2025 en clave de derechos sociales

El balance social del año se ha convertido así en uno de los principales ejes del debate político. Para el Ejecutivo, uno de los pilares de su acción en 2025 ha sido el refuerzo de la red de protección social. A lo largo del año se han actualizado las cuantías y los criterios de acceso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con el objetivo de ampliar su cobertura y mejorar su compatibilidad con el empleo. Según el Gobierno, estas modificaciones han permitido llegar a nuevos hogares en riesgo de exclusión.

A estas medidas se ha sumado la prórroga de la suspensión de desahucios para personas vulnerables y el mantenimiento de los bonos sociales energéticos, en un contexto de inflación todavía elevada para muchos hogares.

Desde el Ejecutivo se insiste en que estas políticas han sido clave para contener el aumento de la pobreza, de ahí que uno de los lemas más recurrentes entre los responsables de varias carteras y otros organismos oficiales haya sido: “No dejar a nadie atrás en un momento económico complejo”.

En cuanto a la atención a la dependencia, este sistema ha experimentado uno de los avances más visibles del año. Según datos oficiales, el número de personas que reciben una prestación ha aumentado cerca de un 10 % interanual, al tiempo que se ha reducido la lista de espera gracias a una mayor financiación y simplificación administrativa.

En cuanto a la atención a la dependencia, este sistema ha experimentado uno de los avances más visibles del año

En paralelo, el Consejo de ministros anterior a las vacaciones de verano de 2025, aprobó el proyecto de ley para reformar dos normas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Estas reformas fueron impulsadas desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y presentadas por el ministro Pablo Bustinduy, quien las calificó como “un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad” tanto para las personas en situación de dependencia como para las que tienen una discapacidad, y que “promoverá el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y la autonomía personal”.

La reforma de estas leyes eliminará las incompatibilidades entre servicios y prestaciones y reconocerá el derecho a una atención más personalizada.

Bien entrado el otoño, el mismo ministerio aprobó también el primer Plan de Acción para Mujeres y Niñas con Discapacidad (2025-2035), con medidas específicas contra la discriminación múltiple, la violencia y la exclusión educativa y laboral.

En su discurso, Bustinduy destacó que la aprobación de este plan actuará como una política palanca del Gobierno de España: “Hemos aprobado el primer plan de nuestra democracia para proteger y promover los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, que siguen en cuotas de desigualdad inaceptables. España tenía una deuda democrática con ellas”.

Empleo, salario mínimo e infancia

En el ámbito laboral, 2025 ha estado marcado por una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que el Gobierno presenta como una herramienta clave para combatir la desigualdad salarial y mejorar las condiciones de los trabajadores con menores ingresos.

El Consejo de ministros aprobó el 11 de febrero de 2025 la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 4,4%, tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales. Así, las personas trabajadoras percibirán 6.273 euros más al año que en 2018. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 se sitúa en 16.576 euros anuales distribuidos en 14 pagas, con lo que acumula un incremento del 61% desde el año 2018. Unos 2,4 millones de trabajadores se beneficiarán de esta medida.

La lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, ha sido otro de los ejes destacados del año que busca reducir las desigualdades estructurales mediante políticas coordinadas de vivienda, empleo y protección social.

La lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, ha sido otro de los ejes destacados del año que busca reducir las desigualdades estructurales

Estas actuaciones se enmarcan en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030, que combina políticas de ingresos, vivienda, educación y empleo.

Los derechos también en el entorno digital

El Gobierno de España se considera pionero en la defensa de los derechos digitales y recuerda que, en el verano del año 2021, publicó la 'Carta de Derechos Digitales' que marca los principios generales que deben aplicarse en el mundo digital.

Tras este impulso, en 2025 presentó el Observatorio de Derechos Digitales, que forma parte del Programa Derechos Digitales, una iniciativa público-privada con un presupuesto de 10,83 millones de euros, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos NextGenerationEU.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que clausuró el acto de presentación del observatorio, instaba así a avanzar en la defensa de los derechos digitales de la ciudadanía y profundizar en la transparencia algorítmica: "Hay que obligar a las plataformas a que compartan la información necesaria para su supervisión y hacer de la moderación y de ese autocontrol un requerimiento, un requisito legal".

Gobierno y oposición

Frente al balance positivo que se deja entrever en las manifestaciones del Ejecutivo, la oposición acusa a este gobierno de improvisación legislativa y ausencia de diálogo y ha advertido de los riesgos de financiar el aumento del gasto social sin reformas estructurales. Afirman que no se puede sostener el Estado del bienestar a base de decretos y propaganda.

Desde Vox, las críticas se han centrado en el rechazo frontal a la expansión del gasto social, que califican de “modelo asistencialista”.

Por su parte, sectores de la izquierda han reprochado al Ejecutivo que los avances sean insuficientes y que no se haya abordado con más contundencia el problema del acceso a la vivienda o la precariedad laboral estructural.