El acceso a la vivienda sigue siendo un reto pendiente para las personas con discapacidad intelectual en España. La dificultad para acceder a una vivienda adecuada y la falta de recursos son las principales barreras que impiden que casi la mitad de este colectivo pueda independizarse. Este es el principal hallazgo del informe Construyendo hogares: el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad intelectual, que se presentó ayer por la Fundación PwC y la Fundación Álex Rivera.

La Fundación Álex Rivera, cuya misión es mejorar la calidad de vida de personas con síndrome de Down y otras discapacidades a través de soluciones innovadoras, ha colaborado con PwC para realizar el primer estudio en España sobre la situación del acceso a la vivienda para personas con discapacidad intelectual.

El informe revela que el 72% de las personas con discapacidad intelectual sigue viviendo con sus familias, influenciadas por factores como la tradición cultural y la falta de opciones y apoyos para vivir de forma independiente en una vivienda no institucional (pisos propios, compartidos o tutelados).

El 72% de las personas con discapacidad intelectual sigue viviendo con sus familias, influenciadas por factores como la tradición cultural y la falta de opciones

El informe destaca como principales causas la falta de viviendas adaptadas y accesibles, la escasez de recursos económicos y la falta de oportunidades laborales de las personas con discapacidad intelectual.

Radiografía de la vivienda

La radiografía actual de viviendas para personas con discapacidad intelectual en España se desglosa en viviendas familiares, viviendas institucionales (residencias) y viviendas no institucionales (pisos compartidos o tutelados que ofrecen entornos personalizados y grupos reducidos). En España hay actualmente 300.000 personas con discapacidad intelectual (de las cuales 180.000 son adultos) y, según una encuesta que se ha realizado para testear el mercado, el tipo de vivienda más utilizado es la vivienda familiar, que predomina con un 68,2%, seguida de las viviendas institucionales con un 10,4 %. Sólo el 20,3% vive de forma independiente en viviendas no institucionales, de las cuales un 5,4% son una vivienda propia.

Esta situación contrasta con la aspiración de las personas con discapacidad intelectual: casi 1 de cada 2 encuestados (45,5%) manifestó que le gustaría independizarse en una vivienda no institucional (piso propio, compartido o tutelado) y que no lo hace por motivos familiares, económicos o personales, destacando escasez de recursos o la falta de apoyo personalizado para realizar actividades de la vida diaria de forma independiente. En cuanto a los apoyos, los más demandados para alcanzar la vida autónoma son tareas como gestión del dinero, cocinar o saber qué hacer cuando se enferman, algo que podría ser fácilmente alcanzable con formación, apoyo de personal social o incluso a través de la tecnología y la inteligencia artificial.

Casi uno de cada cada encuestados (45,5%) manifestó que le gustaría independizarse en una vivienda no institucional

Al analizar las barreras económicas, el estudio destaca que la tasa de desempleo para personas con discapacidad intelectual se eleva a casi el 80%, mientras que de los que trabajan, la mayoría recibe un salario inferior a 10.000 euros anuales, lo que restringe las posibilidades de alquilar o comprar una vivienda y, en consecuencia, tener una vida independiente. Además, existe una falta de alternativas habitacionales adecuadas y una escasez de ayudas que dificultan la plena inclusión y la transición a una desinstitucionalización, para ofrecer una vida más autónoma para este colectivo. Según el informe, los modelos de vivienda no institucionales tienen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

Propuestas

En el informe se detallan la necesidad de medidas urgentes por parte del sector público para impulsar cambios significativos en la transición a modelos comunitarios e inclusivos de vivienda, aumentando el parque con precios sociales y modificando las bases de planes de vivienda públicos para que las personas con discapacidad intelectual, sus familias o entidades sociales puedan acceder a ellos. Ejemplos de planes que se han puesto en marcha son Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, el Proyecto EDI, la Plataforma VIDAS o el Plan Vive.

Por parte del sector privado, las entidades inmobiliarias (promotoras, grandes tenedores o gestoras) pueden tener un papel fundamental si se crean incentivos para que estas empresas reserven parte de su cartera a viviendas para personas con discapacidad intelectual.

En cuanto al papel de la tecnología y la IA como facilitadores y aceleradores, las empresas tecnológicas serán parte activa del desarrollo de innovadoras soluciones como un portal específico de vivienda, o asistentes digitales y domótica a través del Big Data, el Internet de las Cosas y la Realidad Virtual, entre otros, facilitando la autonomía de estas personas en sus hogares y reduciendo los costes de apoyos personales.

Colaboración público-privada

“Al empezar a trabajar en el informe tras la propuesta de Fundación Álex Rivera, nos dimos cuenta de que es la primera vez que se visibilizan estos datos sobre el acceso a la vivienda de personas con discapacidad intelectual. En la mayoría de los casos, no se ha hecho nada por puro desconocimiento del problema. Conforme trabajábamos en el documento hemos detectado que muchas empresas están interesadas en colaborar para ofrecer soluciones a este colectivo”, explicó Miren Tellería, socia responsable del sector Real Estate de PwC España y responsable del informe.

“Es importante reflexionar sobre estas conclusiones y oportunidades que vienen directamente de dar voz a las personas con discapacidad intelectual y que son clave para sensibilizar sobre la importancia de la desinstitucionalización y la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual”, destacó.

“Las conclusiones del estudio refuerzan la necesidad de colaboración entre el sector público y privado con las familias y entidades sociales. Las promotoras de vivienda, los grandes tenedores y las administraciones públicas pueden tener un rol clave facilitando el acceso a vivienda a las personas con discapacidad intelectual. Soluciones tecnológicas innovadoras pueden facilitar la vida independiente de las personas a la vez que reducen el coste asociado”, explicó Carlos Rivera, presidente de Fundación Álex Rivera.

“En otros países de Europa como Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, ya se han implementado con éxito modelos de viviendas no institucionales y apoyos personalizados sin instituciones. Por eso, desde fundaciones como la nuestra, trabajamos para crear soluciones innovadoras de vida independiente, colaborando con el sector privado e integrando tecnología e IA”, señaló Carlos Rivera.

El informe concluye que los modelos de vivienda no institucionales tienen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, es necesario un esfuerzo conjunto de las instituciones públicas y privadas para superar las barreras existentes y promover una mayor inclusión y autonomía para este colectivo.

Acceso al informe completo.