Luz verde a la regularización extraordinaria de 500.000 personas en situación irregular

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el inicio de la tramitación de una regularización extraordinaria dirigida a personas extranjeras que ya se encuentran en España, con el objetivo de garantizar derechos y dotar de seguridad jurídica al sistema. Este real decreto abre la puerta a una regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 personas inmigrantes que residen en España. La medida, presentada tras el Consejo de Ministros por la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, retomó el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por organizaciones sociales y que llevaba meses bloqueada en el Parlamento.

Elma Saiz, subrayó en rueda de prensa que se trata de “una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que ya existe en nuestras calles, en nuestras empresas y en nuestra sociedad”. Según explicó Saiz, el decreto beneficiaría tanto a solicitantes de asilo que hubieran presentado su petición antes del 31 de diciembre de 2025, como a personas que pudieran acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes de esa misma fecha. Para ello, los solicitantes deberían demostrar su permanencia mediante documentos públicos o privados, entre los que detalló contratos de trabajo, alquileres o informes sanitarios. Además, sería imprescindible no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.

La ministra adelantó que el proceso se tramitaría “de forma ágil y eficaz”, previendo el inicio de las solicitudes en abril y con un plazo máximo de tres meses para resolverlas. Según explicó, la mera admisión a trámite que tendría un plazo de respuesta de 15 días—permitiría a las personas solicitantes trabajar desde el primer día, lo que calificó como “un paso clave para combatir la irregularidad y facilitar su integración laboral inmediata”.

“La propia autorización de residencia permitirá trabajar, desde el primer día, en cualquier sector y en cualquier parte de España”, añadió.

Se trata del primer hito dentro del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que España refuerza su modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social.

Según ha destacado Elma Saiz, “el mecanismo que hemos diseñado es sencillo y persigue romper con las barreras burocráticas del pasado”. En este sentido, el plazo de tramitación será de máximo 3 meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes -la cual se resolverá en un máximo de 15 días-, las personas podrán empezar a trabajar.

Una autorización inicial de un año y un enfoque de integración progresiva

El real decreto contempló que la autorización inicial fuera de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. Esa primera autorización tendría una vigencia de un año, permitiendo después la transición hacia las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería (RELOEX). Saiz subrayó que el objetivo era facilitar una “integración progresiva y estable” y evitar que miles de personas quedaran atrapadas en la irregularidad administrativa.

Asimismo, el Gobierno aseguró que se protegería la unidad familiar, habilitando la regularización simultánea de los hijos menores ya presentes en España. En su caso, la autorización tendría una vigencia de cinco años, ampliando las garantías de estabilidad para las familias afectadas. “Sabemos que la integración no es individual, es familiar”, recordó Elma Saiz, destacando la importancia de ofrecer estabilidad y derechos a los menores y a los proyectos de vida que ya se desarrollan en nuestro país.

El decreto, tramitado por la vía de urgencia, apareció como una modificación del Reglamento de Extranjería aprobado en 2025. Saiz recordó que la medida era fruto de un acuerdo con Podemos, tras meses de negociación, y que recuperaba el espíritu de la ILP de regularización respaldada por más de 700.000 firmas.

La norma estar en audiencia pública hasta el 9 de febrero, y las solicitudes podrían presentarse tanto en subdelegaciones y delegaciones del Gobierno como en oficinas de la Seguridad Social y por vías telemáticas. Desde el Ejecutivo destacaron que se trataba de un proceso que buscaba “dignificar y dar garantías” a las personas migrantes, así como responder a demandas históricas de organizaciones sociales.

Un impacto político, social y económico

En palabras de Saiz, el decreto tendría un impacto triple: político, al retomar una iniciativa ciudadana que llevaba más de un año bloqueada; social, al ofrecer estabilidad y derechos a cientos de miles de personas que ya contribuyen a la sociedad; y económico, al facilitar su integración plena en el mercado laboral y reducir la economía sumergida.

La ministra enmarcó esta medida en una larga trayectoria histórica de España abordando procesos de regularización cuando la realidad social así lo ha exigido. “Desde 1986 hasta 2005, gobiernos de distintos colores políticos han recurrido a procesos de regularización. Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado”, ha señaló.

Asimismo, recordó que esta iniciativa “retoma el camino marcado por una iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas y por una amplísima mayoría del Congreso”, que ha permanecido bloqueada durante meses.

“Llegados a este punto, la vía reglamentaria es la más rápida, eficaz y garantista para dar una respuesta inmediata, ordenada y plenamente conforme al marco legal”, concluyó.

El anuncio generó reacciones inmediatas en el panorama político y social. Mientras que los socios del Gobierno celebraron la medida como un paso histórico, desde la oposición se criticó la oportunidad y los efectos del decreto.

Podemos y Sumar apoyaron la medida como “histórica y necesaria”

Desde Podemos, la eurodiputada Irene Montero había adelantado un día antes el acuerdo alcanzado con el PSOE para sacar adelante la regularización extraordinaria. Montero defendió que el reto ahora sería garantizar un proceso ágil, sin burocracia excesiva y evitando “montañas de requisitos” que históricamente habían dificultado el acceso a los derechos de las personas migrantes.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, calificó la iniciativa como “la mejor noticia” y "una idea extraordinaria”. Aplaudió que se hubiera pactado con Podemos, pese a las tensiones electorales entre ambas formaciones, y subrayó que el país llevaba “tiempo suficiente” pidiendo una revisión del Reglamento de Extranjería para frenar situaciones de irregularidad sobrevenida. También valoró positivamente que el tiempo mínimo de residencia exigido se hubiese reducido a cinco meses.

El PP criticó la regularización y la calificó de “frivolidad”

Desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, cargó duramente contra el decreto, al que calificó de “frivolidad” y de “cortina de humo” para desviar la atención de los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida. Muñoz defendió que la regularización debía hacerse caso por caso y vinculada estrictamente al empleo, no a la simple residencia temporal. Además, alertó sobre un posible efecto llamada que, a su juicio, beneficiaría a las mafias.

La dirigente popular sostuvo que el Gobierno había recurrido al decreto al sentirse “noqueado” en el Congreso y reprochó a Podemos que ahora se mostrara dispuesto a apoyar la transferencia de competencias de inmigración a la Generalitat, después de calificarla como una medida racista semanas atrás.

Reacción de la Iglesia y organizaciones sociales

La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), CONFER, Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal publicaron un comunicado conjunto en el que celebraron el inicio de un proceso de regularización extraordinaria.

Estas entidades consideraron la medida un acto de justicia social, subrayando que miles de personas migrantes han contribuido durante años al desarrollo económico y social del país pese a vivir en situación administrativa irregular. Para ellas, la regularización supuso un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, que aunque había incorporado avances, seguía presentando lagunas y sufría “ajustes frecuentes” que afectaban a su estabilidad.

El llamado Grupo Eclesial de apoyo a la ILP recordó que más de 900 organizaciones llevaban cuatro años trabajando por la aprobación de la iniciativa ciudadana, y defendieron que este paso debía consolidarse con futuras reformas que garanticen vías de acceso seguras y eficaces a la documentación.