Por una gran mayoría, todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, aprobaron el Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras.

De esta manera, la posibilidad de extinguir el contrato por la aparición de una incapacidad permanente, en sus grados de total, absoluta y gran incapacidad, no significará la extinción de la relación laboral, como ocurría hasta ahora. De esta manera, se condiciona a la voluntad de la persona trabajadora, que podrá solicitar una adaptación del puesto de trabajo (razonable, necesaria y adecuada) o el cambio a otro puesto vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.

El texto también establece criterios que determinan cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y también, en su caso, si son razonables para el tamaño de la empresa. Esta reforma entró en vigor, tras publicarse en el BOE, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

La persona trabajadora podrá solicitar una adaptación del puesto de trabajo, y el cambio a otro puesto vacante y disponible

El presidente de la Comisión de Trabajo y Economía Social de la Cámara Alta, Vicente Tirado (PP), señaló que hasta ahora las personas con una discapacidad sobrevenida por incapacidad permanente tenían “un papel pasivo” en el futuro de su empleo y, desde ahora, tendrán un “papel activo”. La senadora del PSOE Rocío Briones se congratuló del elevado consenso y señaló que esta reforma da “esperanza” y “dignidad” a un colectivo que “presenta, de manera objetiva, una clara discriminación” en el acceso y mantenimiento en el empleo. Por su parte, la senadora de Vox Paloma Gómez advirtió de la “inseguridad jurídica” que provocará esta reforma y añadió que “vale la pena” la propuesta de veto para solucionar algunos “flecos” pendientes, informa Servimedia.

Derechos humanos

El presidente del Comité Español de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, expuso que “hasta ahora, la adquisición de una discapacidad en activo llevaba aparejada una suerte de muerte laboral, con la extinción de la relación de trabajo sin posibilidad de permanencia”. Por ello, calificó como una “conquista” esta modificación, que representaba, en su opinión, “una práctica discriminatoria contraria a los derechos humanos”. Además, precisó que “esta puede ser la ley de carácter laboral más relevante de toda la legislatura para las personas con discapacidad”.

“El derecho a seguir trabajando, si así lo desea la persona, debe estar garantizado con los ajustes razonables necesarios y sin que esto suponga una carga excesiva para la empresa”, defendió Pérez Bueno.