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Acción representativa de la discapacidad organizada para una Legislatura decisiva

La iniciada será una Legislatura en exceso polarizada, con riesgo incluso de frentismo, viéndose sometida la sociedad a tensiones no conocidas en la etapa democrática. El desencuentro permanente y la política divisiva perjudica,  distrae la atención de los temas que, según la visión tradicional y errada, aún no superada, son secundarios como es lo social.

 

Por Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

26/01/2024
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Ante esto, el sector de la discapacidad debe contribuir a la paz política y social, aportando cohesión y contribuyendo a generar consensos básicos. Sin incurrir en propia complacencia, la discapacidad organizada es un sector cívico percibido como sólido, fiable y útil, razón por la que hemos de empeñar esa buena reputación en el designio de aportar más a la mejora colectiva.

Volvemos a tener un Gobierno de coalición, hecho ya no tan inédito. Es lógico pensar que, tras el primero de estas características, este segundo, debido al factor de aprendizaje, actúe de modo más unitario, aunque persistan los matices derivados de su procedencia plural.

La agenda política de la discapacidad no se agota en los ministerios sociales, por lo que, sin descuidar estos, es preciso potenciar el espectro amplio de llegar a todos los que tengan algo que decir y sobre todo que decidir.

Muy previsiblemente, será una Legislatura de menor producción legislativa, si la comparamos con la anterior, por las dificultades de lograr las mayorías necesarias para cada Ley y las exigencias que eso comportará, por lo que habrá que centrar la acción en el plano de los desarrollos normativos reglamentarios de la vasta acción legislativa heredada que ahora deberá desplegarse. Empero, como discapacidad organizada deberemos seguir incidiendo en la esfera parlamentaria por la buena posición que tenemos en ella, y por los alentadores y sostenidos resultados, en términos de avances para nuestra base social (personas con discapacidad y sus familias), que esta esfera de poder siempre supone.

Si dirigimos la mirada al reparto político de los poderes territoriales, en relación con los del Estado central, en los que predominan fuerzas políticas de signo distinto, el rol de inducción y construcción de acuerdos que nos corresponde se verá incrementado. En un Estado compuesto como el español, en el que la mayor parte de las competencias que guardan relación directa con el bienestar de las personas con discapacidad están en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, no resulta admisible una actuación divergente, al menos, en las grandes cuestiones que trasciende la particularidad partidista.

"La sociedad civil de nuestro país debe tomar posiciones de mayor relevancia"

También habrá que acentuar en la agenda política de la discapacidad las cuestiones de mujeres y niñas, por convicción y utilidad, particular y global (la creación de la Fundación CERMI Mujeres diez años atrás ha sido un completo éxito estratégico y de visibilidad y alcance), al igual que consolidar nuestra alianza con el sector de personas mayores, con el que compartimos tanto, y abrirnos con más intensidad a nuevos campos como el de la infancia.

Finalmente, no podemos dejar de lado Europa, ya que lo que venga de allí en cuanto a decisiones políticas y normativas, no encuentra discusión aquí. Nuestra incidencia directa en Europa, como discapacidad española, la desplegada directamente como la que deberemos realizar con el Foro Europeo de la Discapacidad, es un esfuerzo que a medio plazo arrojará resultados tangibles. Como Tercer Sector de Acción Social hemos de actuar para que España sea el frente social de primera línea en Europa, habida cuenta de que hay un espacio semivacío en el que la sociedad civil de nuestro país debe tomar posiciones de mayor relevancia.

En resumidas cuentas, cuatro años por delante, una Legislatura decisiva para los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad, en la que la acción representativa y la incidencia política de la discapacidad organizada articulada en torno al CERMI obrará para ser determinante en el avance social que, sin duda, estas merecen.

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