La discapacidad reclama pasar del compromiso a la acción real en el empleo

Veinte años después de la aprobación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el debate ya no gira únicamente en torno al reconocimiento de derechos, sino sobre cómo convertirlos en una realidad tangible. Empresas, administraciones públicas, organizaciones sociales y organismos internacionales coincidieron en un encuentro organizado por Servimedia en que la inclusión laboral sigue siendo uno de los grandes desafíos pendientes.

Aunque España se sitúa entre los países más avanzados en esta materia, los datos evidencian que todavía existe una profunda brecha entre las personas con y sin discapacidad en el acceso al empleo.

El diálogo, dirigido especialmente al tejido empresarial, subrayó que la plena inclusión no puede depender solo de la normativa o de la voluntad institucional: requiere que las compañías asuman un papel activo, estratégico y sostenido en el tiempo.

Moderado por José Manuel González Huesa, director de Servimedia y de la revista Perfiles, el encuentro reunió a Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE; Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España; Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI Estatal; Laura Sánchez Beltrán, jefa de Servicio de la Subdirección General de Diálogo Civil del Ministerio de Derechos Sociales; y Francisco Cana, consejero técnico de la Oficina de la OIT para España.

La inclusión laboral como eje central

Fernando Riaño destacó que la Convención de la ONU supuso un punto de inflexión al consolidar jurídicamente los derechos de las personas con discapacidad, aunque advirtió de que el verdadero desafío sigue siendo hacerlos efectivos. "Una cosa es que un derecho forme parte del ordenamiento jurídico y otra que se cumpla", señaló. En este sentido, defendió que el vigésimo aniversario de la Convención es una oportunidad para analizar los avances logrados, pero también para identificar los retos pendientes.

El responsable del Grupo Social ONCE subrayó el papel esencial de las empresas en esta transformación social y laboral. A su juicio, el empleo es "lo que cambia la vida de las personas" y constituye el principal instrumento para alcanzar una inclusión real. Por ello, valoró positivamente la evolución experimentada en los últimos años y el creciente compromiso empresarial con la discapacidad.

Fernando Riaño: “El empleo es lo que cambia la vida de las personas y constituye el principal instrumento para alcanzar una inclusión real”

Riaño puso como ejemplo al Grupo Social ONCE y a Ilunion para demostrar que la inclusión laboral es viable y beneficiosa. Recordó que el Grupo Social ONCE cuenta con cerca de 80.000 trabajadores y que en Ilunion más de 18.000 empleados tienen discapacidad. "Estos datos confirman o desmitifican cualquier relato", afirmó, defendiendo que la experiencia española demuestra que la integración laboral no solo es posible, sino también rentable y generadora de valor.

Asimismo, reclamó una mayor presencia de la discapacidad en las estrategias empresariales de sostenibilidad y lamentó que la dimensión social siga siendo la menos desarrollada dentro de los criterios ESG. "La sostenibilidad sin la perspectiva social o de la discapacidad estaría incompleta", sostuvo. También insistió en la necesidad de contar con más datos y más compromiso para avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva porque, según concluyó, "todavía queda mucho camino por recorrer".

Del compromiso a la acción empresarial

Por su parte, Cristina Sánchez advirtió de que todavía existe una importante distancia entre los compromisos asumidos por las empresas y su aplicación efectiva. "Sí que hay un compromiso en el papel, pero realmente no se ha pasado a la acción más concreta", señaló durante el encuentro.

La directora ejecutiva del Pacto Mundial explicó que las grandes compañías españolas han avanzado de forma notable en materia de inclusión, especialmente las empresas del IBEX 35, donde la implantación de políticas relacionadas con la discapacidad es prácticamente generalizada. No obstante, alertó de que la situación es muy distinta en las pequeñas y medianas empresas, donde los niveles de desarrollo siguen siendo insuficientes y alejados de los objetivos deseables.

La inclusión en las pequeñas y medianas empresas sigue siendo insuficiente y alejada de los objetivos deseables

Sánchez defendió que la inclusión debe abordarse desde una perspectiva estratégica y no únicamente como una obligación legal. "Esto es una oportunidad, es un tema de competitividad, de retención de talento y de acceso a nuevos mercados", afirmó. En este sentido, sostuvo que "las oportunidades se abren muchísimo más cuando pasamos del mero cumplimiento normativo a enfocarlo como una oportunidad empresarial", y añadió que ese será "el valor diferencial entre una empresa que realmente ve a las personas con discapacidad como una oportunidad y otra que solo busca cumplir la normativa".

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de ampliar el concepto de integración de las personas con discapacidad dentro de las organizaciones. "Hay una falta de conocimiento sobre de qué hablamos cuando hablamos de integración", indicó.

Según explicó, muchas empresas siguen asociando esta cuestión únicamente a la accesibilidad física de sus instalaciones, cuando todavía existe "muchísimo margen de mejora" en ámbitos como los productos, los servicios y especialmente la accesibilidad digital.

Además, advirtió de que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de exclusión si reproduce sesgos ya existentes en los procesos de selección y gestión empresarial.

Un cambio de paradigma basado en derechos

Pilar Villarino definió la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como un hito histórico para el movimiento asociativo. "Para todo el movimiento de la discapacidad en España esta Convención ha sido lo mejor que nos ha pasado", afirmó. La directora ejecutiva del Cermi recordó que este tratado internacional consolidó definitivamente el cambio de paradigma desde un modelo asistencial hacia otro basado en derechos, situando a las personas con discapacidad como sujetos activos y no como meros receptores de protección.

Según explicó, la Convención permitió plasmar jurídicamente una reivindicación histórica del sector. "Ya no queremos caridad, tenemos derechos y podemos exigirlos", señaló. A su juicio, este enfoque ha transformado la manera en que las instituciones, las empresas y la sociedad entienden la discapacidad, convirtiendo la igualdad de oportunidades y la inclusión en obligaciones exigibles y no en actos voluntarios de buena voluntad.

Pilar Villarino: "Ya no queremos caridad, tenemos derechos y podemos exigirlos"

La directora ejecutiva del Cermi puso también en valor el proceso de adaptación normativa desarrollado en España durante las dos últimas décadas. Destacó especialmente la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución y recordó que el país se ha situado entre los más avanzados en la incorporación de los principios de la Convención al ordenamiento jurídico.

No obstante, insistió en que el reto ahora es garantizar el cumplimiento efectivo de esos derechos mediante mecanismos de rendición de cuentas y supervisión.

Villarino defendió además el papel de las alianzas entre administraciones públicas, organizaciones sociales y empresas como herramienta imprescindible para seguir avanzando. "Las empresas tienen un papel fundamental y tenían que estar en esa alianza", afirmó.

Acceso al empleo público

Laura Sánchez recordó que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no obliga únicamente a las administraciones públicas, sino también al conjunto de la sociedad y, de forma muy especial, a las empresas. En este sentido, destacó que su responsabilidad no se limita a la contratación de personas con discapacidad, sino que también alcanza a los productos, bienes y servicios que ofrecen a la ciudadanía.

La representante del Ministerio puso en valor los avances producidos en el acceso al empleo público, donde actualmente existe una reserva de hasta el 10% de las plazas para personas con discapacidad, de las cuales un 2% están destinadas a personas con discapacidad intelectual.

En el empleo público, actualmente existe una reserva de hasta el 10% de las plazas para personas con discapacidad

Sin embargo, reconoció que muchas de estas plazas siguen quedando vacantes. A su juicio, esto ocurre porque persiste el temor a no encontrar entornos laborales plenamente inclusivos o a no disponer de los ajustes razonables necesarios. "Las personas con discapacidad tenemos miedo de que no seamos completamente incluidas o acogidas en los trabajos", señaló.

Además, Sánchez consideró que "el salto de la formación al empleo es el mayor reto que queda ahora mismo", aseguró. Por ello, reclamó una mayor implicación empresarial para generar oportunidades reales de desarrollo profesional y para que las personas con discapacidad puedan construir carreras laborales acordes con sus capacidades y aspiraciones.

Asimismo, destacó la importancia de avanzar hacia una accesibilidad universal efectiva, especialmente en los entornos digitales. Según explicó, uno de los grandes retos pendientes es la accesibilidad cognitiva, todavía muy poco implantada en páginas web, servicios y plataformas digitales.

Una mirada global desde la OIT

Por último, Francisco Cana recordó que la Organización Internacional del Trabajo lleva décadas impulsando la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Como ejemplo, destacó el Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas con discapacidad, aprobado en 1983, mucho antes de la Convención de Naciones Unidas. "La OIT ya venía trabajando en este ámbito mucho antes de que existiera la Convención", señaló, destacando que muchos de los principios recogidos posteriormente por la ONU ya estaban presentes en aquel instrumento internacional.

El representante de la OIT explicó que la organización trabaja junto a gobiernos, empresas y agentes sociales para promover políticas inclusivas y garantizar que los derechos de las personas con discapacidad se traduzcan en oportunidades reales de empleo. En este sentido, defendió el diálogo social como una herramienta fundamental para avanzar hacia mercados laborales más equitativos e inclusivos.

Francisco Cana: "Solo tres de cada diez personas con discapacidad participan activamente en el mercado laboral"

Cana aportó diversos datos que reflejan la persistencia de importantes desigualdades a escala mundial. "Solo tres de cada diez personas con discapacidad participan activamente en el mercado laboral", advirtió. Además, señaló que existe una brecha salarial global cercana al 12% entre trabajadores con y sin discapacidad.

También alertó sobre la situación de los jóvenes con discapacidad, que afrontan mayores dificultades para acceder tanto a la formación como al empleo, lo que incrementa su riesgo de exclusión social.

Respecto a España, reconoció los avances logrados gracias a medidas como las cuotas de reserva, los incentivos a la contratación y otras políticas de apoyo a la inclusión laboral. Sin embargo, insistió en que los datos siguen mostrando diferencias significativas respecto a la población sin discapacidad.

Por ello, defendió la necesidad de mantener y reforzar las políticas públicas y el compromiso empresarial para lograr una igualdad efectiva de oportunidades en el acceso y la permanencia en el empleo.