El nuevo artículo establece en su primer punto que “las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas”.

En su segundo punto, añade que “los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

La reforma planteada dice en su exposición de motivos que la Constitución consagra la dignidad y el libre desarrollo de las personas “como claves de bóveda de nuestro Estado social”, y que “una de las plasmaciones concretas de esta configuración es su artículo 49, dedicado específicamente a la protección de las personas con discapacidad”, un precepto que “situó en su día a España en la vanguardia de la protección de este colectivo”.

Las Cortes Generales destacaron en un comunicado que, en los últimos años, “la protección de las personas con discapacidad se ha visto impulsada por el Derecho Internacional” y que “tanto la legislación estatal como autonómica se ha adaptado a dicha normativa internacional y que, paralelamente, “la sociedad civil articulada en torno a las personas con discapacidad ha venido planteando a los poderes públicos la necesidad de acomodar el artículo a la realidad social y a la normativa internacional”.

Por ello, desde las Cortes Generales se valora que esta reforma constitucional garantizará “la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España”.