La norma busca adaptar el marco regulador a las nuevas realidades económicas y sociales
El Congreso aprueba la Ley Integral de Impulso de la Economía Social
La propuesta legislativa busca modernizar el marco regulador de la economía social, adaptándolo a las nuevas realidades económicas y sociales. El proyecto introduce reformas en cuatro leyes, refuerza cooperativas y empresas de inserción, e incorpora el concepto de empresa social. El texto pasa al Senado para continuar su tramitación.
Por R. O.
El objetivo de la norma es “actualizar el marco normativo de la economía social, ajustando un modelo eficaz a las nuevas circunstancias económicas y sociales”. El texto señala que dichos propósitos “se alinean con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social que fija como meta dar un mayor apoyo a la economía social, no sólo en términos de creación de puestos de trabajo, sino también buscando incrementar el impacto social que tienen estas organizaciones en toda la Unión Europea”.
En concreto, el proyecto de ley consta de cuatro artículos modificativos de las normas sujetas a reforma. En términos generales, plantea reforzar las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutuas y sociedades laborales. También se introduce “el concepto de empresa social”, y se enfatiza en la declaración de entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General, así como en su regulación.
Valoración de Cepes
Por su parte, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) valora que este anteproyecto representa “un avance relevante para la actualización y modernización del marco normativo que regula a las entidades de la economía social, que en España integran más de 74.000 empresas y entidades, que a su vez genera más de 2,5 millones de empleos directos e indirectos y una facturación del 10% del PIB”.
El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, recordó que existen aspiraciones de la Economía Social que no han sido incorporadas y que resultan de gran importancia para la evolución y desarrollo de este modelo empresarial. Por ello, esta patronal confía en que, durante las próximas fases de tramitación en el Senado y su posterior retorno al Congreso, se pueda reconsiderar la inclusión de estas propuestas.
Pedreño lamenta “que el proyecto haya sido aprobado por mayoría y no por unanimidad, como sí ocurrió en 2011 con la aprobación de la Ley 5/2011, de Economía Social, la primera ley marco del sector” y anuncia su voluntad de dialogar con PP y Vox para que “puedan apoyarla tras el debate en el Senado y su retorno al Congreso”.
Interés social
"Sentimos que ambos partidos no hayan votado a favor de este nuevo proyecto legislativo, especialmente teniendo en cuenta que uno de los motivos expresados para su rechazo se fundamenta en la nueva definición de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social (Ceeis), figura clave dentro del ecosistema de la Economía Social”, afirmó Pedreño.
En este sentido, añadió que “los Ceeis tienen una configuración jurídica y una finalidad distinta a los de iniciativa empresarial: son promovidos por entidades sin ánimo de lucro y deben reinvertir íntegramente sus beneficios en la mejora de la competitividad y en la creación de empleo de personas con discapacidad. Esta finalidad social es la que encaja directamente con los principios y valores de las empresas y entidades de la Economía Social recogidos en el artículo 4 de la Ley 5/2011”.
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