Las organizaciones responden a la aprobación de la nueva normativa

CEPES y FEACEM celebran la nueva Ley Integral de Economía Social

La Ley Integral de Impulso de la Economía Social, aprobada definitivamente el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, ha generado una reacción más que favorable entre las organizaciones representativas del sector. CEPES ha celebrado el “gran avance” que supone el nuevo marco legal y FEACEM, por su parte, ha destacado la seguridad jurídica y la definición precisa del perímetro de la Economía Social, elementos que considera esenciales para reforzar el empleo inclusivo y la finalidad social de sus entidades.

Por A. G.

31/03/2026
Representantes de las organizaciones de la Economía Social delante del Congreso de los Diputados

Tras la aprobación definitiva de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) subrayó que el nuevo marco normativo consolida el reconocimiento institucional del sector y visibiliza su relevancia dentro del tejido productivo. Su presidente, Juan Antonio Pedreño, destacó que la votación en el Congreso ha permitido situar a la Economía Social “en el centro del debate parlamentario”, poniendo de relieve el papel que desempeñan sus entidades en la economía del país.

Pedreño remarcó especialmente el impulso del Ministerio de Trabajo y Economía Social durante toda la tramitación. Agradeció “el esfuerzo y el trabajo del Ministerio, de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y de todo su equipo” y consideró que su compromiso ha sido determinante para la aprobación del texto. Además, insistió en que el proceso parlamentario ha contado con un reconocimiento explícito a la aportación de cooperativas, empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.

Uno de los puntos que CEPES considera más relevantes es el refuerzo de la identidad de las empresas de inserción. La patronal sostiene que la nueva definición y el ajuste de sus requisitos contribuyen a evitar el intrusismo y a preservar la especificidad de entidades que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad. A ello se suma, según la organización, la clarificación del perímetro de la Economía Social, que pasa a integrar exclusivamente a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, un aspecto que consideran clave para proteger el modelo y garantizar su coherencia interna.

La patronal también destaca la incorporación de avances en modernización y simplificación, entre ellos la posibilidad de celebrar asambleas telemáticas en cooperativas y la reducción de cargas administrativas, medidas que —afirma— permiten mejorar la agilidad operativa y adaptarse mejor a entornos digitalizados.

CEPES ve avances, pero también retos aún abiertos

A pesar de su valoración positiva, CEPES señala que algunos asuntos que afectan a las cooperativas siguen pendientes de resolución. Pedreño adelantó que la organización trabajará desde este mismo momento con los grupos políticos y con el Ministerio para abordarlos. Entre sus prioridades figura la necesidad de evitar diferencias territoriales en el acceso a herramientas de competitividad y de trasladar al ámbito estatal algunos avances ya existentes en normativas autonómicas.

La confederación sitúa la aprobación de la ley en un contexto más amplio, recordando que España consolida así su posición como referente europeo en regulación y promoción del sector. A su juicio, el nuevo marco legislativo permite avanzar hacia políticas públicas más robustas y coherentes con el papel estratégico que la Economía Social desempeña en la cohesión territorial y el desarrollo económico del país.

FEACEM resalta la claridad jurídica y la protección del modelo de iniciativa social

Por su parte, la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) valoró especialmente la modificación de la Ley de Economía Social, que –según subraya– fija por primera vez un “perímetro inequívoco” sobre quién forma parte del sector y por qué. La federación considera que esta delimitación aporta seguridad jurídica, mejora la coherencia normativa y garantiza la estabilidad del modelo de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, cuya finalidad es promover empleo para personas con discapacidad reinvirtiendo íntegramente los beneficios obtenidos.

Daniel Aníbal García, presidente de FEACEM.
Daniel-Aníbal García, presidente de FEACEM.

FEACEM también afirma que la nueva regulación consolida el reconocimiento legal del modelo de iniciativa social, que se reforzó tras su incorporación a la Ley de Contratos del Sector Público en 2017. La organización subraya que, desde la entrada en vigor de esa modificación normativa, en 2018, no se ha producido destrucción de empleo ni de centros, sino un crecimiento sostenido que la nueva ley contribuye ahora a proteger y consolidar.

La federación rechaza la idea de que la nueva regulación pudiera afectar negativamente al empleo de las personas con discapacidad. Sostiene que la norma proporciona mayor estabilidad a las plantillas, facilita la inversión social y establece reglas claras para seguir generando empleo digno y de calidad. El presidente de FEACEM, Daniel‑Aníbal García, consideró que la ley “blinda la finalidad social reforzada de los CEE de iniciativa social” y aseguró que el nuevo marco normativo “cierra debates estériles y nos permite concentrarnos en lo esencial: crear y mantener empleo para las personas con discapacidad”.

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