El Gobierno aprueba un paquete de 80 medidas extraordinarias para responder al impacto económico de la guerra de Irán

El Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, adoptado el pasado viernes mediante real decreto‑ley, incorpora medidas de carácter coyuntural y estructural con el objetivo de mitigar el impacto inmediato del encarecimiento energético y, simultáneamente, avanzar hacia una mayor autonomía en materia de energía.

El Gobierno explicó, tras el Consejo de Ministros extraordinario, que la disrupción del tráfico aéreo y el bloqueo del Estrecho de Ormuz han generado un entorno de elevada incertidumbre económica.

Entre las actuaciones urgentes, destacan las rebajas fiscales en la energía, descuentos extraordinarios en los bonos sociales eléctrico y térmico y la prohibición de interrumpir temporalmente suministros esenciales a hogares vulnerables. Estas medidas, que serán de aplicación inmediata, buscan amortiguar el incremento del coste energético en familias y empresas en un escenario de precios tensionados.

El Plan también prevé ayudas directas para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores con el fin de evitar incrementos adicionales en la cesta de la compra y preservar la competitividad de los sectores primarios.

Medidas energéticas del Plan Integral frente a la crisis en Oriente Medio

En el ámbito energético, el Gobierno impulsará medidas estructurales para acelerar la transición hacia fuentes renovables, incluida la creación de Zonas de Aceleración Renovable (ZAR) y el refuerzo del almacenamiento eléctrico. Estas actuaciones pretenden reducir la vulnerabilidad del sistema energético español ante turbulencias internacionales como las generadas por el conflicto.

Tras la descripción de las medidas estructurales en materia energética, el Plan Integral detalla un bloque de actuaciones económicas destinadas a mitigar el impacto del conflicto en la actividad empresarial, especialmente en el comercio internacional. Entre estas actuaciones se incluye la devolución de gastos y ayudas para actividades promocionales canceladas, así como la creación de nuevos instrumentos estratégicos, como la definición de Proyectos Estratégicos de Inversión y la constitución del Comité de Inversiones Estratégicas, concebido para agilizar decisiones en sectores clave sometidos a una fuerte inestabilidad global.

El Plan también incorpora medidas de estabilidad societaria, destacando la suspensión temporal de la causa de disolución por pérdidas prevista en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. Esta medida busca evitar la desaparición de empresas afectadas coyunturalmente por el encarecimiento energético y la contracción de la actividad global, permitiendo que puedan operar sin el riesgo inmediato de quedar legalmente abocadas a la disolución.

En relación con la supervisión del mercado, el Plan refuerza significativamente el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los operadores al por mayor con capacidad de refino deberán remitir semanalmente información detallada sobre sus costes de adquisición de productos petrolíferos y los precios de venta del carburante a estaciones de servicio. Esta obligación se mantendrá durante tres meses y permitirá elaborar un diagnóstico preciso sobre el grado de competencia y la evolución de precios en un momento de alta volatilidad.

El Gobierno establece, además, que la CNMC deberá publicar antes del 31 de mayo de 2026 un estudio exhaustivo sobre el mercado de distribución y comercialización de carburantes, con especial atención a la evolución de precios, la estructura de márgenes y las prácticas competitivas en el contexto del conflicto.

Medidas fiscales para contener la inflación y la factura energética

El Plan Integral recoge asimismo un conjunto de medidas tributarias de amplio alcance, destinadas a reducir la factura energética y contener la presión inflacionaria. Entre ellas destacan la reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en gasolina, gasóleo, GLP, gas natural y queroseno empleado como combustible, así como la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que pasa al 0,5% hasta el 30 de junio de 2026. Estas rebajas fiscales tienen como objetivo aliviar tanto a los hogares como a las empresas más expuestas a la escalada de precios.

El IVA también se ajusta de forma significativa. El tipo para los contratos de energía eléctrica de potencias hasta 10 kW se reduce del 21% al 10% para consumidores vulnerables severos o en riesgo de exclusión social. Asimismo, el IVA del gas natural, briquetas, pellets de biomasa, madera para leña y carburantes se reduce igualmente al 10%, buscando contener el impacto del encarecimiento energético especialmente en hogares de menor nivel de renta.

Medidas sociales y laborales

Finalmente, el Plan Integral incorpora medidas de carácter social, entre ellas la obligación –adelantada en 12 meses– de que empresas y administraciones elaboren planes de movilidad sostenible al trabajo. Estas iniciativas deberán fomentar el uso del transporte colectivo, la movilidad activa y el teletrabajo.

Y, además, introduce condicionantes sociales puesto que las empresas beneficiarias de ayudas no podrán ejecutar despidos ni ceses de actividad justificados por causas derivadas del conflicto hasta el 30 de junio de 2026.