El Congreso inicia la tramitación de la Ley de Protección Digital Infantil con apoyo mayoritario y algunas críticas

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la tramitación del proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, conocida como Ley de Protección Infantil. La norma, impulsada por el Gobierno, fue respaldada por la mayoría de grupos parlamentarios, con la excepción de Vox, que presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada. La iniciativa busca establecer un nuevo marco normativo que garantice la seguridad, privacidad y acceso a contenidos adecuados para los menores en el entorno digital. 

Entre las medidas contempladas destacan el aumento de la edad mínima para crear cuentas en redes sociales, que pasará de 14 a 16 años, y la imposición de obligaciones legales a plataformas, fabricantes de dispositivos e influencers. “La edad media en la que los menores tienen móvil en España es de 11 años y es también con esa edad cuando acceden por primera vez a contenidos pornográficos”, explicó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su intervención en el Pleno del Congreso. “Esta realidad preocupa a más del 90% de las familias españolas”, añadió.

La ley también incorpora reformas penales, como la creación de un nuevo delito por difusión indiscriminada de material pornográfico a menores, la tipificación de los deepfakes sexuales como atentado contra la integridad moral o el agravamiento de penas por grooming. Según Bolaños, se trata de una regulación “valiente y pionera” consensuada con otros ministerios y sectores afectados, y que cuenta con el aval de la Comisión Europea.

La tramitación parlamentaria coincidió con la comparecencia de organizaciones como Unicef España y Save the Children ante la Comisión de Justicia del Congreso. Ambas ONG reclamaron una responsabilidad más clara y directa para las plataformas digitales en la protección de la infancia. Ignacio Guadix, responsable de educación y derechos digitales de la infancia en Unicef, advirtió sobre “el deterioro del bienestar emocional, las violencias digitales y la exposición de los menores a la desinformación”. Catalina Perazzo, directora de influencia de Save the Children, señaló que “la autorregulación y los códigos de conducta no son suficientes” y propuso una “rendición de cuentas algorítmica” y restricciones a la publicidad dirigida a menores.  Entre otros aspectos, la norma obligará a los centros educativos a regular el uso de dispositivos en el aula y exigirá a las plataformas establecer canales de denuncia y verificación de edad cuando el contenido pueda ser perjudicial para los menores.