La sociedad civil exige un modelo de desarrollo más justo, solidario y sostenible

Estas entidades –entre ellas, la Plataforma del Tercer Sector, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF– advirtieron de que el actual modelo económico y de consumo está provocando una doble crisis: la degradación del planeta y el aumento de la pobreza y la exclusión. Por ello, pidieron respuestas urgentes y coordinadas que sitúen a las personas en el centro de la acción climática y que transformen el modelo de desarrollo hacia uno más justo, solidario y sostenible.

Según el documento, los fenómenos meteorológicos extremos, las olas de calor o la pérdida de biodiversidad tienen consecuencias directas en la salud, la alimentación y los derechos fundamentales de millones de personas. Cada año, más de 20 millones se ven obligadas a abandonar sus hogares por causas ambientales, mientras el hambre y la pobreza aumentan en los países más empobrecidos.

Las organizaciones alertaron de que la emergencia climática y ecológica agrava las desigualdades existentes y afecta de forma desproporcionada a mujeres, niñas y colectivos en situación de vulnerabilidad social o climática. “Urge una transición ecológica justa que permita paliar la crisis ambiental y corregir las desigualdades sociales y de género, garantizando una vida digna para todas las personas”, subrayaron las organizaciones.

Propuestas urgentes: transición ecológica justa, reducción de la pobreza y fiscalidad sostenible

Entre las principales propuestas, las entidades reclaman avanzar hacia una economía verde, local y circular que abandone el paradigma del crecimiento económico a cualquier precio. Y defendieron un sistema que reduzca la pobreza y las emisiones, promueva en el marco democrático la igualdad de género y proteja los recursos naturales.

También pidieron una fiscalidad justa y sostenible que haga recaer el mayor esfuerzo en quienes más riqueza acumulan y que refuerce la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. El documento, además, plantea impulsar los empleos verdes, garantizar servicios públicos de calidad y reconocer el valor económico y social de los cuidados, claves para el bienestar colectivo y para el equilibrio territorial.

“La transición ecológica puede ser una oportunidad para generar empleo digno y reducir la desigualdad, pero debe hacerse con justicia y sin dejar a nadie atrás”, insistieron las organizaciones firmantes.

El posicionamiento conjunto recuerda que la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció en 2022 el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano fundamental. Por ello, las entidades exigen que los derechos básicos (alimentación, vivienda, energía, educación o salud) estén garantizados para todas las personas, tanto en España como en el resto del mundo.