Cuando Sergio García, un funcionario de 27 años con discapacidad orgánica descubrió que la Constitución Española se refería a él y a otras personas con discapacidad con el término ‘disminuidos’, se quedó conmocionado y desconcertado: “No es que no diera crédito, sino que me venían a la memoria épocas oscuras de la historia donde se nos veía como sujetos carentes de derechos que, incluso, debíamos ser eliminados. Desde luego, aquello me parecía más propio de la Alemania nazi que de la España actual”.

Esa denominación databa de 1978, cuando se redactó la Carta Magna, y mucho ha cambiado la sociedad española desde aquel año. “Aunque entonces términos como ‘disminuidos’ o ‘minusválidos’ fuesen empleados, hay que tener en cuenta que, tras casi medio siglo, esas palabras hoy tienen un significado denigrante y que, por ello, era preciso reformar la Constitución para modificarlas”, añade García.

Larga reivindicación

De hecho, la reforma del artículo 49 de la Carta Magna española ha sido una demanda histórica del colectivo de personas con discapacidad. El texto de este artículo 49 era el siguiente: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. Durante las dos últimas décadas, desde el movimiento social se reclamó a las formaciones políticas una actualización de este artículo, de tal manera que se eliminase esta mención de “disminuidos” y se sustituyera por “personas con discapacidad”, dentro de la visión normalizada de la discapacidad inherente al siglo XXI.

“Aquella denominación de ’disminuidos’, no solo está superada, sino que es ofensiva e hiriente”, resalta el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno. Añade que “las personas con discapacidad no somos disminuidas, somos personas plenas a tiempo completo y en absoluta plenitud para participar en la sociedad, para contribuir a la mejora colectiva”.

Pedro Sánchez afirma que con esta reforma "se pone fin a una terminología que no reflejaba los valores de nuestra Constitución"

En la España actual, “el término que todo el mundo reconoce y acepta es el de ‘persona con discapacidad’”, precisa el presidente de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), Anxo Queiruga. Es más, añade que este término es el que está reconocido dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas para referirse a este colectivo, la cual entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008 para “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” de este colectivo. Además, pretende garantizar “el respeto de su dignidad inherente”.

Intentos previstos

El eco de la discapacidad para reformar el artículo 49 tuvo respuesta en dos ocasiones por parte del Gobierno de España, aunque no llegara a materializarse. El primer intento tuvo lugar a finales de 2018 por el primer Gobierno presidido por Pedro Sánchez. La reforma no pudo materializarse por el adelanto electoral, al convocarse elecciones para 2019 solo tres meses después de presentar la propuesta y por la posterior declaración del estado de alarma en marzo de 2020, a consecuencia de la pandemia, puesto que la Constitución (en su artículo 169) imposibilita cualquier reforma si están en vigor estados de alarma, excepción o sitio.

El segundo intento fallido de reforma del artículo 49 de la Constitución tuvo lugar en mayo de 2021, cuando el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos anunció una reforma integral “tanto desde el punto de vista del lenguaje como de su estructura y contenido”. En esta ocasión, el PP, presidido por Alberto Núñez Feijóo, se mostró abiertamente favorable a cambiarlo, frente a lo que había sucedido con el anterior líder popular, Pablo Casado, quien se manifestaba públicamente contrario a “abrir el melón constitucional” con esta reforma y que grupos independentistas intentaran incluir en ella peticiones diferentes de la discapacidad. Sin embargo, la falta de consenso y un nuevo adelanto electoral (en julio de 2023) imposibilitaron que se tramitase en las Cortes Generales.

Acuerdo Sánchez-Feijóo

Finalmente, la reforma tomó cuerpo tras la reunión que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo celebraron en el Congreso el pasado 22 de diciembre. Aquel día, los líderes de los dos principales partidos políticos —pese a sus habituales discrepancias— esta vez sí lograron sellar un acuerdo de reforma, que fue presentado al Congreso el 22 de diciembre y debatido en él los días 16 y 18 de enero. Para que el nuevo artículo fuera aprobado, era condición imprescindible el consenso entre los dos partidos mayoritarios, pues cualquier modificación constitucional de este tipo exige un respaldo mínimo de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados y 159 senadores).

Feijóo: "El mundo de la discapacidad tenía una denominación en la Constitución absolutamente descontextualizada"

Por otra parte, el Pleno del Senado aprobó el pasado 25 de enero la proposición de ley que reforma el artículo 49 de la Constitución, con 254 votos a favor y solo tres en contra, correspondientes a Vox.

A partir del pasado jueves, se abrió un plazo de 15 días en el que la décima parte de los miembros del Senado o del Congreso de los Diputados podrán solicitar que la reforma se someta a referéndum, aunque existe el compromiso de que esto no sucederá. Transcurrido este plazo, el nuevo artículo podrá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.

Consenso político

El presidente del Gobierno considera que con esta reforma se pone “fin a una terminología que no refleja ni los valores de nuestra Constitución ni, sobre todo, la dignidad de este colectivo de ciudadanos y ciudadanas”. Sánchez destaca que el nuevo artículo 49 incluye una mención “específica y expresa” a las mujeres y niñas con discapacidad, al argumentar que “la discapacidad” aumenta “su discriminación y dificultades, abriendo más la brecha de la desigualdad”.

Alberto Núñez Feijóo afirma que la reforma era “pertinente, necesaria y prometida” y considera que “el mundo de la discapacidad tenía una denominación en la Constitución absolutamente descontextualizada”. Esta reforma, “impulsada por el Cermi, responde a un compromiso con los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en nuestro país” y a la necesidad de “acercar nuestras instituciones a los ciudadanos”, concluye Feijóo.

Por parte del sector Sumar del Gobierno, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, califica la reforma como una “conquista histórica, victoria para la sociedad española”. Precisa que “no es un cambio de un término por otro, esta reforma es el resultado de 20 años de lucha de las personas con discapacidad y de sus familias, junto a la sociedad civil. Hoy se emite un mensaje alto y claro: que frente al ruido y la crispación podemos avanzar en una agenda social para ensanchar los derechos sociales en España”.

Mención a mujeres y niñas

Bustinduy resalta que la nueva redacción del artículo 49 está orientada al reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con el objetivo de acabar con el agravio que sufren.

El ministro también valora que esta reforma incluya “con voz propia el protagonismo de las mujeres y niñas con discapacidad” y obligue a los poderes del Estado a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Precisamente, esta mención expresa a mujeres y niñas con discapacidad fue criticada por Vox, al entender que consagra “la desigualdad ante la ley entre mujeres y hombres” con discapacidad, algo que “generará más problemas de los que resuelve, como ha ocurrido con la aprobación de la Ley VioGén y otras tóxicas legislaciones”, informa Servimedia. Sin embargo, la formación presidida por Santiago Abascal sí reconoce que el término ‘disminuidos’ “no es acorde a los tiempos en los que nos encontramos”.

Discapacidad

Desde el movimiento social de la discapacidad se trabajó para que las formaciones políticas apoyasen la reforma. Para lograrlo, el Cermi se dirigió por escrito a los portavoces de los grupos parlamentarios para pedir el apoyo “unánime” a la propuesta “sin ningún tipo fisuras”. Además, se pidió a las formaciones “centrarse única y exclusivamente” en una reforma de la Carta Magna centrada en la discapacidad.

Numerosas organizaciones sociales trasladaron su respaldo a la reforma, como la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) o el Comité Paralímpico Español, entre otras.

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, también trasladó su apoyo para “corregir esa discriminación léxica”, pues resultaba “hiriente” que de esa manera estuviera “refiriéndose a los discapacitados como personas disminuidas. Queremos ser personas con discapacidad muy capaces”.

Finalmente, esta demanda de la discapacidad se ha materializado y, como precisa el Cermi, tiene “una enorme importancia” al representar “un avance país, una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada que la Constitución quiere para España”.