueda darse en condiciones de igualdad, de seguridad, de información, de pleno conocimiento.

Y en materia de juventud e infancia, ¿qué medidas quieren implementar?

No puede ser que nuestros niños y niñas estén expuestos a técnicas publicitarias que muchas veces no pueden siquiera distinguir, que tienen una finalidad comercial o un interés privado y que pueden redundar en la formación de hábitos poco saludables. En España tenemos unas cifras de inseguridad alimentaria y de obesidad infantil muy alarmantes. Uno de los ámbitos clave en los que hay que intervenir es precisamente en esa publicidad no regulada que puede fomentar la formación de hábitos no saludables en una edad crítica.

Otro ámbito que queremos abordar es la regulación de una nutrición saludable y equilibrada en los comedores escolares, y toda una serie de medidas de protección de la infancia en lo que tiene que ver con el acceso al juego, así como una reforma de la Ley de Juego para garantizar que se da en condiciones seguras. Se ha hablado mucho en estos años de un paradigma de juego responsable que hacía recaer sobre esa especie de individuo liberal abstracto la toma de decisiones, pero en lo que queremos incidir es en generar las condiciones de seguridad que hagan que las personas consumidoras, especialmente las más vulnerables, puedan ver garantizados sus derechos.

¿Van a regular la publicidad sensible a la infancia? En la legislatura pasada, el real decreto sobre alimentos no saludables dirigido a los menores fue bloqueado desde el Ministerio de Agricultura.

Estamos ante una realidad evidente. España tiene índices preocupantes de malas prácticas alimenticias, de obesidad infantil, de inseguridad alimentaria. Esto va muy vinculado con la realidad de la pobreza infantil en España. Es algo inasumible para una democracia y un país rico como es España. Creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de sentarnos con todas las partes, con todos los actores y hacer evidente que esto es una causa de país, que el interés general debe prevalecer, y que debemos y podemos encontrar y construir los acuerdos necesarios para incidir en lo que será una mejora de la calidad de vida de nuestros niños y niñas, especialmente de los más vulnerables. Está demostrado que son los hogares de menores rentas y más desfavorecidos aquellos en los que se dan mayores índices de todos estos problemas.

"El objetivo es poner los cuidados en el centro de las políticas y que los poderes públicos se hagan corresponsables de una labor que no puede ser solo de las mujeres"

Recientemente ha anunciado una investigación sobre los márgenes de beneficio en productos con el IVA rebajado. ¿Está ya en marcha?

Vamos a investigar las prácticas que hayan podido llevar a cabo distribuidoras de alimentación para asegurarnos de que la reducción del IVA no se ha destinado a engordar los márgenes de beneficios extraordinarios. Nuestras competencias son limitadas, pero las vamos a ejercer para garantizar que los derechos de los consumidores, especialmente de los más vulnerables, no se vean violentados.

También ha anunciado una revolución en el sistema de cuidados, que culminará en una aprobación de la primera Ley Estatal de Servicios Sociales.

Esa revolución consiste, por un lado, en poner en el centro los derechos de las personas cuidadas y, por otro, en promover la valorización social y la dignificación de los trabajos de cuidados. La persona cuidada tiene el derecho a poder residir en su domicilio todo el tiempo que sea necesario, a tomar decisiones y a preservar su autonomía y su libertad; pero también hay que valorar a las personas que cuidan, en su gran mayoría mujeres migrantes que lo hacen bajo unas condiciones socioprofesionales precarias, sin el reconocimiento de la sociedad.

Esto implica una visión completamente transversal que supone acciones muy concretas como cambiar el modelo de residencias, como se hizo en la legislatura pasada, potenciar los sistemas y servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio, proteger la calidad de vida de las personas que permanezcan en su en sus domicilios; pero también toda una estrategia transversal que implica ámbitos formativos de educación, de regulación laboral, etc. La Ley de Cuidados tiene que jugar un papel importante en esto y será transversal a muchos ministerios. No se va a limitar solo a personas mayores o dependencia, sino que tiene que ver con la cuestión del tiempo, de los permisos, de la educación infantil… El objetivo es poner los cuidados en el centro de las políticas públicas y que los poderes públicos se hagan corresponsables de una labor que no puede ser solo de las mujeres, que no puede ser solo de las familias ni del ámbito privado.

¿Qué opina de la Ley de Amnistía?

Creo que todos los actores políticos que conforman la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno deben tener muy presente que el mandato que salió de las urnas es el del entendimiento, de la superación de los conflictos. He defendido y hecho mucha pedagogía sobre el hecho de que la Ley de Amnistía va a ser positiva en el tiempo. Sé que hay millones de personas que tienen dudas o que no les parece bien o no la comparten, pero creo que el argumento principal que hay que esgrimir es que en unos años miraremos a esta ley y habrá sido un hito para la superación del conflicto, que va a abrir una etapa nueva, un tiempo nuevo.

Todos los actores políticos implicados en este proceso tienen que entender que el mandato del 23J es ese, que la España plurinacional y progresista se movilizó de manera extraordinaria contra lo que decían los vaticinios demoscópicos. Hay partidos políticos que viven de esta confrontación y por tanto, quieren mantenerla viva. Y la tarea que tenemos es la de cambiar de etapa, solucionarlo, dejar esto atrás, abrir una época nueva y para eso se requieren acuerdos políticos.