Envejecer en casa se complica

Envejecer en casa, en el entorno de siempre, es el deseo mayoritario de las personas mayores. Sin embargo, ese objetivo, que durante décadas se dio casi por supuesto, está dejando de ser una realidad asegurada para una parte creciente de la población.

En este contexto, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Norberto Fernández, subrayó que la vivienda constituye uno de los “ámbitos esenciales para garantizar la dignidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores” y defendió que debe entenderse ante todo como un derecho. No es una referencia retórica: remite al mandato constitucional de garantizar una vivienda adecuada y adaptada.

Sin embargo, este principio choca con una realidad en la que envejecer en casa –el deseo mayoritario– no siempre resulta posible sin una intervención decidida de los poderes públicos. A juicio de Fernández, garantizar la permanencia en el entorno exige algo más que medidas aisladas: requiere coordinar de forma efectiva políticas de vivienda, sanidad, servicios sociales y cuidados. “Los mayores no conocen sus derechos en esta materia”, advirtió, señalando un déficit de información y acompañamiento que condiciona el acceso a soluciones disponibles.

La subida de precios, la falta de accesibilidad o la presión del alquiler tensan la permanencia de las personas mayores en su propio hogar

Este cambio de enfoque desplaza la vivienda del ámbito privado al terreno de la responsabilidad pública, como quedó de manifiesto en el diálogo ‘Vivienda y personas mayores: accesibilidad y permanencia en el entorno’, organizado por la PMP y Servimedia y moderado por el director general de esta agencia y director de Perfiles, José Manuel González Huesa.

Vida cotidiana

El problema, además, no se limita al interior de la vivienda. La accesibilidad, recordó el presidente de la PMP, debe entenderse como un continuo que va “de la puerta hacia dentro y de la puerta hacia afuera”, incorporando también el barrio, el espacio público y los servicios de proximidad.

Permanecer en el hogar no depende únicamente de disponer de una vivienda, sino de que el entorno facilite la vida cotidiana. La ausencia de itinerarios accesibles, transporte o equipamientos adecuados puede erosionar la autonomía tanto como las barreras dentro de la propia casa.

Administración

Si el diagnóstico está claro, la respuesta institucional empieza a tomar forma. El subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Anselmo Menéndez, apuntó que la accesibilidad se ha convertido en una de las principales demandas en materia de rehabilitación y explicó que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incorpora líneas específicas de ayudas orientadas a este ámbito.

Más allá de las medidas concretas, Menéndez insistió en la necesidad de avanzar hacia una mayor coordinación entre administraciones y en la utilidad de instrumentos como las oficinas o ventanillas únicas de rehabilitación, que permitan simplificar procesos y acercar los recursos a la ciudadanía.

Numerosas personas mayores son empujadas a abandonar viviendas en las que llevan décadas residiendo

En esa misma línea, la PMP ha planteado que los ayuntamientos deben actuar como nodo central de estas políticas de proximidad, articulando servicios, información y financiación en un único punto de acceso para todos los ciudadanos. Sin una arquitectura institucional clara, advirtieron, el derecho a la vivienda difícilmente puede hacerse efectivo.

Sin accesibilidad

Si el marco político apunta hacia la coordinación, el diagnóstico técnico pone el foco en la realidad material de las viviendas. La arquitecta de Ceapat-Imserso, Nieves Peinado, advirtió de que muchos de los problemas más relevantes se producen dentro del propio hogar. La falta de adecuación y de accesibilidad no solo incrementa el riesgo de accidentes, sino que empuja a muchas personas mayores a renuncias cotidianas que afectan directamente a su autonomía.

Peinado subrayó la importancia de anticiparse y replantear el modelo residencial desde su origen, incorporando criterios de accesibilidad y diseño universal en la construcción de nuevas viviendas. No se trata solamente de adaptar lo existente, sino de evitar también que las viviendas del futuro reproduzcan las barreras del pasado.

En este contexto, Jesús Norberto Fernández defendió explorar modelos más flexibles: viviendas con apoyos, fórmulas colaborativas, soluciones intergeneracionales o cooperativas de cesión de uso. La clave, señaló, es permitir que cada persona elija el modelo que mejor se ajuste a su trayectoria y nivel de autonomía, superando una dicotomía que ya no responde a la diversidad actual.

Alquiler

Este debate adquiere una especial relevancia en un contexto en el que aumenta el número de personas mayores que viven en alquiler. La PMP alerta de la vulnerabilidad de este colectivo en escenarios de presión inmobiliaria, donde el encarecimiento de los precios o los procesos de transformación urbana pueden provocar desplazamientos no deseados.

Jesús Norberto Fernández advirtió de que un 7% de la población mayor de 65 años, en torno a 700.000 personas, vive de alquiler y que esta situación “irá a más” por el alza de los precios y la gentrificación. En algunos casos, personas mayores están siendo empujadas a abandonar viviendas en las que llevan décadas residiendo, lo que supone no solo un problema habitacional, sino también una ruptura de vínculos sociales y comunitarios.

Por ello, reclama avanzar hacia políticas “coordinadas, vertebradas y orquestadas desde la administración más cercana al ciudadano”, integrando la vivienda con los sistemas de cuidados, dependencia y atención sanitaria. El objetivo, concluye el presidente de la PMP, es garantizar que envejecer en casa no sea un privilegio, sino un derecho real y efectivo.