Día Mundial del Alzhéimer

Más de la mitad de los casos leves de alzhéimer sigue sin diagnosticarse en España

La Sociedad Española de Neurología (SEN) advirtió de que el infradiagnóstico continúa siendo uno de los principales obstáculos para abordar la enfermedad de Alzhéimer, precisamente en un momento marcado por la llegada de los primeros tratamientos capaces de ralentizar su progresión. La entidad también reclamó una revisión de la decisión de dejar fuera de la financiación pública los nuevos fármacos aprobados por la Unión Europea.

Por A. G.

21/09/2026

Más de 800.000 personas conviven con la enfermedad de Alzheimer en España y cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos, más del 65% en mujeres. Sin embargo, la mitad de las personas que se encuentran en fases leves de la enfermedad todavía no dispone de un diagnóstico, una situación que adquiere una nueva dimensión tras la aparición de tratamientos dirigidos a ralentizar su avance.

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), más del 50% de los casos leves permaneció sin diagnosticar y el retraso medio entre la aparición de los primeros síntomas y la confirmación de la enfermedad superó los dos años. Además, entre el 30% y el 50% de las personas con algún tipo de demencia no llegó a recibir un diagnóstico formal.

La entidad recordó que el pasado 15 de julio la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) decidió no incluir en la financiación pública los dos primeros fármacos capaces de ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer en fases iniciales. Ambos tratamientos cuentan con autorización de comercialización de la Agencia Europea de Medicamentos y ya comenzaron a utilizarse en varios países. Según las estimaciones disponibles, alrededor del 4% de las personas con alzhéimer en España podría beneficiarse de ellos.

“Desde la SEN solicitamos a las autoridades sanitarias que reconsideren esta resolución, porque restringir el acceso a estos fármacos solo a quienes puedan costeárselos de forma privada vulnera el principio de equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud”, señaló la doctora Raquel Sánchez del Valle, coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN. Por esta razón, agregó, “mantenemos nuestra disposición a colaborar con las autoridades sanitarias en el diseño de circuitos asistenciales seguros, eficientes y sostenibles que permitan una incorporación ordenada de estos tratamientos. Confiamos en que esta voluntad de colaboración sea tenida en consideración en las próximas reuniones de la CIPM”.

Diagnóstico precoz y biomarcadores

La sociedad científica también incidió en la necesidad de extender el uso de biomarcadores para mejorar la detección precoz. En la actualidad, menos del 20% de los diagnósticos de alzhéimer se apoyó en estas herramientas, pese a que ya existen biomarcadores en sangre que permiten aumentar la precisión diagnóstica. Por ello, la SEN defendió que su utilización debería situarse entre el 80% y el 90% durante los próximos años.

“La disponibilidad de fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad hace que el diagnóstico precoz y preciso sea, si cabe, aún más urgente. Ya disponemos de biomarcadores en sangre que permiten mejorar el diagnóstico sin necesidad de una punción lumbar, pero su uso todavía es minoritario: en la actualidad, menos del 20% de los diagnósticos de Alzheimer se apoyan en biomarcadores, cuando el objetivo debería ser alcanzar el 80-90% en los próximos años. Son precisamente los biomarcadores los que nos van a permitir seleccionar a los pacientes que realmente pueden beneficiarse de los nuevos tratamientos”, señaló Sánchez del Valle.

Manos entrelazadas junto a cubos de madera que forman la palabra Alzheimer

El coste invisible del alzhéimer para las familias

Más allá del diagnóstico, la SEN subrayó el enorme impacto social y económico de la enfermedad. El alzhéimer representa entre el 60% y el 70% de todas las demencias, es responsable de más del 60% de las situaciones de dependencia reconocidas en España y genera un coste sociosanitario estimado en unos 35.000 millones de euros anuales. Las familias asumen el 86% de ese coste, mientras que el gasto sanitario apenas representa el 8%.

“Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias estamos hablando de enfermedades que representan más del 60% de la dependencia en España. Y puesto que el coste social de estas enfermedades lo asumen mayoritariamente las familias, cerca del 60% de las personas cuidadoras presentan también morbilidades, como consecuencia directa de la sobrecarga del cuidado”, explicó la doctora Raquel Sánchez del Valle.

En relación con la prevención, la SEN apuntó que cerca del 45% del riesgo de desarrollar demencia podría estar relacionado con factores modificables vinculados al estilo de vida y a la salud vascular, por lo que actuar sobre ellos podría contribuir a retrasar o evitar un número significativo de casos.

Residencias sin sujeciones y cuidados centrados en la persona

Por otra parte, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) puso el foco en la calidad de los cuidados. La organización destacó que más de 300 centros de toda España eliminaron por completo las sujeciones físicas y farmacológicas gracias al programa DESATAR, una iniciativa dirigida por el doctor Antonio Burgueño que promueve modelos de atención centrados en la persona.

El proyecto evolucionó posteriormente hacia DESATAR 2.0, que reconoce como “centros amigables” a las residencias que cumplen 65 estándares de calidad orientados a favorecer la convivencia y el bienestar de las personas con demencia. Según Ceoma, todavía quedan más de 4.000 centros por avanzar en la eliminación de las sujeciones, una práctica que los profesionales asocian a efectos negativos sobre la salud y la autonomía de los residentes.

Para Antonio Burgueño, el reto no consiste únicamente en retirar las sujeciones, sino en impulsar una transformación de la cultura asistencial. “Tiene que haber un cambio de mentalidad y un cambio en la forma de trabajar”, afirmó el especialista, que también defendió la necesidad de desarrollar sistemas de alerta temprana para detectar situaciones de deterioro cognitivo en personas mayores que viven solas y carecen de apoyo cercano.