Once experiencias prueban que la inclusión genera empleo, innovación y resiliencia económica

Durante décadas, la inclusión de las personas con discapacidad ha ocupado un lugar destacado en las agendas políticas europeas. Sin embargo, la distancia entre el compromiso formal y la transformación real sigue siendo amplia. ¿Qué ocurre cuando la inclusión deja de formularse como un principio y se convierte en una práctica cotidiana?

Esa es la pregunta de fondo que articula From Principle to Action. Best Practices for Disability Inclusion (Del principio a la acción. Buenas prácticas para la inclusión de las personas con discapacidad), una guía elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Discapacidad de Social Economy Europe, con el liderazgo de Fundación ONCE. El documento recoge once iniciativas activas en siete países europeos –España, Francia, Rumania, Bélgica, Polonia, República Checa y Eslovenia–, impulsadas desde la economía social y desplegadas en ámbitos clave como el empleo, la vivienda, la salud, la tecnología, la movilidad o la respuesta humanitaria.

No se trata de proyectos experimentales ni de iniciativas marginales. Las experiencias seleccionadas comparten un rasgo común: están integradas en estructuras económicas reales, generan actividad y ofrecen resultados medibles. En palabras de Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe, “la economía social pone a las personas y al propósito por encima del beneficio, reinvirtiendo los excedentes en objetivos colectivos y ofreciendo soluciones innovadoras centradas en las personas”.

La economía social como motor de inclusión laboral

La guía parte de un marco incontestable. La economía social agrupa 2,8 millones de entidades en la Unión Europea, representa cerca del 8% del PIB y emplea a más de 13,6 millones de personas. Al mismo tiempo, una de cada cuatro personas en la UE vive con algún tipo de discapacidad (107 millones de personas), pero apenas la mitad de la población con discapacidad en edad laboral tiene empleo.

Uno de los aportes más relevantes de la guía es que desmonta la idea de la inclusión como una carga económica. En España, Ilunion Reciclados procesa más de 200.000 toneladas anuales de residuos electrónicos, con más del 70% de su plantilla formada por personas con discapacidad, muchas de ellas en puestos técnicos. El proyecto conjuga transición verde, innovación industrial y empleo inclusivo a gran escala.

Cuidados, vivienda y empleo: la inclusión como eje de la vida cotidiana

La misma lógica atraviesa el ámbito de los cuidados y la vivienda. El modelo Senior Living, impulsado por Ilunion en Pontevedra, combina apartamentos accesibles con servicios flexibles y generará alrededor de 100 puestos de trabajo, de los cuales más del 40% serán ocupados por personas con discapacidad.

El empleo aparece como uno de los ejes centrales del informe. No solo como fuente de ingresos, sino como herramienta de autonomía, participación y ciudadanía. Iniciativas como Solea, una cooperativa industrial en la República Checa, demuestran que la inclusión es compatible con sectores altamente competitivos: más del 75% de su plantilla, formada por 180 personas, tiene discapacidad y produce componentes para marcas como BMW o Audi.

En Rumanía, JobDirect ha desarrollado el único modelo especializado en intermediación laboral para personas con discapacidad. Desde 2016 ha acompañado a más de 500 personas, con una tasa de inserción del 50% y una retención del 90% en los primeros seis meses, combinando orientación personalizada, formación y acompañamiento prolongado en el puesto de trabajo.

Cuando la inclusión no es un coste, sino una ventaja competitiva

Otros modelos, como la cooperativa Łaźnia en Polonia o la lavandería social Mandelík en Praga, amplían la mirada. En ambos casos, la actividad económica se combina con apoyo psicosocial para personas con problemas de salud mental, ofreciendo empleo protegido o transiciones progresivas al mercado ordinario.

La guía subraya que la inclusión no se agota en el empleo. Proyectos como Sens, una aplicación desarrollada en Francia para jóvenes con discapacidad visual o auditiva, muestran cómo la tecnología puede reforzar la independencia cuando se diseña desde la experiencia de los propios usuarios. La aplicación, cocreada con jóvenes y profesionales, cuenta con una valoración media de 4,7 sobre 5.

En el ámbito sanitario, Oxance, una red mutualista francesa con 130 centros en 17 departamentos y cinco regiones, atiende cada año a un millón de personas, ofreciendo servicios médicos, dentales y sociosanitarios sin copagos y combatiendo los llamados “desiertos médicos”.

La movilidad, condición imprescindible para la autonomía personal, también ocupa un lugar destacado. En Bélgica, Altéo realiza 73.000 servicios de acompañamiento al año, con 400 voluntarios, facilitando el acceso a citas médicas, gestiones administrativas y vida social a más de 6.500 personas.

Recomendaciones europeas desde la experiencia práctica

Más allá del catálogo de experiencias, la guía lanza mensajes claros para la acción pública. Uno de ellos es la necesidad de preservar y reforzar el Fondo Social Europeo en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, como instrumento clave para la inclusión.

“Preservar el Fondo Social Europeo como piedra angular de las prioridades sociales de la UE será esencial para garantizar que la inclusión siga en el centro de las políticas europeas”, subrayó Juan Antonio Pedreño.

El documento también recomienda integrar de forma transversal la economía social en las políticas europeas y reconocer su capacidad para convertir objetivos estratégicos en resultados tangibles. En palabras de Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, “la intersección entre discapacidad y economía social no solo mejora vidas, sino que aporta valor tangible a Europa: impulsa la innovación inclusiva, refuerza el tejido productivo y contribuye a una transición justa”.