Las pensiones subirán un 2,7% durante 2026 y las mínimas entre un 7% y 11,4%

El Real Decreto-ley por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social incluye la revalorización de las pensiones para 2026 y prorroga durante el próximo año medidas de carácter social para colectivos con dificultades para cubrir necesidades energéticas y habitaciones, en el marco del escudo social desplegado por el Gobierno.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó durante su primera rueda de prensa como portavoz del Gobierno que, gracias a la aprobación de esta norma, las pensiones subirán un 2,7% con carácter general, atendiendo así a la subida de precios correspondiente al año anterior. La revalorización se traducirá en, aproximadamente, 570 euros más al año para las personas con una pensión media de jubilación.

En total, se revalorizan cerca de 13 millones de pensiones y, en consecuencia, los pensionistas van a mantener o aumentar su poder adquisitivo. Con esta medida, ha asegurado Saiz, "el Gobierno cumple con un compromiso que es inquebrantable: el de ofrecer la certeza a los más de 9,4 millones de pensionistas de nuestro país de que si los precios suben, sus pensiones también lo van a hacer para hacer frente a los gastos del día a día".

Incremento de entre 7% y 11% en las pensiones mínimas

La ministra adelantó también que en 2026 las pensiones mínimas se incrementarán más de un 7%, un porcentaje que en el caso de algunas pensiones —como las mínimas con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares— será aún más elevado y llegará al 11,4%. "Nuestro sistema, que es solidario y contributivo, supone un escudo fundamental para muchas familias", recalcó la Saiz.

Mayores y pensionistas

En España, uno de cada tres pensionistas vive bajo el umbral de pobreza, según la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que reclama un Plan Estratégico que afronte los retos y oportunidades de la nueva longevidad y garantice el bienestar de las personas mayores.

En este sentido, la PMP recordó, en un encuentro celebrado recientemente en Servimedia, la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentra aproximadamente el 50 % de los pensionistas. Se trata de aquellos que perciben pensiones inferiores a 841 euros mensuales, cifra que marca el umbral de riesgo de pobreza. Dentro de este grupo, un 35 % de los pensionistas se sitúa por debajo de dicho umbral. Además, la Plataforma advirtió que el 14 % del total de pensionistas vive en situación de pobreza severa, con ingresos mensuales inferiores a 600 euros, realidades en las que la brecha de género está claramente presente. En este sentido, la pensión media mensual de jubilación de las mujeres se sitúa en torno a los 1.100 euros, frente a los 1.700 euros de los hombres. A estas desigualdades se suman otras brechas vinculadas al territorio, al nivel educativo y a las trayectorias laborales, configurando una matriz de desigualdad compleja.

Ayudas para autónomos y familias vulnerables

El real decreto-ley aprobado recoge también aspectos técnicos, como la actualización de las bases de cotización del sistema de seguridad social y la tabla de cotización para los trabajadores autónomos para el año 2026, que no sufre cambios respecto a 2025. Además, se amplía durante 2026 la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como las compensaciones por parte del arrendador o propietario afectado.

En materia energética, el nuevo Real Decreto-ley, según comunicó Moncloa, mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para los consumidores con la condición de vulnerables, así como los niveles de descuento del bono social eléctrico vigentes, fijados en el 42,5% para los vulnerables y en el 57,5% para los vulnerables severos.

Otras medidas que afectan al ámbito energético que se mantienen hasta que concluya el próximo 2026 son los incentivos fiscales a particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos, instalar un punto de recarga eléctrica, manteniéndose las deducciones de hasta el 15% en el IRPF, o para obras de eficiencia energética y reformas para rehabilitar viviendas o edificios, con deducciones del 20%, 40% o 60%.