Las entidades celebran las reformas legales de discapacidad y dependencia, pero reclaman financiación y aplicación efectiva

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, considera que la reforma es “la ley social más importante de esta legislatura”. El dirigente recordó, según informó Servimedia, que el cambio del artículo 49 de la Constitución no era para el Cermi “una estación de destino, sino una estación de partida, un campamento base” desde el que trasladar a la legislación avances en inclusión social, autonomía personal, accesibilidad universal, participación y atención preferente a las mujeres y los menores con discapacidad.

Pérez Bueno calificó la aprobación como “una buena noticia para el sector de la discapacidad”, al que situó como “motor de esta reforma”. Aunque reconoció que no todas sus reivindicaciones se han incorporado y lamentó la falta de consenso completo, aseguró que el movimiento está satisfecho con un texto que permitirá “actualizar, ampliar y ensanchar muchos aspectos” de la vida de las personas con discapacidad. El Cermi, añadió, permanecerá vigilante ante los desarrollos reglamentarios de un “avance sustancial” acompañado de una “inversión muy cuantiosa en un sistema que estaba agónico y cerca de la anemia”.

En la misma línea, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, calificó la jornada de “día histórico” para las mujeres y las niñas con discapacidad. A su juicio, la votación representa un nuevo hito para el movimiento asociativo, después de otros avances alcanzados en el Congreso, como la reforma del artículo 49 de la Constitución.

Peláez destacó especialmente “la inclusión en esa ley precisamente del imperativo legal para sacar adelante una ley de reparación a víctimas de esterilización forzada y no consentida por razón de discapacidad en España”. La responsable de la Fundación Cermi Mujeres recordó que esta práctica “se ha permitido durante muchos años” y es “contraria a los tratados internacionales de Derechos Humanos”, por lo que sostuvo que las víctimas podrán acceder finalmente a una reparación.

Un gran logro de la democracia

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, definió la aprobación como un “gran logro de la democracia” y vinculó la reforma con la capacidad de todas las personas para decidir sobre su propia vida. “La verticalidad de las administraciones a la hora de elegir nuestro proyecto de vida se ha acabado”, afirmó tras la votación en el Congreso de los Diputados.

Martín Blanco afirmó que la aprobación representa “la mejor España, es el mejor patriotismo, donde cabemos todas las personas, personas que no pueden hablar, que tienen dificultades en el lenguaje, que tienen dificultades de comprensión”. Entre las novedades, puso en valor la consideración de la accesibilidad como “un derecho subjetivo”, la creación de un fondo estatal para financiar intervenciones de accesibilidad y la inversión comprometida por el Gobierno para 2027. También señaló que el Ejecutivo trabaja por otras vías para atender reivindicaciones que quedaron fuera tras el veto a varias enmiendas del Senado.

Por su parte, Plena Inclusión España también recibió la reforma como una “gran noticia” y “un avance necesario”. Su director, Enrique Galván, destacó el compromiso de que el Estado aporte el 50% de la financiación de la dependencia y el impulso de un sistema de apoyos “más centrado en la persona, en la comunidad, más flexible”. Asimismo, valoró la incorporación del facilitador judicial y la posibilidad de evitar trámites prolongados mediante una mejor conexión entre dependencia y discapacidad.

La entidad mantiene, pese a ello, una de sus principales reivindicaciones: acabar con un copago que puede reducir de forma severa los recursos disponibles para vivir. “No podemos aceptar un copago que limita la capacidad de vivir de las personas”, advirtió Galván. El responsable de Plena Inclusión reclamó una “voluntad compartida y una visión de Estado” para desplegar la reforma y recordó que “las personas lo que precisamos son apoyos, oportunidades y una sociedad mucho más justa, pero todavía queda mucho por hacer”.

Derechos efectivos para las personas con autismo

Por otra parte, Autismo España considera que la reforma supone “un gran avance” para las personas con autismo, sus familias y el movimiento asociativo, pero sitúa ya el foco en la aplicación. Su directora de Incidencia Política y Social, Paloma Rodrigo, señaló que el reconocimiento de derechos responde a “una demanda histórica” y defendió que el siguiente objetivo debe ser garantizar que “puedan ejercerse de manera efectiva”.

Entre las medidas más relevantes, Rodrigo destacó el “derecho subjetivo a la atención temprana” y la “formación específica de los profesionales”. Una preparación adecuada en autismo, explicó, facilitará una atención “individualizada y adaptada a sus necesidades”. La organización seguirá reclamando, entre otras cuestiones, el reconocimiento del trastorno del espectro autista para acceder a determinados servicios y prestaciones sin depender de un certificado administrativo de grado de discapacidad.

Del mismo modo, Cocemfe también calificó la reforma como un “avance” y defendió que sus beneficios alcanzarán al conjunto de la sociedad. “Hoy es un día importante para todo el sector social”, afirmó su presidente, Anxo Queiruga, quien pidió recuperar el consenso político alcanzado con la reforma constitucional. La confederación valoró especialmente la dotación económica para eliminar barreras, la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y la compatibilidad de servicios.

Queiruga lamentó, sin embargo, que no se debatiera la propuesta de reducir del 10% al 4% el IVA de determinados productos y servicios de autonomía personal. “Esperemos que las enmiendas que se hicieron en la Cámara Alta con respecto al IVA reducido en algunos de los productos o servicios (...) se tengan en cuenta”, afirmó. Cocemfe también exigió que los recursos transferidos a las comunidades autónomas lleguen con agilidad a las personas y anunció que seguirá reclamando la extensión de los beneficios fiscales vinculados al 33% de discapacidad a quienes se encuentren en situación de dependencia.

Financiación, profesionales y sostenibilidad de la dependencia

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) considera que la reforma representa “un paso importante”, pero advierte de que ahora “toca conseguir que se traduzca en mejoras reales”. Su presidente, Ignacio Fernández-Cid, señaló que la primera condición es que la financiación anunciada “se materialice y llegue efectivamente al sistema y a los servicios”. Además, reclamó un modelo estable, suficiente y previsible, ya que “un derecho universal no puede estar condicionado cada año por la disponibilidad presupuestaria”.

Junto con la financiación, la FED identifica la falta de profesionales como uno de los grandes desafíos del sistema. La organización propone una estrategia nacional que aborde la formación, el reconocimiento de las profesiones de los cuidados, el absentismo, los nuevos perfiles y la capacidad de atraer y retener trabajadores. También pide actuar sobre las listas de espera: “No podemos normalizar que una persona espere de media 314 días para que se resuelva su expediente”.

En la misma línea, la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade) comparte esta preocupación. Su presidente, Ignacio Gamboa, considera “más urgente” garantizar que el aumento de la financiación “llegue efectivamente a los servicios profesionales”. Los fondos, sostuvo, deben permitir ampliar el número de personas atendidas, reducir las listas de espera y mejorar la intensidad de los apoyos que reciben quienes ya forman parte del sistema.

Asade reclama igualmente actualizar los contratos y los precios de la ayuda a domicilio conforme a los costes “reales” de prestación. A medio plazo, Gamboa sitúa el “gran desafío” en la incorporación de miles de trabajadores mediante mejores condiciones laborales, reconocimiento social y procesos más ágiles de cualificación y acreditación. “Sin profesionales suficientes, cualquier reforma tendrá un alcance limitado y puede derivar en frustración ante la incapacidad de alcanzar las expectativas que se generan”, advirtió.

El riesgo de que la reforma quede “en papel mojado”

También Impulsa Igualdad celebró un “avance necesario” después de dos décadas, pero reclamó financiación suficiente y una aplicación efectiva. La directora de su Área de Innovación Social, Myriam Arnaiz, explicó que la entidad “aplaude esta reforma” porque el sector ha cambiado y la normativa “se estaba quedando obsoleta”.

La organización teme que las nuevas medidas no lleguen a la vida cotidiana. “Lo único que no queremos es que se quede este cambio en papel mojado”, señaló Arnaiz. Impulsa Igualdad también mostró su preocupación por el veto a las enmiendas sobre educación inclusiva y defendió que la inclusión debe comenzar “desde la infancia, desde el colegio”. “Espero que se tengan en cuenta las voces de los que de verdad están buscando este cambio”, concluyó.

Por otro lado, la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (AdELA) ofreció una valoración más crítica, al considerar que la reforma deja fuera mejoras que habrían “beneficiado directamente a las personas con ELA y sus familias”. La entidad mencionó la reducción del IVA para adaptar viviendas o vehículos, la ampliación de determinadas prestaciones para familias con hijos dependientes y una mejora del tratamiento tributario de las personas en situación de dependencia.

AdELA subrayó el impacto económico que acompaña a la enfermedad y pidió financiación “real” para aplicar la Ley ELA. “Nuestros pacientes y sus familias no entienden que se alegue un incremento del gasto para no aprobar estas mejoras sociales”, afirmó. La asociación insistió en que las políticas deben contar con recursos suficientes: “Si queremos una sociedad que atienda a las personas enfermas y dependientes con políticas sociales reales, claramente requiere medidas económicas y de apoyo”.

La ELA mantiene abierto el debate sobre el copago

Y la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) valoró los avances de la reforma, entre ellos la compatibilidad del CGI, la reducción de cargas administrativas y la mejora de la conexión entre los sistemas de discapacidad y dependencia. No obstante, lamentó que el texto “no elimine el copago de los cuidados de alta intensidad” que necesitan las personas con ELA avanzada.

Su presidente, José Jiménez Aroca, resumió la posición de la confederación: “Valoramos que la reforma salga adelante porque incorpora avances importantes y mejora nuestro sistema de derechos y apoyos. Pero no podemos considerar terminado el trabajo mientras una persona con ELA deba tener que contribuir económicamente a unos cuidados que son imprescindibles para seguir viviendo”. ConELA pide que esos cuidados se consideren una prestación de naturaleza sanitaria, estén exentos de copago y se garantice una aplicación homogénea de la Ley ELA en todas las comunidades autónomas.