La ausencia de ascensores, rampas y otras adaptaciones necesarias en muchos edificios de España impide que todas las personas puedan salir a la calle, realizar actividades cotidianas o mantener una vida social activa. “Si no tienes ascensor, no puedes salir de tu domicilio, y es la situación más discriminatoria”, advierte Óscar Moral, abogado y representante del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CermiI). El problema lleva años enquistado debido a las barreras legales y económicas que dificultan la instalación de estos elementos de accesibilidad en edificios antiguos.

Cambios normativos

La Ley de Propiedad Horizontal exige que las comunidades de vecinos aprueben este tipo de reformas, pero en muchos casos la falta de mayoría bloquea su ejecución. “Si la mayoría no se obtiene, la obra no se realiza”, explica Moral, lo que deja a miles de personas en una situación de aislamiento y dependencia.

El Gobierno ha tratado de abordar esta situación con distintas reformas legales. En febrero de 2025, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que modifica la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Propiedad Horizontal para hacer obligatorias las obras de accesibilidad en edificios donde residan personas con movilidad reducida. El objetivo es garantizar que estas sean consideradas un derecho fundamental, equiparándolas a las reformas de seguridad estructural o de estanqueidad de los edificios.

Entre las medidas que recoge la reforma destacan:
• Obligatoriedad de las obras de accesibilidad en edificios de viviendas.
• Reducción del coste para los vecinos: el porcentaje que las comunidades deben aportar antes de recibir subvenciones pasa del 75 % al 70 %.
• Mayor flexibilidad en la financiación: los gastos se podrán repercutir durante más años para facilitar su asunción.
• Creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal, financiado con sanciones por incumplimientos en materia de accesibilidad y partidas de los Presupuestos Generales del Estado.

A pesar de estos avances, muchas personas siguen sin soluciones inmediatas. “El problema de los ascensores es el mayor escollo, porque son obras de gran envergadura y muy costosas”, señala Moral. En barrios donde la población ha envejecido y los edificios tienen cuatro o cinco alturas sin ascensor, la situación es especialmente grave. Muchas veces los vecinos se debaten entre la necesidad de un ascensor y la incapacidad para pagarlo, porque la obra es compleja y requiere de una inversión importante.

El problema es que la falta de accesibilidad limita la autonomía personal y afecta a la salud mental. “La persona no puede llevar una vida normal: no puede trabajar, tener relaciones sociales ni disfrutar del ocio. Es una discriminación absoluta”, denuncia Moral. Muchas de estas personas intentan buscar alternativas, pero cambiarse de vivienda no siempre es una opción viable. “Resolver los problemas a cañonazos no es una solución realista. Hay quienes intentan trasladarse, pero las dificultades económicas y la falta de viviendas accesibles en el mercado lo hacen casi imposible”, explica Moral.

Por ello, reclama más inversión pública y un cambio en la mentalidad social. “Falta empatía. Muchos vecinos no entienden que en algún momento pueden encontrarse en esta misma situación”, advierte Moral. La accesibilidad a la vivienda es un derecho, no un privilegio, y garantizarlo es una tarea pendiente en España.