Roberto Suárez, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)

“Un país accesible no se imagina: se construye”

En el 90º aniversario de la CNSE, su presidente, Roberto Suárez, recuerda que la organización nació en 1936 “en un contexto de enorme aislamiento social para las personas sordas”. Noventa años después, reivindica que “unirse fue un acto de supervivencia, pero también de dignidad” y subraya que la accesibilidad “no se imagina, se construye, iniciativa a iniciativa, derecho a derecho”.

Por Rafael Olea | Fotografía: Gaby Soto

12/05/2026
Roberto Suárez, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)

- La CNSE cumple 90 años como la entidad estatal más veterana en el ámbito de la discapacidad. ¿Cuál fue el origen de la Confederación? ¿Por qué las personas sordas decidieron unirse?

La CNSE nace en 1936 en un contexto de enorme aislamiento social para las personas sordas. En una época sin derechos garantizados, sin accesibilidad y con la lengua de signos marginada o perseguida, las personas sordas entendieron que la única forma de salir de la invisibilidad era unirse. Antes incluso de existir una estructura estatal, ya funcionaban asociaciones locales que eran espacios de encuentro, de comunicación y de apoyo mutuo. La Confederación surge precisamente para articular esa red y dotarla de una voz común a nivel nacional.

Unirse fue un acto de supervivencia, pero también de dignidad. Las personas sordas decidieron organizarse para defender su lengua, su cultura y su derecho a participar en la sociedad en igualdad. Esa decisión colectiva convirtió el aislamiento en comunidad y sentó las bases de un movimiento asociativo que, 90 años después, sigue siendo el principal motor de cambio social para las personas sordas en toda España.

- ¿Qué balance hace de este recorrido y qué hitos considera más decisivos para la comunidad sorda?

El balance es positivo. Hemos pasado de ser consideradas personas pasivas y dependientes a reconocernos como una minoría lingüística y cultural con derechos. Este recorrido ha sido posible gracias a la fuerza del asociacionismo, que ha sabido resistir en contextos muy adversos y, al mismo tiempo, adaptarse a los cambios sociales, políticos y tecnológicos.

Entre los hitos decisivos destacaría la primera gran manifestación estatal de personas sordas en 1985, que marcó un antes y un después en la visibilidad del colectivo; la aprobación de la Ley 27/2007 que reconoce legalmente las lenguas de signos españolas, y su posterior desarrollo reglamentario; y, más recientemente, la declaración de la cultura sorda como patrimonio cultural inmaterial. Si bien también han sido relevantes la consolidación del movimiento asociativo, el impulso a la educación bilingüe en lengua de signos, la incorporación progresiva de la accesibilidad en los servicios públicos o la presencia de la lengua de signos en los medios de comunicación. Cada uno de estos avances, grandes y pequeños, ha ampliado derechos y ha reforzado nuestra identidad como comunidad.

“Derechos fundamentales como la educación, la sanidad, el empleo, la información o la comunicación siguen siendo, en muchos casos, derechos teóricos para las personas sordas”

- ¿Cómo valora el estado actual de la lengua de signos en España? ¿Cuántas personas se comunican por ella?

La lengua de signos en España ha avanzado de forma notable en reconocimiento legal y presencia pública, pero su uso real aún no está plenamente garantizado. Hoy sabemos que hay más de un millón de personas sordas en nuestro país y que cientos de miles utilizan la lengua de signos como lengua principal o habitual de comunicación. Sin embargo, el acceso efectivo a ella sigue dependiendo demasiado del territorio, del ámbito y, también, de la voluntad institucional.

La lengua de signos no es solo un sistema de comunicación, es una lengua viva, con cultura e identidad propias. Su protección no puede quedarse en el plano simbólico: debe traducirse en servicios, en educación bilingüe, en medios accesibles y en una presencia normalizada en todos los espacios públicos. En ese camino hemos avanzado, pero aún queda mucho por recorrer.

- Afirma que la accesibilidad “marca la diferencia entre tener derechos o poder ejercerlos”. ¿Cuáles son esos derechos nominales que todavía cuesta ejercer?

Derechos fundamentales como la educación, la sanidad, el empleo, la información o la comunicación siguen siendo, en muchos casos, derechos teóricos para las personas sordas.

Tener derecho a la información no sirve de nada si no se garantiza la comunicación accesible. Tener derecho a la salud no es suficiente si una consulta médica no es comprensible. Esa es la brecha entre el reconocimiento legal y el ejercicio real de los derechos.

La accesibilidad lingüística no es un capricho ni un privilegio: es la condición que permite que los derechos funcionen. Cuando falta, se generan desigualdades estructurales que afectan a toda la trayectoria vital de una persona. Por eso insistimos tanto en que la accesibilidad debe entenderse como un pilar básico de la democracia y no como una concesión puntual.

- En educación, denuncia que muchos alumnos sordos siguen sin alcanzar niveles formativos equivalentes. ¿Qué medidas concretas deberían adoptarse?

Es imprescindible garantizar recursos estables y suficientes desde las primeras etapas educativas. Hablamos de profesionales sordos especialistas en lengua de signos, de intérpretes, de modelos educativos bilingües y de una formación adecuada del profesorado. La educación inclusiva no puede basarse en la buena voluntad, sino en estructuras sólidas que respondan a las necesidades reales del alumnado sordo.

“La lengua de signos no es solo un sistema de comunicación, es una lengua viva, con cultura e identidad propia”

Además, es fundamental incorporar referentes sordos en el ámbito educativo. Ver a personas sordas adultas, formadas y profesionales es clave para el desarrollo personal y académico del alumnado. La falta de accesibilidad educativa no es un problema de capacidad del alumnado, sino de un sistema que aún no está preparado para incluir de verdad.

- Otra barrera recurrente es el desconocimiento sobre las capacidades de las personas sordas en empresas y administraciones. ¿Cómo puede revertirse esta situación?

La principal herramienta para revertir el desconocimiento es el contacto y la información. Las personas sordas tienen talento, formación y capacidades, pero siguen enfrentándose a prejuicios y a una falta de ajustes razonables. Es necesario impulsar campañas de sensibilización, formación específica en empresas y administraciones y políticas activas de empleo que apuesten por la diversidad. Así lo hacemos, de hecho, desde nuestra Red Emplea.

También es clave que las propias personas sordas participen en los espacios de decisión. Nada cambia si se sigue hablando por ellas y no con ellas. Cuando una empresa o una administración incorpora accesibilidad y escucha a las personas sordas, descubre que la inclusión no es un problema, sino una oportunidad de mejora y de innovación.

- Tras 90 años, la CNSE reivindica mayor presencia de la lengua de signos y más participación. ¿Qué compromisos espera de las administraciones?

Esperamos compromisos claros, medibles y sostenidos en el tiempo. Garantizar la presencia de la lengua de signos en todos los ámbitos públicos, asegurar la accesibilidad universal y contar con las personas sordas en el diseño de las políticas que les afectan no debería ser una excepción, sino la norma. No pedimos favores, pedimos corresponsabilidad democrática.

Tras 90 años de historia, la CNSE sigue defendiendo que un país accesible no se imagina, se construye. Y se construye con diálogo, con voluntad política y con la convicción de que la diversidad lingüística y cultural de las personas sordas enriquece al conjunto de la sociedad. Porque cuando las personas sordas pueden decidir, participar y liderar, gana toda la ciudadanía.

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