Los datos del Ministerio del Interior permiten constatar que de hecho ha habido una caída de las cifras en los últimos años. En 2023 se registraron 15.289 denuncias por allanamiento y usurpación de inmuebles, un 8,8 % menos que el año anterior. Sin embargo, expertos y afectados creen que la realidad no se refleja completamente en los datos y que el problema se ha desplazado hacia la “inquiokupación”, término con el que se define a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler y prolongan su estancia en la vivienda durante meses sin que el propietario pueda hacer nada.

El desahucio de un okupa puede tardar entre ocho y diez meses, siempre que no intervengan los servicios sociales por vulnerabilidad económica

“El desahucio de un okupa puede tardar entre ocho y diez meses, siempre que no intervengan los servicios sociales por vulnerabilidad económica. Si lo hacen, el proceso se alarga aún más”, explica Nuria Vargas, gerente de Vilches Abogados, un despacho especializado en derecho inmobiliario. La mayoría de los afectados, asegura, son pequeños propietarios, muchas veces jubilados, que alquilan una segunda vivienda para completar su pensión.“Nos llegan casos de personas mayores que dependen de ese alquiler para vivir y que se encuentran con inquilinos que no pagan y que, además, pueden tardar casi un año en desalojar”, señala Vargas.

El calvario de los propietarios

La situación genera un profundo malestar en quienes sufren la ocupación de su vivienda. “Lo viven con angustia y desesperación, porque no solo dejan de percibir las rentas, sino que siguen asumiendo los gastos de agua, luz y gas”, señala Vargas. A esto se suma la incertidumbre del proceso judicial: “Los juzgados están colapsados, lo que hace que la recuperación de la vivienda se retrase aún más”. El tiempo medio para desalojar a un okupa ha aumentado en los últimos años. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan que el plazo medio de los procedimientos judiciales por ocupación ilegal de viviendas en Madrid es de 21,5 meses de espera, mientras que en comunidades como Castilla y León supera los tres años.

El Gobierno ha aprobado reformas para agilizar los juicios por okupación, pero la normativa sigue sin abordar el problema de los inquilinos morosos. “El sistema está diseñado para proteger más al inquilino que al propietario, incluso cuando el impago es premeditado”, sostiene Nuria Vargas. Los propietarios piden mayor seguridad jurídica, cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos y medidas que aceleren los procesos de desahucio. Mientras tanto, el problema persiste y cada vez más dueños se enfrentan a la disyuntiva de esperar meses o incluso años para recuperar su vivienda o pagar para que los okupas se marchen.

El Gobierno ha aprobado reformas para agilizar los juicios por okupación, pero la normativa sigue sin abordar el problema de los inquilinos morosos

El Gobierno ha aprobado medidas para agilizar los juicios por okupación, pero el problema persiste. “Se necesita una mayor seguridad jurídica para los propietarios, que el proceso de desahucio sea más rápido y que haya mecanismos para evitar que personas que no pagan puedan quedarse en la vivienda durante meses”, sostiene Vargas. La reforma de la Ley de Vivienda ha introducido protecciones para inquilinos en situación de vulnerabilidad, pero, según los expertos, estas medidas han provocado una mayor incertidumbre para los arrendadores. “Muchos propietarios prefieren no alquilar antes que arriesgarse a tener problemas para recuperar su vivienda”, concluye Vargas.