Uno de cada tres pensionistas vive bajo el umbral de pobreza

El encuentro, celebrado bajo el título ‘La situación económica de las personas mayores y el reto intergeneracional’ , estuvo dirigido por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, y contó con la participación de Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP); Joaquín Pérez, referente del Programa sobre Personas Mayores, con Discapacidad y Cuidadoras de Cruz Roja Española; Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis y economista especializado en Mercado de Trabajo y Sistema de Pensiones; y Lucía González, vicepresidenta Primera del Consejo General del Trabajo Social.

Jesús Norberto Fernández defendió la necesidad de situar el análisis económico de la vejez en toda su complejidad. “El sector de las personas mayores es muy heterogéneo y presenta situaciones muy distintas, muy duales, que dependen del territorio, del género, del nivel educativo o del estado de salud”, afirmó.

Seguridad económica y calidad de vida en la vejez

Fernández subrayó que la calidad de vida y el envejecimiento activo están “muy condicionados por la seguridad económica”, entendida como la capacidad de cubrir necesidades básicas y vivir con tranquilidad. A su juicio, el debate debe alejarse de simplificaciones y de intentos de polarización entre generaciones que “responden a intereses muy diversos”.

Desde Cruz Roja Española, Joaquín Pérez puso el foco en la realidad de las personas mayores en situación de mayor vulnerabilidad. A pesar de que la pensión media se sitúa en torno a los 1.500 euros, recordó que la media de las personas atendidas por la organización es de 575 euros mensuales, “una cantidad que no alcanza ni siquiera los mínimos necesarios”.

Pérez destacó que esta situación afecta de manera especial a las mujeres, muchas de ellas con pensiones de viudedad muy bajas debido a trayectorias laborales sin empleo remunerado. “Eso influye en todos los aspectos de la vida: en la salud, en el bienestar emocional y en la capacidad de relacionarse”, explicó, vinculando directamente precariedad económica y soledad no deseada.

El representante de Cruz Roja advirtió además del esfuerzo silencioso que realizan muchas personas mayores al transferir recursos a sus familias en contextos de crisis. “Durante la crisis económica o la pandemia, han sido un colchón económico para hijos y nietos”, señaló.

Pensiones, reformas y retos intergeneracionales

Por su parte, Antonio González reconoció que las últimas reformas han permitido recuperar la garantía del poder adquisitivo de las pensiones. “Eso evita que las condiciones de vida de los pensionistas empeoren progresivamente por efecto de la inflación”, apuntó.

No obstante, advirtió de dos grandes desafíos estructurales. Por un lado, que las personas jubiladas ya no pueden beneficiarse de las mejoras generales de la economía; por otro, que la pérdida de poder adquisitivo agranda las diferencias internas entre pensionistas. “No todos parten de la misma situación y hay quienes tienen pensiones muy bajas desde hace años”, afirmó.

Sobre el supuesto conflicto intergeneracional, el economista fue tajante: “No existe un enfrentamiento real entre pensionistas y trabajadores en activo”. Y recordó que el sistema de pensiones se basa en la solidaridad entre generaciones y que el deterioro de salarios y condiciones laborales de los jóvenes acaba afectando también a los mayores.

Servicios sociales y cuidados: una mirada integral

En su intervención, Lucía González reivindicó hablar de envejecimiento como proceso y no como una frontera rígida asociada automáticamente a dependencia. “Tenemos conceptos como la promoción de la autonomía personal que no estamos utilizando lo suficiente”, lamentó.

La representante del trabajo social alertó del escaso desarrollo de estos servicios a nivel estatal y de cómo el foco exclusivo en la dependencia deja fuera a muchas personas. “Ahí hay prevención, calidad de vida y detección de necesidades que estamos perdiendo”, señaló, defendiendo una intervención más temprana y comunitaria.

González incidió también en la dimensión de género de los cuidados. “La mayor parte de las personas atendidas son mujeres y la mayor parte de quienes cuidan también lo son”, afirmó, reclamando mayor visibilidad y una reflexión sobre cómo cuantificar y reconocer social y económicamente esa labor.

Desigualdad económica y brechas territoriales en las pensiones

Durante el debate, Jesús Norberto Fernández también describió las dos caras de la realidad económica de las personas mayores: un sector que concentra consumo, patrimonio y participación activa en la economía, y otro que vive con pensiones por debajo del salario mínimo. “Un 35% está por debajo del umbral de riesgo de pobreza y un 14% en pobreza severa”, explicó.

Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas, la prioridad es clara: mejorar las pensiones mínimas, reforzar las no contributivas y avanzar en medidas que reduzcan gastos fijos, especialmente energéticos y alimentarios. “Se trata de mejorar ingresos, reducir pagos y garantizar servicios públicos”, resumió Fernández.

La cuestión territorial apareció, además, como otro factor de desigualdad. Las diferencias entre comunidades autónomas, tanto en cuantías de pensiones como en acceso a servicios sociales y dependencia, fueron señaladas como un problema estructural que compromete la igualdad de derechos.

En este punto, Lucía González defendió la necesidad de una ley estatal de servicios sociales que blinde mínimos comunes. Reconoció las dificultades competenciales, pero alertó de que la actual fragmentación genera desigualdades profundas en el acceso a recursos esenciales.

Y Fernández, por su parte, planteó como alternativa avanzar hacia una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores. “Una norma que aborde de forma holística la igualdad, la autonomía, la no discriminación, las brechas y el sistema de cuidados”, explicó, inspirándose en otros marcos legales ya existentes para menores o personas con discapacidad.

Economía de los cuidados: inversión y retorno social

Otro de los ejes centrales del encuentro fue el de la economía de los cuidados. En este aspecto, Antonio González defendió que invertir en atención a mayores no es un gasto, sino un retorno económico y social. “Es un gran yacimiento de empleo y una prioridad de país”, afirmó, especialmente ante la jubilación progresiva de la generación del ‘baby boom’.

Joaquín Pérez, asimismo, añadió que esta planificación debe hacerse con antelación y con protagonismo de las propias personas mayores. “Tienen derecho a decidir cómo quieren ser cuidadas y a no sentirse una carga”, afirmó. En este sentido, Pérez alertó de que el 60% de las personas mayores atendidas por Cruz Roja se perciben a sí mismas como un gasto para la sociedad.

Y, por último, Jesús Norberto Fernández recordó que “invertir en lo social es económicamente rentable”. El presidente de la PMP insistió en que una sociedad longeva necesita planificación, derechos garantizados y una mirada intergeneracional basada en la cooperación. “No hay confrontación: todos vamos a ser mayores y todos necesitamos que este sistema funcione”, concluyó.