“Los recortes internacionales amenazan décadas de avances frente al VIH”

Concretamos junto a Ryand el estado del 95-95-95 en España. Este objetivo, impulsado por ONUSIDA, busca poner fin a la epidemia del VIH como amenaza para la salud pública en 2030 y se concreta en que el 95% de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico, que el 95% de quienes están diagnosticadas reciban tratamiento antirretroviral y que el 95% de quienes están en tratamiento logren una carga viral indetectable.

- ¿Qué consecuencias concretas están teniendo los recortes en la financiación internacional de los programas de prevención del VIH en los países con menos recursos?

Los recortes internacionales ya están provocando menos pruebas, interrupciones en tratamientos y un retroceso en programas esenciales de prevención como PrEP, preservativos, reducción de daños y atención materno-infantil. Millones de personas en países de bajos recursos dependen de esta financiación para mantener la terapia antirretroviral y los servicios comunitarios. La evidencia indica que, si no se revierten estos recortes, podrían producirse millones de nuevas infecciones y muertes evitables, especialmente entre poblaciones clave históricamente marginadas. En resumen, décadas de progreso frente al VIH corren riesgo real de deshacerse.

- ¿De qué manera la reducción de estos fondos puede repercutir en España, tanto en términos epidemiológicos como de movilidad global y cooperación sanitaria?

El VIH no entiende de fronteras: el problema se centra en países con menos recursos, pero España y Europa no permanecen ajenas. Vivimos en un mundo muy interconectado. El aumento de casos en otras regiones puede repercutir en la salud global.

Aproximadamente la mitad de los nuevos diagnósticos en España se detecta en personas migrantes. Por eso, la evolución mundial del virus guarda relación con la realidad nacional.

- ¿Qué papel debería asumir España –como país donante y receptor indirecto de estos impactos– para mitigar los efectos de estos recortes y garantizar la sostenibilidad de los programas de prevención?

España debería mantener y, si es posible, incrementar sus contribuciones al Fondo Mundial, ONUSIDA y otros mecanismos multilaterales, reforzando así su papel en la respuesta global frente al VIH, con enfoque de derechos humanos y liderazgo comunitario. También puede ejercer un papel activo en la Unión Europea para que el VIH vuelva a situarse como prioridad política y financiera, apoyando a los países de renta baja a fortalecer sistemas públicos, vigilancia epidemiológica y programas para poblaciones clave. De hecho, en los últimos años, España ha jugado un papel muy importante en el ámbito europeo, en especial en lo que tiene que ver con la lucha contra el estigma.

España ha jugado un papel muy importante en el ámbito europeo, en especial en lo que tiene que ver con la lucha contra el estigma

- ¿En qué punto se encuentra España actualmente respecto al cumplimiento del objetivo 95-95-95 y cuáles son las principales brechas identificadas por los expertos?

Con los datos más recientes disponibles (2022), España se sitúa aproximadamente en 92,5%, 96,6%, 90,4% (personas diagnosticadas, en tratamiento y con carga viral indetectable), es decir, muy cerca pero aún por debajo del 95‑95‑95. La principal brecha está en el primer 95 (personas que siguen sin diagnóstico o con diagnóstico tardío) y persisten desigualdades en la supresión viral sostenida en algunos colectivos vulnerables y territorios. El objetivo 95‑95‑95 es alcanzable, pero exige acelerar el ritmo y reducir inequidades. Habrá que estar atentos a la actualización de estos datos, que sucederá en la próximas semanas probablemente, para ver si se confirma la tendencia decreciente desde la anterior estimación (el año 2016), donde la infección oculta era del 14,8%.

- ¿Qué colectivos o territorios presentan mayores dificultades para alcanzar alguno de los tres indicadores (diagnóstico, tratamiento y carga viral indetectable)?

En España la principal brecha está en el primer 95, con un porcentaje relevante de personas que siguen sin diagnóstico o que llegan tarde a él. Este diagnóstico tardío afecta de forma especial a personas nacidas en otros países, a personas heterosexuales y a adultos de mayor edad, que suelen percibirse fuera del riesgo y acceden menos a la prueba. Además, en algunas CCAA con menor oferta específica persisten barreras para acceder a la prueba, a la PrEP y a servicios libres de estigma.

Respecto al tercer 95, el objetivo es garantizar acceso universal al tratamiento y mejorar la retención en cuidados, donde los colectivos más vulnerables son también los más perjudicados. En ellos deben centrarse las estrategias, adaptando los servicios a sus necesidades para asegurar diagnóstico precoz, continuidad asistencial y supresión viral sostenida.

Además, mirando la epidemiología del VIH en España, se observa que la tasa de nuevos diagnósticos ha descendido de manera global para todos los grupos, pero no se observa ese descenso en la transmisión sexual de personas con origen extranjero. Sabemos que algunos de estos diagnósticos provienen del país de origen, pero que más de la mitad se dan tras su llegada a España.

La tasa de nuevos diagnósticos ha descendido de manera global para todos los grupos, pero no se observa ese descenso en la transmisión sexual de personas con origen extranjero

- ¿Qué cambios o inversiones serían prioritarios en los próximos años para garantizar que España pueda cumplir la meta en 2030?

Para alcanzar la meta 95-95-95 en 2030, España debe ampliar el acceso y las oportunidades de diagnóstico, como por ejemplo con estrategias de cribado más amplias o facilitando el autotest; ampliar y descentralizar el acceso a PrEP y PEP, reduciendo desigualdades territoriales; y consolidar equipos multidisciplinares en los que la enfermería tenga un papel central en educación, adherencia y acompañamiento. También es fundamental sostener a las ONG y a las comunidades, impulsar la educación sexual integral y eliminar barreras administrativas que dificultan el acceso a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento del VIH, especialmente entre personas migrantes, asegurando que el sistema sea realmente universal y accesible para ellas y otros grupos minorizados. Con estas inversiones, el objetivo 95-95-95 es alcanzable y España puede avanzar hacia los “tres ceros” en 2030.