“Necesitamos conocer los obstáculos que encuentran las mujeres con discapacidad y mayores”

El diálogo, celebrado bajo el título 'Violencia contra las Mujeres Mayores: una mirada interseccional', estuvo moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, y contó con la participación de Soledad Murillo, experta en Políticas Públicas de Igualdad; Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres; María José Segarra, fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores; e Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge Internacional España y representante de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP).

Martínez Lozano arrancó su intervención destacando que “la violencia de género es un problema grave que afecta a demasiadas mujeres en el mundo y en España” y señaló la importancia de que, desde las políticas públicas, se tenga en cuenta la diversidad para que se pueda ofrecer una respuesta más certera. “Necesitamos respuestas de política pública porque el diagnóstico lo tenemos claro. Tenemos buenos mecanismos legales y de protección, pero necesitamos conocer cuál es la realidad que hay detrás de las mujeres, cuáles son los obstáculos que encuentran las mujeres con discapacidad y mayores”, explicó.

Por su parte, Soledad Murillo apuntó que, de cara a avanzar hacia el futuro en materia de prevención de la violencia contra las mujeres mayores, “lo que importa realmente es la aplicación de la ley”. A este respectó, matizó que es preciso “personalizar e individualizar muchísimo la respuesta porque, evidentemente, la víctima de violencia de género es la única víctima que no habla de ello, que esconde lo que le ocurre, que se siente culpable por recibir la agresión y, lo que es más sorprendente, da muchísimo tiempo a que el agresor cambie”.

Violencia de género en la tercera edad: datos que no se cuentan

En torno a esta cuestión, María José Segarra señaló que “a partir de los 65 años, se cuentan menos las cosas, tal vez porque se aceptan o ‘ya me ha pasado otras veces’”. En concreto, como detalló, se presentaron denuncias, formales o informales, “en el 62,5% de las mujeres de más de 65 años”, una cifra que “entre las mujeres de entre 16 y 65 años, llegó al 85%”. Esta significativa diferencia, según la fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, evidencia que “con la edad, hay un factor de vulnerabilidad añadido en la mujer porque ‘no lo cuento’, ‘lo acepto’, ‘es ya lo que me toca’…”.

Y, en la misma línea, Ana Peláez lamentó el hecho de que “muchas mujeres no tienen conciencia de víctima”, lo que deriva en una “infradenuncia” en los casos de violencia contra las mujeres mayores. La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres sugirió que esta situación “se agrava particularmente en dos poblaciones de mujeres: aquellas que se encuentran aisladas o institucionalizadas y aquellas con discapacidad”.

En el primer caso, afirmó que “hay muchas violaciones graves y sistemáticas de desprotección hacia las mujeres frente a la violencia” ya que “muchas instituciones no reciben adecuadamente la supervisión por parte de autoridades independientes con el tema de la violencia contra las mujeres”. Y en el segundo, denunció que “no tenemos tampoco políticas claras y definidas para atender a esas mujeres” y que “al final, la mujer con discapacidad mayor realmente no tiene derecho a opinar sobre ninguna cuestión de su propia vida, algo que también es una violencia estructural”.

Expertas reclaman políticas públicas inclusivas frente a la violencia estructural

Durante la conversación también se abordó la forma en la que se deberían tomar medidas ante los indicios de un posible caso de violencia contra la mujer mayor. Sobre ello, Isabel Martínez Lozano dejó claro que “cuando hablamos de violencia de género, todos y todas tenemos algo que hacer” y que, por tanto, “este no es un problema que van a resolver solo los poderes públicos, la fiscalía, los notarios, los jueces, los políticos…”.  En este sentido, consideró necesario conseguir que “la persona se ponga en el lugar de la víctima y sea capaz de restituir el daño que le ha hecho”. Al ser un problema estructural, añadió, “debemos mirar también a las actuaciones que tenemos que hacer con los hombres”.

A este respecto, María José Segarra, aunque incidió en que “cuando hay una sentencia condenatoria, una pena privativa de libertad, los hombres sí participan en programas de educación en igualdad”, también expresó que “aquella persona que no ha sido objeto de ningún procedimiento penal va a llegar a una mayoría de edad avanzada con comportamientos con peor genio, menos paciencia y que lo único que hacen es reforzar sus conductas”. Además, sostuvo que, en la actualidad, “se hacen muchos talleres de empoderamiento de mujeres”, aunque también puntualizó que “los hombres podrían participar también sin necesidad de estar señalados por nada”.

En relación con estas medidas que han de tomarse para atajar esta problemática, Ana Peláez puso el foco sobre “una opacidad en las políticas públicas muy grave en torno a la situación de las mujeres mayores”. Esta circunstancia, unida a la ausencia de datos y, en general, de información estadística impide que “se puedan diseñar políticas públicas realmente efectivas”. Además, Peláez recalcó que “incluso cuando se conoce y se detecta esa violencia, después no hay medidas de reparación a las víctimas”; de hecho, afirmó que “en muchos casos, como medida de protección, a la propia mujer que está sufriendo esas situaciones se la mete en una residencia”.

Machismo en jóvenes

Otro de los asuntos que se discutieron durante el encuentro fue el del actual repunte del machismo, sobre todo, entre las generaciones más jóvenes. Acerca de este asunto, en concreto, Martínez Lozano exigió “armarnos de convicción para poder acabar con esas desigualdades estructurales”.

Sin embargo, explicó que, aunque en España no existe un problema de norma para acabar con la violencia, “cuando suceden acontecimientos como el de ‘la manada’ y cuando tenemos sentencias tan vergonzosas como las que hemos tenido o comportamientos sociales tan denigrantes, tenemos que ser muy contundentes en rechazarlos”. Y añadió que “esto ya no es una lucha de mujeres contra hombres; esto es una lucha de hombres y mujeres por un modelo social por el que hemos peleado durante muchas décadas y que no podemos volver atrás”.

Interseccionalidad y género: proteger a las mujeres mayores

Y Ana Peláez, por otro lado, se refirió al empoderamiento de la mujer, algo en lo que se podría avanzar “directamente, con la educación y con la participación y su involucración en todos los asuntos que le competen” y que “en realidad, no se está haciendo”. A su juicio, aún es necesario “que el ámbito de la discapacidad incorpore todas las cuestiones de género en su agenda política, pero también que las organizaciones de mujeres incluyan en su trabajo la diversidad plena y absoluta, incluyendo la discapacidad”.

Esto, según la responsable de Cermi Mujeres, lleva a que “las mujeres que lo tienen peor se sigan quedando en los márgenes sin posibilidad real y efectiva de reconducir sus vidas y cambiar sus destinos”. Y, como sentenció, “el ODS 5 (Igualdad de Género) no se va a conseguir porque las mujeres más desfavorecidas se siguen quedando fuera de toda la acción global y efectiva demográfica; no forman parte ni de la legislación ni de las políticas ni de los grupos de la sociedad civil; y no cuentan con medidas particulares de acción que les hagan avanzar en sus derechos fundamentales”.