El Senado introduce enmiendas en la Ley de Economía Social

Entre los cambios incorporados por el PP en el Senado, destacan enmiendas encaminadas a simplificar trámites administrativos de las cooperativas y eliminar la obligatoriedad de las webs para determinados casos, facilitar la gestión permitiendo planes de igualdad conjuntos y limitar la dotación del fondo de reserva obligatorio para evitar que se frene el desarrollo y crecimiento de las cooperativas.

Otras enmiendas buscan flexibilizar las obligaciones de las empresas de inserción en situaciones de pérdidas, mejorar la coordinación de las empresas de inserción con los servicios públicos de empleo, fortalecer los incentivos para la contratación de personas que han pasado por empresas de inserción en otras de carácter ordinario y aumentar el control para evitar el “intrusismo”.

El PP también apoyó una enmienda del PNV, con la que se permite que empresas públicas o privadas puedan formar parte del capital de una empresa de inserción cuando no tome el control, ni directo ni indirecto, de la compañía ni se modifiquen sus fines sociales y se salvaguarde el régimen de reinversión de resultados.

En el debate, el senador del PP Bienvenido de Arriba criticó que el Gobierno haya reformado conjuntamente las leyes de economía social, de empresas de inserción y de cooperativas. “Esta legislatura pasará a la historia por las trampas procedimentales y las decisiones destinadas a impedir el normal funcionamiento del Parlamento”, cargó de Arriba, quien ligó esta circunstancia al “deterioro institucional” que, a su criterio, se está sufriendo con este Gobierno. Con críticas al texto se manifestó también la senadora de Vox Paloma Gómez, quien avisó de que esta ley “se puede utilizar para seguir expandiendo un entramado institucional de consejos, observatorios, registro y órganos consultivos que, lejos de facilitar la actividad de la empresa, la entorpezca”.

Desestabilizar el equilibrio logrado

Por su parte, la senadora del PSOE María Teresa Pérez previno de que “introducir ahora elementos ajenos al espíritu con el que se construyó esta ley o con el que salió del Congreso de los Diputados no es una modificación técnica, es desestabilizar el equilibrio logrado, es desvirtuar la naturaleza del texto, es hacer tambalear un consenso frágil precisamente porque ha sido honesto y responsable. Y cuando un consenso es frágil porque es honesto, lo responsable no es tensarlo más, lo responsable es protegerlo”.

Mientras, expresaron críticas al texto partidos como el PNV, Junts o Esquerra Republicana, si bien mantuvieron su apoyo a la norma salida del Congreso, por lo que es previsible que todos, o buena parte de los cambios incorporados por el PP, se eliminen en la votación pendiente en la Cámara Baja.

No obstante, tras la votación, el ‘popular’ de Arriba expresó, en declaraciones a Servimedia, su deseo de que se mantengan porque “mejoran la norma”, que es el “objetivo” de su partido con estas enmiendas. En este sentido, agradeció el trabajo de interlocución de su formación con el sector de la economía social, con otros senadores como Lucas Castillo y Gerardo Camps. Lo contrario manifestaron a esta agencia los socialistas María Teresa Pérez y Adolfo Lander, quienes denunciaron que los cambios del PP “desnaturalizan” la norma y ponen en “riesgo” el “frágil consenso” alcanzado en el Congreso tras una compleja negociación.

Cooperativas y empresas de inserción

En su exposición de motivos, el texto del proyecto de ley detalla que sus objetivos se alinean con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que entiende esta como un concepto que no solo va más allá de la creación de puestos de trabajo, sino que también busca incrementar el impacto social de sus organizaciones.

En lo que respecta a las cooperativas, la futura norma se centrará en potenciar su papel tractor en el sector de la Economía Social y prevé la creación de una Comisión de Igualdad para garantizar la conformación y ejecución de los planes de igualdad cooperativos. También se encargará de garantizar el ejercicio de los derechos digitales y la participación telemática de las personas socias.

La segunda pata de esta ley es la adaptación de las empresas de inserción a las nuevas circunstancias económicas y sociales, para sentar las bases comunes para su desarrollo en todo el país, lo que requerirá adecuar la normativa estatal.

Por ejemplo, se revisarán los perfiles de las personas que pueden ser contratadas por las empresas de inserción y se tendrán en cuenta nuevos factores de exclusión adaptados a la actual coyuntura económica, social y laboral. También se incluye una regulación más detallada de los requisitos de las entidades promotoras de las empresas de inserción y se introducen elementos de flexibilidad normativa para dar estabilidad a las empresas de inserción.

En tercer lugar, se actualizará la norma para adaptar las entidades de la economía social a las nuevas circunstancias socioeconómicas. Esto implicará clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran la economía social para que se puedan incorporar a nuevas fórmulas asociativas.

Otra de las novedades que incluirá la futura Ley de Economía Social es el aumento del porcentaje de reserva de contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social, que pasará del 10% al 15%, en cumplimiento con distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Supremo. Ello, mientras se incorporan aspectos como el reconocimiento del papel “singular” de la ONCE como agente del tercer sector y se añade la definición específica de economía social de los centros especiales de empleo de iniciativa social (Ceeis).

Cepes reclama al Congreso consenso y aprobar las mejoras del Senado

Por su parte, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) reclamó que los partidos busquen el máximo consenso posible cuando se sometan a votación, en el Congreso, las enmiendas incorporadas en el Senado a la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, ya que algunas son “mejoras” que eran demandadas por el sector.

En un comunicado, Cepes, recordó que ya representa el 11,1% del PIB nacional, con cerca de 130.000 empresas y entidades que generan 2,25 millones de empleos directos e indirectos.

El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, lamentó que se hayan introducido cuestiones ajenas al objeto de la ley que “empañan y dificultan su aprobación por unanimidad”. “Confiamos en que, en esta fase final, se puedan acercar posturas, mejorar el texto legislativo, incorporando algunas de las enmiendas aprobadas por el Senado y demandadas por el sector desde el inicio de esta tramitación parlamentaria, con el objetivo de alcanzar una aprobación por unanimidad, como ya ocurrió con la primera Ley de Economía Social en 2011 y que sirvió para situar a España como un referente internacional”, agregó Pedreño.

El Cermi valora la inclusión de propuestas de la discapacidad

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) valoró positivamente que el Senado haya aprobado el Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, manteniendo los “contenidos favorables” al sector social de la discapacidad que la entidad ha defendido a lo largo de todo el proceso prelegislativo y parlamentario de esta iniciativa normativa.

Con todo, el texto se ha devuelto al Congreso, dado que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta ha hecho posible que se hayan incorporado diferentes enmiendas que deberán ser ratificadas o eliminadas por el Pleno de la Cámara Baja.

En concreto, la nueva Ley de Economía Social define como centros especiales de empleo de trabajadores con discapacidad —como una de las familias de la economía social— únicamente a aquellos que son de iniciativa social, excluyendo de esta consideración a los de iniciativa mercantil o privada, tal y como siempre había planteado el Cermi.

“Esta diferenciación no tiene ningún impacto negativo para el empleo de personas con discapacidad, ya que se trata únicamente de una clarificación conceptual sobre qué entidades forman parte de la economía social, por atenerse a los principios que la identifican, y cuáles no. Sin embargo, resulta muy relevante para evitar confusiones o interpretaciones interesadas”, expuso el Cermi.

Además, el proyecto de Ley aprobado por el Senado continúa con el cambio introducido previamente en el Congreso en virtud del cual se reconoce a la ONCE como una entidad de carácter social, además de serlo de economía social. Tras esta consideración legal, podrá ser colaboradora de la Administración General del Estado en los términos previstos en la Ley del Tercer Sector de Acción Social y en sus desarrollos normativos.

Con esta iniciativa legislativa, el Cermi apuntó que la agenda normativa de la discapacidad en el ámbito de la economía social continúa avanzando. Tras su aprobación definitiva por el Congreso —previsiblemente la semana que viene— y publicación en el Boletín Oficial del Estado, la nueva ley pasará a formar parte del ordenamiento jurídico vigente como derecho positivo.