El Congreso tramitará en 2026 la reforma para reforzar los derechos de las personas con discapacidad

Asimismo, se redefine el rol de los centros de día para que puedan prestar “servicios similares, dirigidos a personas que vivan en domicilios próximos y que necesiten apoyos para el desarrollo de su proyecto de vida”. Podrán ser realizados en las propias instalaciones del centro, en otras del entorno comunitario o en los domicilios de las personas”.

El Proyecto establece un conjunto de nuevos derechos y garantías. Se regulan aspectos vinculados, entre otros, al entorno residencial con el fin de ofrecer “un entorno de vida hogareño e inclusivo, que conecte a las personas en situación de dependencia con la comunidad, facilitándoles el desarrollo de un proyecto de vida independiente y con sentido”.

También se abordan modificaciones referentes a mejorar la calidad de los empleados vinculados a los cuidados, acordándose “los requisitos y estándares de calidad en el empleo que estarán dirigidos a garantizar la adecuada prestación del servicio” siendo el “Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia informado de la evolución de los indicadores de calidad del empleo”.

Otra novedad es incluir medidas en materia de salud mental. Según el anteproyecto, “todas las intervenciones sanitarias y asistenciales en el ámbito de la salud mental deberán basarse en el consentimiento libre e informado de la persona”. Asimismo, se restringen las intervenciones coercitivas, como el uso de sujeciones físicas, a “casos de urgencia vital”, siempre con carácter proporcional y por el tiempo estrictamente necesario.

También se crea un Programa Estatal de Accesibilidad Universal “orientado a sufragar el coste, total o parcialmente, de las iniciativas para que los entornos, servicios y espacios sean universalmente accesibles”; y un Centro Estatal de Competencia de Innovación Social, que “tendrá por objeto impulsar, acompañar y articular la innovación social orientada a retos sociales complejos, prestando apoyo técnico, metodológico y estratégico a las administraciones públicas, promoviendo el aprendizaje colectivo, la experimentación y la conexión entre conocimiento científico, tecnológico y acción pública”.

Enmiendas a la totalidad de devolución

Los Grupos Junts per Catalunya y Vasco (EAJ-PNV) presentaron sendas enmiendas a la totalidad de devolución, siendo retirada posteriormente la segunda. Por su parte, Junts per Catalunya solicitaba la devolución de la iniciativa al Gobierno, ya que si bien la norma “promueve cambios sustanciales en materia de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia”, “lo hace desde una visión centralista que ignora la realidad social de Cataluña y vulnera sus competencias exclusivas reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña”.

Tramitación parlamentaria

El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno y calificado por la Mesa del Congreso en julio de 2025, abriéndose un plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad. Habiéndose presentado esta enmienda de devolución, el proyecto de ley debía someterse a este primer debate en Pleno. Como ha quedado rechazada la solicitud de devolución, el proyecto de ley continúa su tramitación parlamentaria en ponencia y comisión, que actúa con competencia legislativa plena. El texto será remitido al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria..

El Cermi, a favor de la reforma

El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, afirmó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre en referencia a la reforma de estas leyes que "todas las modificaciones del proyecto, en principio, son positivas: avanzan, robustecen, refuerzan derechos o medidas de acción afirmativa", aunque admitió que "se pueden y se deben mejorar y expandir, incluyendo más a través de enmiendas, pero todo en principio tiene un nivel de aceptación".

Sin embargo, advirtió que "en el bloque de autonomía personal, se acomete un cambio en el modelo de cuidados de larga duración, en el dispositivo público de atención a las personas que precisan apoyos intensos para su autonomía, que va en la buena dirección, según nuestro criterio, pues el sistema actual, que va a cumplir veinte años el año que viene, en 2026 ― la ley se aprobó en 2006―, es en gran medida percibido como equivocado, insuficiente, fallido por las personas con discapacidad, las personas mayores y sus familias. No es aquello que se nos prometió casi dos décadas después".

Por ello, Pérez Bueno admitió que "en este eje de autonomía personal y dependencia hay mejoras que introducir, y desde el Cermi apuntamos dos como absolutamente prioritarias. El primero, regular un copago justo, que no expulse de las prestaciones y servicios a las personas en situación de dependencia y que deje de ser confiscatorio, como, a nuestro juicio, lo es ahora".