Pobreza energética en España: cuando encender la calefacción se convierte en un lujo

Hacer frente a la pobreza energética es hoy un reto socioeconómico crucial para lograr una transición energética justa e inclusiva. No se trata solo de energía: se trata de calidad de vida. El impacto sobre la salud es directo y acumulativo. No poder calentar o refrigerar la vivienda incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente en niños y personas mayores. También afecta a la salud mental: ansiedad por impagos, angustia por no llegar a fin de mes o no poder garantizar condiciones dignas en el hogar. A ello se suman efectos sobre la infancia –falta de iluminación o electricidad para el estudio digital– y sobre la empleabilidad, cuando no se pueden mantener condiciones mínimas de confort e higiene en casa.

Los datos de 2025 del programa de ECODES ‘Ni Un Hogar Sin Energía’ lo evidencian con claridad. Entre las familias atendidas, el 42,5% se encuentra en pobreza energética según el indicador de gasto desproporcionado, y el 29,4% destina más del 10% de sus ingresos al pago de la electricidad. Además, el 68% no puede mantener una temperatura adecuada en su vivienda en algún momento del año. En paralelo, se confirma una vulnerabilidad especialmente marcada en mujeres, que suponen casi el 60% de las personas adultas atendidas, y en hogares con menores, que representan el 54%. Mientras tanto, las personas mayores siguen infrarrepresentadas en la atención (solo un 9%), lo que apunta a un fenómeno preocupante: pobreza energética oculta, silenciosa y muchas veces invisibilizada por barreras de acceso.

Las causas están bien identificadas y exigen respuestas estructurales. Por un lado, bajos ingresos y costes energéticos todavía elevados para muchos hogares; por otro, un parque residencial ineficiente: el 56% de las familias atendidas vive en edificios anteriores a 1981 sin aislamiento térmico y/o con calificación energética deficiente, el 62% sufre infiltraciones de aire y el 44% padece humedades. A ello se añade la brecha de alfabetización energética: el 86% no entiende su factura y al 81% se le recomienda optimizar el contrato. Esta falta de información limita el acceso a derechos y perpetúa sobrecostes evitables.

Un ejemplo especialmente preocupante es el bono social. En 2025, el 74% de las familias atendidas cumplía requisitos, pero no lo estaba recibiendo. ¿Por qué? Entre otras razones, por desconocimiento, dificultades burocráticas y barreras normativas: el 46% no era titular del contrato eléctrico –una situación muy frecuente en alquiler, régimen en el que vive el 76% de las familias vulnerables atendidas–, lo que bloquea automáticamente el acceso a la ayuda. Dicho de otro modo: hay hogares elegibles que quedan fuera por diseño del sistema, no por falta de necesidad. Urge la automatización de la concesión por criterio de renta.

Ante este escenario, el programa ‘Ni Un Hogar Sin Energía’ de ECODES se ha consolidado como referencia porque combina atención directa a las familias, innovación metodológica y capacidad de incidencia. No se limita a acompañar casos: genera conocimiento útil para mejorar políticas públicas.

Esa aportación se hace visible durante la Semana Europea contra la Pobreza Energética, cuando el debate público gana foco, pero su valor real se construye durante todo el año: en puntos de asesoramiento, en el acompañamiento administrativo, en la formación a profesionales sociales y en el trabajo en red con entidades y administraciones. De hecho, cuando el acompañamiento se activa, los resultados mejoran: en 2025, el 92% de las solicitudes de bono social tramitadas con apoyo fueron concedidas y se detectó un ahorro potencial medio de 267 euros anuales. Para muchas familias, esa cifra no es un simple ajuste: es la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes.

España necesita pasar de respuestas parciales a una estrategia integral: automatizar el acceso al bono social para hogares elegibles, acelerar la rehabilitación de vivienda –con un objetivo mínimo del 30% para hogares vulnerables–, proteger a inquilinos ante posibles subidas tras reformas, mejorar la eficiencia de equipamientos domésticos y desplegar oficinas de energía que asesoren de forma cercana en contratos, hábitos, rehabilitación y renovables.

Combatir la pobreza energética es proteger la salud pública, la infancia y las personas mayores, reducir desigualdades y avanzar en la acción climática al mismo tiempo. Es, en definitiva, una política de derechos y calidad de vida. Y en ese camino, la experiencia de ECODES demuestra que, con método, acompañamiento y compromiso sostenido, la transición energética puede ser realmente justa: para todas las personas y en todos los hogares. La pregunta ahora es si vamos a hacerlo con la urgencia que millones de personas en España merecen.