Cambio climático y desigualdad

La Cumbre del Clima COP30, celebrada en Brasil a finales de 2025, marcó un punto de inflexión en la agenda climática global. Las discrepancias sobre el fin del uso de combustibles fósiles anticipan años complejos, pero también una certeza: la lucha contra el cambio climático no puede limitarse a la reducción de emisiones, porque es necesario “conectar el multilateralismo climático con las personas” para avanzar hacia un futuro sostenible.

Las previsiones mostradas en la cumbre no son alentadoras: fenómenos extremos más frecuentes, olas de calor más intensas y lluvias torrenciales pondrán a prueba el futuro de la humanidad.

Desigualdad climática

Un estudio impulsado por el Grupo Social ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que se presentará en 2026, advierte que “las personas con discapacidad (4,3 millones en España y más de 1.300 millones en el mundo) se enfrentan a riesgos desproporcionados ante fenómenos extremos si no se adoptan medidas inclusivas en relación con el cambio climático”.

El estudio destaca la mayor incidencia de los sectores vulnerables ante los riesgos climáticos y revela datos que dibujan un escenario preocupante: actualmente una de cada cuatro personas con discapacidad (el 24,3 %) no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno (frente al 15,6 % de la población general).

Esta brecha energética, a consecuencia de la menor renta, también se refleja en verano: solo el 44,9 % de los hogares con algún miembro con discapacidad dispone de aire acondicionado, frente al 52,8 % del total de la población.

La vulnerabilidad no se limita a la vivienda. El 31 % de las personas con discapacidad vive bajo el umbral de la pobreza, frente al 22,7 % de la población general. Además, el 6,2 % vive en infraviviendas o viviendas con deficiencias graves, más del doble que la media nacional.

Este conjunto de datos refleja una realidad preocupante: sin medidas específicas, la emergencia climática ampliará las desigualdades, advierte el informe.

Calor y lluvias extremas

Una muestra de las previsiones futuras es que en España los episodios de calor extremo se incrementaron un 73 % en 2025 respecto a 2024 y todo apunta a que seguirán aumentando en los próximos años.

Fenómenos extremos, como la dana que asoló varias localidades de Valencia y Albacete en octubre de 2024, afectaron a 1.625 personas con discapacidad, además de a 32 centros residenciales y 26 centros especiales de empleo, según el informe de Cermi.

En este sentido, el estudio de Human Rights Watch Respuesta inadecuada a las olas de calor advierte que, sin medidas específicas, las personas con discapacidad psicosocial o con problemas de salud mental tendrán más probabilidades de fallecer a causa de las olas de calor, tanto por problemas para regular la temperatura como por dificultades para afrontar la emergencia.

Problema global

En este escenario, olas de calor, lluvias torrenciales o sequías prolongadas no solo amenazan infraestructuras y ecosistemas, también golpearán con más virulencia a quienes ya sufren carencias estructurales.

La falta de protocolos inclusivos en alertas, evacuación y apoyos durante emergencias limita la capacidad de adaptación de millones de personas con discapacidad.

Por ello, el informe considera indispensable implementar el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, así como que otras políticas públicas en este ámbito (Plan Social para el Clima, políticas de Transición Justa, etc.) incorporen la realidad de las personas con discapacidad o colectivos vulnerables para garantizar una transición no solo justa, sino también inclusiva.

La exclusión de la discapacidad en las políticas de cambio climático es prácticamente global. De hecho, el informe revela que tres de cada cuatro países (el 72 %) no mencionan la discapacidad en sus compromisos climáticos (NDC) para cumplir el Acuerdo de París, y solo el 14 % incluye medidas concretas.

En España, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC 2021–2030) promueve una adaptación justa que tenga en cuenta factores sociales como la salud, la pobreza o la edad, pero los expertos advierten: será clave implicar a las organizaciones representativas en la toma de decisiones y garantizar que políticas como el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática incorporen la perspectiva de la discapacidad. Si esta tendencia no cambia, la brecha social climática se ampliará en la próxima década.

Por último, el informe recuerda que organizaciones como la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA) o el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), presentes en la Cumbre del Clima, continúan reclamando una acción climática más inclusiva. Su objetivo es “impulsar una agenda climática que no deje a nadie atrás”.