La economía social reclama cambios en la futura ley sobre transparencia y grupos de interés

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) manifiesta su apoyo al objetivo de transparencia e integridad que inspira el Real Decreto-Ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, una finalidad legítima y necesaria para reforzar la confianza de la ciudadanía en los procesos de elaboración normativa y en las relaciones entre las instituciones públicas y los actores sociales y económicos.

El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, considera “que determinadas obligaciones introducidas por la nueva regulación exceden lo necesario para garantizar dicho objetivo y generan cargas administrativas y exigencias de información que resultan desproporcionadas respecto de la finalidad perseguida”.

Desde la patronal de la Economía Social se valora que la transparencia debe compatibilizarse con la protección de información relativa a la estrategia institucional, la organización interna y la planificación de la actividad de representación de intereses legítimos. Según Cepes, la publicación y comunicación sistemática de determinada información, documentación y actividades, que se exigen como obligaciones a los grupos de interés en el Real Decreto-Ley, puede afectar a elementos sensibles de funcionamiento y comprometer la capacidad de actuación de las entidades.

Por ello, Pedreño solicita se adapte este Real Decreto a los estándares europeos. “El Registro de Transparencia de la Unión Europea constituiría una referencia suficiente y adecuada para satisfacer las exigencias de transparencia, garantizando al mismo tiempo un equilibrio razonable entre el derecho de la ciudadanía a conocer quién participa en los procesos de decisión pública y la necesaria protección de información interna de las organizaciones”, advierte el presidente de Cepes.

Exclusión de sindicatos y patronales

Asimismo, la patronal advierte que en el Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, remitido al Congreso de los Diputados en febrero de 2025, se contemplaba expresamente la exclusión de las organizaciones sindicales y empresariales del ámbito de aplicación de determinadas obligaciones previstas para los grupos de interés, en reconocimiento de la singular función institucional que les atribuye nuestro ordenamiento jurídico.

Cepes considera "difícilmente justificable" que esto haya sido modificado de la propuesta legislativa, especialmente teniendo en cuenta que sindicatos y organizaciones empresariales desempeñan una función constitucionalmente reconocida en el diseño de políticas públicas, la negociación y el diálogo institucional con el Gobierno y las Administraciones Públicas.

Según la patronal de la economía social, la desaparición de esta exclusión supone equiparar a estas organizaciones con operadores profesionales de lobby o consultoría institucional, ignorando la singular posición que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, Juan Antonio Pedreño, hace un llamamiento al Gobierno y a las formaciones políticas para que, durante la tramitación y debate parlamentario de la norma, se revisen estos aspectos en la futura normativa sobre los grupos de interés.

Los sindicatos exigen rectificar

En este sentido, UGT y CC. OO. exigieron la retirada del Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés porque consideran que “vulnera el papel constitucional de las organizaciones sindicales” y supone un “despropósito” tanto por el fondo como por la forma empleada por el Gobierno para su aprobación, informa Servimedia.

“Equiparar a las organizaciones sindicales con el papel que puedan desarrollar los diferentes grupos de interés supone ignorar, por parte del legislador, las funciones representativas constitucionales atribuidas a los agentes sociales directamente por los artículos 7 y 28 de la Constitución y por la propia Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical”, avisaron los sindicatos en un comunicado.

A su juicio, las organizaciones sindicales son sujetos constitucionales y caracterizarlas como grupo de interés, por el hecho de participar en la elaboración de políticas públicas y los proyectos normativos que las desarrollan para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad, supone desconocer por parte del legislador el contenido de un derecho y una obligación atribuidos a dichas organizaciones por la normativa básica.

“Si se pretende poner en valor el diálogo y la concertación social, no se pueden considerar como grupos de interés a las organizaciones sindicales, ignorando su naturaleza de sujeto constitucional con unas obligaciones de representación y participación en el diálogo y la concertación social y en la estructura institucional del país”, indicaron desde los sindicatos.

Apoyo del Tercer Sector

Por su parte, la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha valorado a través de un comunicado la aprobación del nuevo marco estatal de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés, que establece por primera vez un Registro estatal de grupos de interés y mecanismos para mejorar la trazabilidad de la participación de organizaciones y entidades en la elaboración de políticas públicas.

Para la Plataforma, esta regulación supone un reconocimiento del papel que desempeña la sociedad civil organizada en la defensa de derechos, la lucha contra la exclusión social y la mejora de las políticas públicas. Asimismo, contribuye a reforzar la transparencia y la confianza ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas.