El Gobierno impone el prefijo 400 para frenar el fraude y las llamadas no deseadas

Durante años, las llamadas comerciales han sido una de las principales molestias cotidianas para millones de personas en España. A números ocultos y móviles internacionales camuflados como teléfonos nacionales, se han sumado prácticas fraudulentas cada vez más sofisticadas, dificultando la tarea de distinguir una oferta legítima de un intento de estafa. El resultado ha sido una creciente percepción de indefensión por parte de los usuarios.

“Todos hemos sufrido alguna vez llamadas desde un número que parecía el de un familiar o un amigo y luego resultaba ser una llamada comercial”, manifestó Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Para abordar este problema, el Gobierno ha decidido dar un paso más y modificar de forma estructural el sistema de numeración telefónica con “el objetivo de devolver a la ciudadanía el control sobre su teléfono”.

Esta obligación queda recogida en la Resolución del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 16 de abril de 2026, que desarrolla el Plan Nacional de Numeración Telefónica en aplicación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), aprobada en diciembre de 2025.

Desde que se pusieron en marcha las primeras medidas, el sistema permite interceptar más de 235.000 llamadas fraudulentas al día, además de unos 10.000 mensajes diarios, una cifra que el Gobierno considera significativa en términos de protección del consumidor.

El prefijo 400

Entre esas medidas adoptadas por el Ministerio para la Transformación Digital se encuentra la aprobación de una resolución que introduce un prefijo exclusivo para llamadas comerciales, refuerza el bloqueo automático de llamadas ilegales y limita el envío de mensajes fraudulentos.

En atención a esta reforma, a partir de octubre de 2026 todas las empresas que deseen realizar comunicaciones de carácter comercial deberán hacerlo desde números de nueve dígitos que comiencen por 400, “lo que permitirá a los usuarios identificar fácilmente este tipo de comunicaciones”, afirmó el ministro. La clave del sistema es la identificación inmediata de la llamada.

Todas las empresas que deseen realizar comunicaciones de carácter comercial deberán hacerlo desde números que comiencen por 400

La medida obliga también a las operadoras de telecomunicaciones a bloquear automáticamente cualquier llamada comercial que no utilice este prefijo, cerrando así la puerta a la mayoría de las llamadas no deseadas que hasta ahora se realizaban desde números móviles o no identificables. Con estas medidas, el Ejecutivo busca reducir de manera drástica el ‘spam’ telefónico y limitar el fraude.

Otro de los elementos más relevantes de la reforma es el carácter unidireccional del nuevo prefijo. Los números 400 solo servirán para llamar, pero no podrán recibir llamadas entrantes, impidiendo que los usuarios devuelvan la llamada y puedan ser víctimas de fraudes o cargos indebidos. Óscar López subrayó que los números 400 “servirán únicamente para realizar llamadas, no para recibirlas, evitando así posibles estafas derivadas de la devolución de llamadas”.

El Gobierno ha puesto especial énfasis en este punto debido a la proliferación de estafas basadas en la devolución de llamadas perdidas. Con esta arquitectura técnica, el Ejecutivo busca que la identificación de una llamada comercial no solo sea visual, sino también segura desde el punto de vista operativo.

El Ejecutivo busca que la identificación de una llamada comercial no solo sea visual, sino también segura

Por otra parte, la introducción de este nuevo prefijo no alterará los sistemas de atención al cliente ya existentes. Los números 800 y 900, así como otros números geográficos o cortos habilitados para ese fin, seguirán utilizándose para la atención a usuarios que ya mantengan una relación contractual con las empresas.

Resto de reformas

El prefijo 400 forma parte de una estrategia más amplia contra el fraude telefónico y digital, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública desde 2024. Entre las medidas complementarias destaca la regulación del envío de mensajes de texto masivos y la lucha contra la suplantación de identidad mediante SMS.

A partir del 7 de junio de 2026, solo podrán enviar mensajes masivos las empresas y administraciones inscritas en un registro oficial de identificadores alfanuméricos, gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El objetivo es poner fin a los SMS que simulan proceder de bancos, compañías energéticas o incluso organismos públicos. “Se acabaron los mensajes que suplantan a entidades del Gobierno, bancos o empresas, que eran falsos”, afirmó el ministro.

A partir del 7 de junio de 2026, solo podrán enviar mensajes masivos las empresas y administraciones inscritas en un registro oficial

Además, se refuerza el bloqueo de llamadas procedentes de números internacionales que se hacen pasar por numeraciones españolas y se consolida la prohibición de utilizar números móviles para llamadas comerciales sin consentimiento.

Más allá de la tecnología, la reforma responde al principio del derecho del ciudadano a saber quién le llama y con qué finalidad. Como defendió el propio ministro, se trata de que cualquier persona pueda decidir “con información” si desea atender una llamada. Si, finalmente, el calendario se cumple, octubre marcará el inicio de una nueva etapa en la relación entre empresas y usuarios, con un teléfono menos intrusivo y, al menos en teoría, más seguro.