La ONU alerta de la infrarrepresentación política de las personas con discapacidad

El informe, titulado Participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política y pública, subraya que, pese a la sólida base jurídica que ofrece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad continúan estando infrarrepresentadas en los espacios de toma de decisiones políticas en todo el mundo.

La relatora especial ha destacado la existencia de barreras persistentes, “como las restricciones jurídicas discriminatorias vinculadas a la capacidad jurídica, el estigma y el capacitismo, la inaccesibilidad de los entornos políticos, la falta de ajustes razonables, los obstáculos financieros y la limitada inversión en formación y liderazgo político”, según un comunicado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Asimismo, la relatora especial alerta de que el derecho al sufragio activo “no es suficiente si no se garantiza también el derecho al sufragio pasivo, es decir, a presentarse como candidata o candidato y a ejercer cargos públicos en condiciones de igualdad”.

Hagrass propone a Naciones Unidas la derogación de leyes discriminatorias, la adopción de medidas de acción positiva —como cuotas o escaños reservados—, la implantación de normas obligatorias de accesibilidad, la financiación pública de los gastos adicionales relacionados con la discapacidad, la mejora en la recopilación de datos desagregados y el impulso sostenido al empoderamiento y desarrollo del liderazgo de las personas con discapacidad.

Aportación española

El Cermi ha participado en la elaboración de este informe mediante la remisión de aportaciones desde España, contribuyendo con información y propuestas basadas en la experiencia del movimiento social de la discapacidad. Para el Comité, la acción impulsada por la relatora especial constituye una toma de posición de valor en el vigésimo aniversario de la Convención y refuerza el principio de democracia inclusiva en la que las personas con discapacidad no solo voten, sino que formen parte plena de los órganos legislativos, ejecutivos y de representación política en todos los niveles.

Además, el Cermi hace un llamamiento a los poderes públicos españoles y a las fuerzas políticas para que analicen las conclusiones del informe y adopten medidas concretas que aseguren la igualdad real de las personas con discapacidad en la vida política, eliminando cualquier barrera normativa, económica o actitudinal que limite su derecho a representar y ser representadas.