REDS-SDSN Spain vincula el éxito de las renovables a su integración social y territorial

La iniciativa Renovables con el Territorio presentó en Madrid los resultados de su tercera fase de trabajo, desarrollada en Cataluña y Galicia, con un mensaje claro: el despliegue de las energías renovables solo será viable y duradero si integra a las comunidades locales y aborda de forma conjunta el reto climático, la biodiversidad y la justicia social.

España avanza con rapidez hacia un modelo energético basado en fuentes renovables, una transformación imprescindible para cumplir los compromisos climáticos y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Sin embargo, el modo en que se están implantando muchos proyectos abre un debate creciente sobre su impacto social, ambiental y territorial. La falta de participación local, la percepción de desequilibrios en el reparto de beneficios y la afección al paisaje y a la biodiversidad están generando resistencias que amenazan con frenar la transición, según Reds-SDSN Spain. Frente a este escenario, el proyecto Renovables con el Territorio propone un cambio de enfoque: pasar de un despliegue acelerado a un desarrollo compartido.

Integrar clima, biodiversidad y justicia social no es solo una cuestión técnica, sino un cambio profundo en la manera de planificar y decidir

La jornada de cierre de la tercera fase del proyecto, celebrada en la Fundación Ortega-Marañón de Madrid y organizada por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN Spain), reunió a representantes de la administración pública, el sector privado, la sociedad civil y el ámbito académico. El encuentro sirvió para presentar los resultados de un año de trabajo intenso en dos comunidades con trayectorias energéticas muy distintas, Galicia y Cataluña, pero unidas por el desafío de integrar las renovables en el territorio sin generar fracturas sociales.

Desde su puesta en marcha en 2023, Renovables con el Territorio actúa como un espacio de diálogo multiactor que busca construir consensos en torno a la transición energética. En esta tercera fase, la iniciativa ha apostado por experiencias piloto concretas en Cataluña y Galicia, concebidas no como modelos cerrados, sino como instrumentos replicables y adaptables a otros contextos del país.

Retorno territorial

En Cataluña, los Diàlegs per una Catalunya Renovable se centraron en el diseño de un mecanismo de retorno territorial, una herramienta clave para corregir la escasa vinculación entre los grandes proyectos renovables y el desarrollo local que a día de hoy constituye uno de los principales déficits del actual modelo.

Su objetivo es que parte del valor económico generado por estas instalaciones revierta directamente en los municipios y comarcas que las acogen para reforzar servicios públicos, empleo, capacitación profesional y soberanía energética.

El enfoque defendido por el equipo técnico del proyecto subraya la necesidad de un liderazgo público claro, una gobernanza compartida y una trazabilidad total de los recursos, evitando fórmulas opacas o voluntaristas. Se trata, en definitiva, de que las renovables no solo reduzcan emisiones, sino que actúen como palanca de desarrollo territorial y resiliencia frente al cambio climático.

Legitimidad social

En Galicia, el foco se puso en la participación social como elemento vertebrador de la legitimidad de los proyectos. Los Diálogos para unha Galicia Renovable concluyeron con la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas para la Participación Social en Proyectos de Energías Renovables, dirigido tanto a empresas promotoras como a administraciones y órganos reguladores. El documento insiste en la importancia de abrir procesos participativos reales desde las fases iniciales, incorporando las preocupaciones del territorio antes de que los proyectos estén definidos.

Más allá de la herramienta concreta, el trabajo en Galicia pone de relieve una cuestión de fondo: la transición energética no puede construirse de espaldas a los conflictos, sino abordarlos de forma anticipada y transparente para transformarlos en acuerdos duraderos. Responsables institucionales y expertos coincidieron en señalar que uno de los grandes retos estructurales en España es la escasa cultura de participación ciudadana en el ámbito energético. La complejidad del sistema eléctrico y la distancia percibida entre decisiones y ciudadanía dificultan que las comunidades comprendan qué está en juego y qué beneficios podrían obtener.

En este sentido, los participantes subrayaron la necesidad de reforzar la pedagogía social y la transparencia como condiciones imprescindibles para avanzar hacia una gobernanza energética más democrática. Integrar clima, biodiversidad y justicia social no es solo una cuestión técnica, sino un cambio profundo en la manera de planificar y decidir.