Atrapados en la explotación, el desafío global de la trata de personas

La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó en 2013 el Día Mundial contra la Trata de Personas para dar visibilidad a una de las violaciones de derechos humanos más extendidas del planeta. Este año la campaña se articula en torno al lema 'Atrapados detrás de la estafa', una advertencia sobre lo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) define como "una forma de trata de personas que está creciendo rápidamente" y mediante la cual organizaciones criminales obligan a miles de personas a participar en fraudes digitales.

Un delito global que sigue creciendo

La trata de personas constituye una grave violación de los derechos humanos que afecta prácticamente a todos los países del mundo, ya sea como lugar de origen, tránsito o destino de las víctimas. El marco internacional que regula su persecución se encuentra en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, cuyo artículo 3 define este delito como la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad (...) con fines de explotación".

Las redes criminales suelen aprovechar situaciones de vulnerabilidad económica, social o migratoria para captar a sus víctimas.  Naciones Unidas explica que los traficantes recurren con frecuencia a "anuncios de empleo falsos" que prometen oportunidades laborales legítimas en el extranjero.

Una vez aceptada la oferta, muchas personas descubren que están "confinadas en complejos ilegales destinados a estafas", donde son obligadas a participar en actividades ilícitas y sometidas a "violencia, amenazas, servidumbre por deudas y cuotas de trabajo exigentes", lo que las deja atrapadas en una permanente "situación de miedo".

“En 2022, personas de 162 nacionalidades fueron víctimas de la trata en 128 países diferentes"

La dimensión internacional del problema queda reflejada en las cifras recopiladas por Naciones Unidas. La organización señala que "en 2022, personas de 162 nacionalidades fueron víctimas de la trata en 128 países diferentes". Ese mismo año, las víctimas procedentes de África representaron el grupo más numeroso, al constituir el 31 % de los flujos transfronterizos detectados. Además, la ONU recuerda que el 74 % de los traficantes operan dentro de grupos de delincuencia organizada.

Una actividad ilícita que no conoce fronteras

La trata de personas ha evolucionado al ritmo de la globalización. Las organizaciones criminales operan simultáneamente en varios países, aprovechan los movimientos migratorios y utilizan las nuevas tecnologías para conectar actividades tan diversas como la ciberdelincuencia, el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la corrupción.

Para Louise Shelley, profesora de la Universidad George Mason y una de las principales especialistas internacionales en trata de personas y delincuencia organizada, “la trata de personas no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como una actividad estrechamente vinculada a la delincuencia organizada transnacional y a las dinámicas económicas globales”.

La especialista sostiene en su obra Human Trafficking: A Global Perspective (Cambridge University Press) que las redes dedicadas a la trata suelen integrarse en estructuras criminales más amplias, aprovechando las mismas rutas, mecanismos financieros y redes de corrupción empleadas por otras actividades ilícitas internacionales. A su juicio, la trata se ha convertido en una actividad profundamente ligada a la economía ilícita global y a los mercados criminales transnacionales, donde los delincuentes se benefician de la movilidad internacional y de las crecientes conexiones entre distintas formas de crimen organizado.

La propia ONU explica que muchas víctimas son obligadas a participar en ciberestafas, incluidas estafas románticas, fraudes de inversión en criptomonedas y otros engaños digitales dirigidos a ciudadanos de todo el mundo. Esta universalidad es una muestra de la "naturaleza cada vez más interconectada de la delincuencia organizada".

Ante esta realidad, Naciones Unidas recuerda que "los delitos a menudo traspasan las fronteras, por lo que la cooperación internacional es esencial". La organización destaca además que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Informática ofrece "un nuevo marco global" para reforzar la cooperación frente a la delincuencia digital, el fraude en línea y las redes criminales transnacionales.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sostiene igualmente que resulta prioritario mejorar la identificación de las víctimas, reforzar las investigaciones y aumentar la coordinación policial y judicial entre países. Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, el organismo lanzó "un llamamiento a la acción" e instó a adoptar medidas más contundentes para proteger a las víctimas y desarticular las organizaciones responsables de estas actividades.

El fenómeno tiene además una enorme dimensión económica. Según la UNODC, las estafas vinculadas a estas redes criminales provocaron en Asia Oriental y Sudoriental pérdidas “de entre 18.000 y 37.000 millones de dólares durante 2023”, una cifra que refleja el enorme alcance financiero de estas organizaciones.

Dejar de criminalizar a las víctimas

Pero perseguir a las organizaciones criminales es solo una parte de la respuesta. Cada vez más organismos internacionales advierten de que la lucha contra la trata no puede centrarse únicamente en los delincuentes, sino también en la protección de las personas que han sufrido la explotación. Durante años, muchas víctimas de trata han sido consideradas como culpables en lugar de ser reconocidas como personas explotadas.

La lucha contra la trata no puede centrarse únicamente en los delincuentes, sino también en la protección de las personas que han sufrido la explotación

Esta realidad ocupa un lugar central en el mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Según los datos aportados por esta entidad, se han identificado oficialmente más de 125.000 víctimas de trata en todo el mundo, de las cuales alrededor de 30.000 son menores, lo que supone que aproximadamente una de cada cuatro personas identificadas como víctima de trata es un niño o un adolescente.

Además, la OIM advierte de que estas cifras podrían ser mucho más elevadas, ya que numerosos casos nunca llegan a detectarse o denunciarse. “Millones de menores en movimiento enfrentan alto riesgo de ser explotados o de caer en manos de las redes de trata. Pero muchos de ellos siguen invisibilizados en las políticas y sistemas de protección a nivel mundial”, reconoció la directora general de la OIM Amy Pope en un mensaje en video. Esta deficiencia pone de relieve la necesidad de contar con datos más sólidos, con mayor cantidad de estudios y con cooperación transfronteriza para proteger mejor a todas las víctimas.

"En todo el mundo, las personas víctimas de trata —a menudo migrantes, jóvenes y niños— son coaccionadas para cometer delitos como estafas en línea, tráfico de drogas y robos", denuncia la organización. Sin embargo, "en lugar de ser reconocidos como víctimas, se les criminaliza y se les niega apoyo".

La OIM subraya además que los delincuentes "se benefician del sufrimiento humano, mientras que las víctimas enfrentan castigos y estigma". Por este motivo, reclama que las estrategias gubernamentales y judiciales sitúen a los supervivientes en el centro de la respuesta institucional. A juicio de la organización, es necesario establecer "sistemas sólidos de derivación, apoyo a la reintegración y defender el principio de no castigo".

La OIM resume su propuesta en una frase especialmente significativa al afirmar que los supervivientes deben ser "protegidos, escuchados y apoyados, no silenciados". También insiste en que "escuchando a las víctimas, reforzando las protecciones y responsabilizando a los traficantes, podemos acabar con la explotación para siempre".

Dentro de este escenario, los menores constituyen uno de los colectivos más vulnerables frente a las redes de trata. Por su parte, UNICEF advierte de que la explotación infantil sigue siendo un problema creciente y que los niños están cada vez más sobrerrepresentados entre las víctimas detectadas en distintas regiones del mundo. El organismo señala que factores como la pobreza, los conflictos armados, la discriminación de género, la debilidad de los sistemas de protección y las migraciones inseguras aumentan el riesgo de que niños y adolescentes caigan en manos de los traficantes.

A estas amenazas tradicionales se suman también nuevos peligros derivados de la tecnología, ya que la explotación y el abuso facilitados a través de internet se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada por las organizaciones criminales.

Además, las niñas sufren una vulnerabilidad especialmente acusada. UNICEF destaca que la discriminación de género es uno de los factores que favorecen su captación y explotación, mientras que Naciones Unidas alerta de que las menores son víctimas con frecuencia de explotación sexual, matrimonios forzados, servidumbre doméstica y otras formas de violencia.

En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, Najat Maalla M'jid, representante especial de la ONU sobre la violencia contra la infancia señaló que los menores, "principalmente niñas", son cada vez más vulnerables a este delito y denunció que las condenas por trata infantil siguen siendo escasas, mientras que la corrupción, el estigma y el miedo dificultan que las víctimas denuncien y accedan a la justicia.

Frente a esta situación, UNICEF defiende la necesidad de "fortalecer los sistemas para prevenir la trata infantil, proteger a los niños y facilitar la recuperación y reintegración de los supervivientes". La organización considera que la prevención, la protección y la reintegración deben situarse en el centro de cualquier estrategia internacional destinada a combatir un fenómeno que continúa afectando a miles de menores en todo el mundo.

UNICEF defiende la necesidad de "fortalecer los sistemas para prevenir la trata infantil, proteger a los niños y facilitar la recuperación y reintegración de los supervivientes"

En España, el Ministerio del Interior reconoce que el país constituye un territorio de destino y tránsito para distintas formas de trata de seres humanos. Las redes criminales aprovechan la vulnerabilidad económica y social de muchas personas migrantes para explotarlas sexual o laboralmente. Ante esta realidad, las organizaciones especializadas llevan años reclamando una respuesta integral que vaya más allá de la persecución policial.

Entre ellas destaca APRAMP, una de las entidades más activas en la atención a víctimas de explotación sexual y trata. La asociación insiste en que es necesario "situar a las víctimas en el centro de todas las políticas públicas" y reforzar los recursos destinados a su protección y recuperación.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mantiene mecanismos específicos para la identificación y acreditación de víctimas de trata con fines de explotación sexual, un ámbito donde mujeres y niñas siguen representando la inmensa mayoría de los casos detectados.

Pero más allá de las estadísticas, de las operaciones policiales y de los debates legislativos, la trata de personas sigue siendo una realidad profundamente humana. Detrás de cada víctima identificada hay una historia marcada por el engaño, la pérdida de libertad y la vulneración de derechos fundamentales. Esa dimensión personal del problema recuerda que la lucha contra este delito no puede medirse únicamente por el número de redes desarticuladas, sino también por la capacidad de las sociedades para proteger a quienes han sufrido la explotación y evitar que vuelvan a caer en ella.

Mientras haya personas convertidas en mercancía y seres humanos cuyo valor se mida por el beneficio económico que pueden generar, la lucha contra la trata no será solo una cuestión de seguridad o de justicia, sino una prueba de la capacidad colectiva para defender la dignidad humana.