En este encuentro también participaron el presidente de la Sección de Arrendamientos y Propiedad Horizontal del Colegio de Abogados de Madrid y director jurídico de la revista inmobiliaria 'Sepín', Alberto Torres; el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid, Jaime Cabrero y la secretaria letrada del Consejo arbitral del alquiler de la Comunidad de Madrid, Beatriz Moreno. Zurdo señaló, además, que al arbitraje tampoco le afecta la declaración de vulnerabilidad de los inquilinos, algo que suele dilatar los procesos de desahucio en caso de arrendamiento. Por su parte, Beatriz Moreno explicó que la ventaja del arbitraje es que evita acudir a la jurisdicción ordinaria. "El arbitraje esta regido por su propia ley, regida por los reglamentos y los pactos entre las partes. Esto permite al ciudadano someterse a un sistema alternativo", explicó.  Aunque confesó que el arbitraje "no es la panacea", dado que para la ejecución de los laudos dictados por los distintos árbitros, se necesita acudir a la vía judicial, sí que se trata de una vía de resolución de conflictos mucho más ágil que la judicial. "La cultura del arbitraje se encuentra en una fase incipiente, estamos muy lejos del Top Ten", confesó Moreno, quien aseguró que esta vía "facilita la posibilidad de llegar a una solución amistosa, que contente a todas las partes" y destacó los esfuerzos de la Comunidad de Madrid para estimular el arbitraje como vía de resolución de conflictos.

Por su parte, Alberto Torres explicó que, desde el pasado mes de abril, es obligatorio interponer un procedimiento MASC -acrónimo de Medios Adecuados de Resolución de Controversias-, una serie de procesos intermedios de resolución de conflictos que se ejecutan de manera previa a la vía judicial. "Esto puede ser tanto una conciliación judicial o privada, una mediación entre abogados o una oferta confidencial vinculante", señaló Torres, quien indicó que estos procedimientos nacen de la "conciencia del colapso de la vía judicial" por parte del legislador y de la "imposibilidad de dar medios suficientes" a los juzgados.

Pese a esto, Torres no se mostró demasiado optimista respecto al poder de los MASC para resolver conflictos arrendaticios. "Veremos cuál es el resultado. La mentalidad mediterránea no es favorable a conseguir el resultado que se persigue”, aseguró Torres, quien indicó que los procedimientos arrendaticios son un problema "social" y no tienen demasiada cabida en los tribunales de justicia.

Mala praxis

Por otra parte, José Ramón Zurdo enumeró algunas de las malas prácticas que se producen en el arrendamiento de viviendas. Por parte del arrendador, lamentó la existencia de las simulaciones de arrendamientos de temporada cuando se trata de arrendamientos de larga estancia, con el fin de evitar la rigidez normativa por la que se rigen los arrendamientos de viviendas. "Otra mala práctica es simular un alquiler de habitaciones alquilando varias a miembros de una misma familia, con el mismo objetivo", denunció, comentando que muchos propietarios simulan falsas causas de necesidad con el fin de recuperar las viviendas antes de su vencimiento.

Asimismo, alertó de que algunos arrendadores proponen subidas de renta irregulares, de forma extemporánea, con el fin de forzar a los inquilinos a abandonar anticipadamente la vivienda, antes de la finalización de su contrato.

Por parte de los inquilinos, denunció la presentación de documentación alterada o falsa, como nóminas o rentas falsas, con el fin de engañar al arrendador. Además, también señaló que muchos inquilinos meten en las viviendas más personas de las inicialmente acordadas o subarriendan habitaciones sin el consentimiento de los arrendadores.

Además, alertó sobre una práctica irregular que cometen algunos inquilinos. "Muchos arrendatarios pagan la renta y el primer mes de fianza con el objetivo de no volver a pagar nunca más".

Estas casuísticas, que el presidente de los API de Madrid, Jaime Cabrero, enmarcó dentro de la "picaresca nacional e importada", son "difíciles de demostrar". "El arrendador recibe 800 euros y el inquilino subarrienda las habitaciones por 500, está viviendo gratis y obtiene un lucro aún mayor", lamentó Cabrero, quien afirmó que este inquilino puede especificar que tiene "visita" y es la palabra de uno contra la del otro.

Okupación

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) también pidió dotar a las  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las herramientas y competencias necesarias para luchar de forma más rápida y efectiva contra la okupación y la 'inquiokupación', pasando de las estrategias para atajar el problema por la vía penal o judicial a procedimientos más basados en la vía administrativa o judicial.

"El que entra en una vivienda está cometiendo un delito y debería ser tratado con la misma contundencia que cuando se comete, por ejemplo, un robo. En ese caso se detiene al delincuente", explicó Zurdo. Entre las medidas concretas, propuso suprimir el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, eliminando la forma verbal, de tal forma que todos los arrendamientos sean por escrito. "Así, podríamos crear un registro público de contratos cuya inscripción tendría efectos jurídicos frente a terceros. Esto posibilitaría a la policía a actuar más rápidamente en caso de okupación", explicó.

Asimismo, pidió endurecer el delito de usurpación ya que "es el delito que más se comete, porque solo conlleva una pena económica de tres a seis meses". "Entendemos que es una pena insuficiente y por ello pedimos una pena más coercitiva que eleve a una pena de prisión de seis meses a un año, igual que ocurre en el delito de allanamiento de morada", concretó. También pidió tipificar penalmente la 'inquiokupación', de tal manera que pueda resolverse con un juicio rápido, igual que ocurre con los delitos de allanamiento de morada o usurpación.