La economía de los cuidados necesita empleo digno, derechos y sostenibilidad

Cada 29 de octubre se celebra el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en 2023. La resolución pide reconocer a quienes cuidan como trabajadores esenciales, invertir en la economía del cuidado y crear sistemas que respeten los derechos de quienes prestan apoyos y de quienes los reciben, entre ellos, las personas con discapacidad y las personas mayores. 

La celebración oficial de este año, organizada en Ginebra por la Organización Internacional del Trabajo, Acnudh y ONU Mujeres, lleva por título 'Construir sistemas de cuidados y apoyo sostenibles mediante el trabajo decente'. ONU Mujeres resume el camino en seis verbos: Reconocer, reducir, redistribuir, recompensar, representar y dotar de recursos a un trabajo que sostiene todos los demás. 

Las mujeres dedican cada día 16.000 millones de horas a cuidar sin cobrar, más de dos veces y media el tiempo que dedican los hombres. Si ese trabajo se pagara, equivaldría al 9% del PIB mundial, según el Foro Económico Mundial. 

Una inversión, no un coste

El economista Sergi Jiménez-Martín, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra y director de la Cátedra de Economía de la Salud 'la Caixa'-Fedea, mira el sector en su conjunto. El ámbito sociosanitario ronda las 758.000 personas ocupadas y, a su juicio, "el gasto en dependencia no debe verse como un coste, sino como un gasto activo, casi una inversión, que crea un sector productivo cuyo resultado es bienestar colectivo".

El margen de crecimiento es amplio. España dedica alrededor del 1% del PIB a los cuidados de larga duración, frente al 1,9% de media de la OCDE, y casi un tercio de las prestaciones siguen siendo pagos por cuidado familiar no profesional. "Si sustituyéramos parte del cuidado informal por servicios profesionales, estaríamos hablando de entre 300.000 y 400.000 empleos adicionales", calcula.

La reforma laboral ha mejorado la estabilidad, con cerca de un 85% de empleo indefinido, pero "el problema ahora es la calidad", señala Jiménez-Martín. Los salarios rondan el 75% del salario medio y, entre la cuarta parte de la plantilla de origen extranjero, la brecha salarial supera los 200 euros mensuales.

Tampoco ve sostenible el modelo actual, que "se apoya demasiado en el cuidado familiar, sobre todo de mujeres" y mantiene "un coste humano inaceptable". Según sus datos, más de 8.000 personas murieron en el primer semestre de 2026 sin llegar a recibir la prestación. Aun así, pide "no dramatizar el problema fiscal". "El verdadero desafío de sostenibilidad está en las pensiones, no en la dependencia, donde todavía hay margen", sostiene. Su propuesta es avanzar hacia "un modelo de servicios profesionales y de atención comunitaria integrada con el sistema sanitario", con más prevención y detección temprana del deterioro cognitivo.

Por otro lado, en España, un estudio de Funcas publicado en septiembre calcula que los cuidados formales vinculados a la dependencia costaron 20.900 millones de euros. El valor de los cuidados informales, los que prestan sobre todo las familias, casi los triplica y alcanza los 61.500 millones. En conjunto, suponen el 4,88% del PIB. 

Los cuidados que prestan las familias en España tienen un valor de 61.500 millones de euros 

Casi dos tercios de las personas mayores en situación de dependencia reciben los cuidados principales de un familiar, en su mayoría mujeres. En junio de 2026, más de 1,7 millones de personas recibían una prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la lista de espera se había reducido un 21% en un año. Aun así, 142.887 personas seguían esperando la prestación, con un tiempo medio de tramitación de 314 días. 

"Es imprescindible seguir ampliando los servicios, reducir la burocracia y asegurar que las personas que necesitan apoyos puedan acceder a ellos en un plazo razonable", reclama Pilar Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cuidados de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. 

Gregorio Saravia Méndez, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), pone el acento en quienes cuidan en casa. "El cuidado familiar no puede convertirse en una obligación impuesta por la ausencia de alternativas públicas", advierte. 

"El cuidado familiar no puede convertirse en una obligación impuesta por la ausencia de alternativas públicas"

El reto no es solo español. La Unión Europea calcula que las personas que necesitarán cuidados de larga duración pasarán de 30,8 millones en 2019 a 38,1 millones en 2050. Un informe publicado este año por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea añade otra advertencia. Cada vez hay menos familiares disponibles para cuidar y las generaciones jóvenes probablemente cargarán con más cuidados y recibirán menos cuando envejezcan.  

Una ley que abre una nueva etapa 

La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, en vigor desde el 23 de octubre, refuerza la asistencia personal, la atención en el domicilio y la teleasistencia. También obliga al Estado a asumir el 50% de la financiación del sistema. La PMP celebra este paso, una de sus reclamaciones históricas, pero pide llegar a una inversión del 1,7% del PIB y un pacto de Estado, que el Cermi ya reclamaba en 2024, para que la reforma se aplique de verdad. 

Rodríguez valora especialmente el refuerzo de la teleasistencia y la asistencia personal. "Se trata de cambios muy relevantes porque pueden facilitar el acceso a apoyos y cuidados pertinentes y continuados a las personas y simplificar algunos trámites", señala. 

"La efectividad y aplicación real de la reforma aprobada depende de un pacto estatal en términos de gobernanza y coordinación interadministrativa, de manera que se simplifiquen y agilicen los procesos", afirma Jesús Norberto Fernández Muñoz, presidente de la PMP. 

Cuidar también es empleo 

La Organización Internacional del Trabajo cifra en 381 millones las personas que trabajan en cuidados en el mundo. Otros 748 millones están fuera del mercado laboral por sus responsabilidades de cuidado. Invertir en este sector es rentable. La OIT estima que podría crear casi 300 millones de empleos hasta 2035, y la Estrategia Europea de Cuidados calcula que invertir en este ámbito podría generar 13,6 millones de empleos adicionales en la Unión hasta 2030. 

España necesitará 260.000 profesionales de los cuidados de aquí a 2030 

En España, según la Encuesta de Población Activa, el empleo en cuidados pasó de 386.900 personas en diciembre de 2023 a 421.200 en diciembre de 2025, un 8,9% más. Aun así, la PMP estima que harán falta 260.000 profesionales más hasta 2030. 

Crecer no basta

Más de 565.000 personas trabajan en España en el empleo de hogar y cuidados. El 87% son mujeres y el 69%, extranjeras, según Oxfam Intermón. Los salarios rondan los 1.000 euros y una de cada tres trabajadoras está en la economía sumergida. España concentra, además, más de un tercio de las trabajadoras del hogar de toda la Unión Europea. 

"La calidad de la atención depende en gran medida de las condiciones en las que trabajan las personas que la prestan", recuerda Rodríguez. Por eso, añade, "mejorar el sistema de cuidados exige actuar a la vez sobre la disponibilidad de profesionales, su capacitación y sus condiciones de trabajo, así como avanzar en igualdad y corresponsabilidad en un sector altamente feminizado". 

De cuidar a apoyar 

Para las personas mayores y con discapacidad, el debate va más allá del empleo. Necesitar apoyos no puede significar perder la capacidad de decidir. La PMP defiende un sistema que permita a cada persona vivir y envejecer donde decida. "Lo que resulta crucial es disponer de una red de servicios suficientemente amplia, coordinada y flexible, que permita ofrecer a cada persona la atención más adecuada, respetando sus preferencias y circunstancias", explica Rodríguez. 

Saravia lo plantea como un cambio de lógica. El reto, sostiene, es "pasar de organizar la vida de las personas en función de los recursos disponibles a organizar los recursos en función de los derechos, las decisiones y los proyectos de vida de cada persona". Y la asistencia personal es una pieza clave. "La asistencia personal no debe limitarse al cuidado doméstico o a las actividades más básicas de la vida diaria", añade.  

Conciliar sin pagar un precio 

Cuidar sigue teniendo un coste laboral, y lo pagan sobre todo ellas. En el mundo, el 45% de las mujeres en edad de trabajar está fuera del mercado laboral por cuidados, frente al 5% de los hombres. En España, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes a 2024, 417.400 personas trabajan a tiempo parcial para poder cuidar y el 95,3% son mujeres.

 El 95,3 % de quienes trabajan a tiempo parcial para poder cuidar son mujeres 

"La responsabilidad de los cuidados tampoco puede seguir recayendo como hasta ahora en las familias, ni seguir descansando mayoritariamente sobre las mujeres", subraya Rodríguez. Saravia pide implicar a las empresas con horarios flexibles, permisos remunerados y garantías de que conciliar no penalice la carrera profesional. "Ninguna persona debería verse obligada a elegir entre conservar su empleo y proporcionar los apoyos que necesita un familiar con discapacidad", defiende. 

Quién paga la factura 

El lugar donde se vive todavía marca la diferencia. Según el Índice DEC de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el 42% de la población, unos 20 millones de personas, vive en comunidades autónomas con servicios sociales débiles o irrelevantes. 

 El 42% de la población vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes 

El Gobierno aprobó en junio un real decreto-ley que suma 6.200 millones de euros a la financiación de la dependencia entre 2026 y 2027. Fernández insiste en que la reforma necesita además ese pacto de Estado. Solo así, explica, "podrá llegar a medirse su alcance en la vida cotidiana de las personas, que deben recibir los apoyos necesarios a tiempo, contar con profesionales suficientes y poder decidir cómo y dónde vivir y envejecer, sin que una situación de dependencia suponga renunciar a la autonomía, la dignidad o la participación social". 

Saravia resume el sentido de esta jornada: "Un sistema no será verdaderamente sostenible si crea empleo precario, si depende del sacrificio de las familias o si mantiene a las personas con discapacidad en situaciones de exclusión y falta de autonomía".