Como explicó Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, “el empleo público debe ser un ascensor social de dignidad y oportunidades. Seguimos avanzando para hacer una España que no deje a nadie atrás, un país con una administración pública digitalizada, humanista y decididamente inclusiva”.

Por su parte, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, señaló que “esta norma nace con la vocación de incrementar la tasa de personas con discapacidad en la función pública, eliminando las brechas y barreras en las oposiciones, pero sobre todo para que las administraciones se nutran del talento y de la diversidad que aportan las personas con discapacidad”.

La orden complementa otras medidas como el aumento de la cuota de reserva de personas con discapacidad del 7% al 10% en el empleo público o la creación de las unidades de inclusión laboral en cada departamento ministerial, para velar por un buen desempeño, salud laboral y accesibilidad en el puesto de trabajo de los y las funcionarias con discapacidad.

Adaptaciones

La norma incorpora varias adaptaciones en los ejercicios correspondientes a las pruebas selectivas en el ámbito del personal civil de la Administración del Estado. Estas adaptaciones de medios y tiempos podrían ser la puesta a disposición de la persona aspirante de medios materiales y humanos; de asistencias y soportes; de productos de apoyo y de las tecnologías asistidas que precise para la realización de las pruebas en las que participe, así como en la garantía de la accesibilidad de la información y de la comunicación de los procesos y la del recinto, espacio físico y soportes y canales virtuales donde estas se desarrollen o se utilicen.

Asimismo, contempla la concesión de un tiempo adicional para la realización de los ejercicios correspondientes a las pruebas selectivas.

Por otro lado, las adaptaciones de medios humanos podrán consistir en la puesta a disposición de un asistente personal que preste servicios en materia de accesibilidad para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que cuente con regulación normativa específica.

Las personas con discapacidad, en el momento de las pruebas y durante todo el proceso selectivo, tendrán derecho a portar y usar sin restricciones los productos de apoyo, órtesis y prótesis, incluidas las auditivas, que por su discapacidad y como medio para su autonomía personal, utilicen habitualmente y así lo acrediten.

Beneficiarios

Las personas beneficiarias de estas medidas serán aquellas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Las personas aspirantes que, aun sin contar con un reconocimiento oficial del grado de discapacidad, acrediten formalmente su situación personal de necesidad de apoyo mediante alguno de los medios admitidos en Derecho, podrán solicitar solo las adaptaciones de medios y otros ajustes razonables.