La economía social actualiza sus reglas de juego

La Ley Integral de Impulso de la Economía Social, publicada en abril en el Boletín Oficial del Estado, actualiza el marco normativo de varios actores clave de este modelo empresarial, como cooperativas y empresas de inserción, y reconoce expresamente a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como actores de la economía social. Estos centros, sin ánimo de lucro, reinvierten íntegramente sus beneficios en la creación y el mantenimiento de empleo para personas con discapacidad, reforzando el impacto social de los recursos públicos. Además, la nueva norma incorpora también el reconocimiento de la ONCE como entidad singular del tercer sector, en coherencia con su consideración previa dentro de la economía social.

La reforma introduce cambios relevantes en las cooperativas, en especial las de ámbito estatal, al reconocer los derechos digitales de las personas socias, regula el funcionamiento telemático de sus órganos de gobierno y consolida la web corporativa como canal oficial de comunicación, obligatorio desde abril de 2027 para las cooperativas con más de 500 socios.

Además, define las causas de descalificación administrativa para actuar frente a las denominadas falsas cooperativas: entidades que adoptan esta forma jurídica, pero vulneran sus principios para precarizar el empleo o eludir obligaciones laborales.

Vivienda cooperativa

La ley reconoce fiscalmente a las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso, consideradas especialmente protegidas cuando mantienen la propiedad de los inmuebles, no reparten beneficios y priorizan el derecho de uso. Este modelo emerge como alternativa estable frente a la especulación inmobiliaria.

Empresas de inserción

Además, la nueva norma amplía los colectivos destinatarios de las empresas de inserción, refuerza su papel como vía de acceso al empleo ordinario y pone el foco en la estabilidad laboral y el acompañamiento hacia la contratación indefinida. Las entidades ya existentes contarán con un periodo transitorio de adaptación.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sostuvo que la nueva norma demuestra que es posible “ponerse de acuerdo para trabajar por el bien común” y defendió la economía social como una vía para “democratizar” y “humanizar” la economía.