Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector

El derecho a la vivienda en España: de la Constitución a la realidad

El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Sin embargo, el acceso a la vivienda en nuestro país sigue siendo uno de los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad.

Por Luciano Poyato

24/04/2025
Luciano Poyato

Uno de los problemas centrales del acceso a la vivienda en España tiene que ver con su excesiva mercantilización. En lugar de concebir la vivienda como un derecho, se ha entendido como una mercancía a la que cada vez pueden acceder menos personas. Mientras tanto, el precio de la vivienda, en compra o alquiler, no deja de crecer, la vivienda social y asequible es claramente insuficiente y el acceso a un hogar digno se convierte en una auténtica quimera para muchas personas y familias.

A ello, hay que sumar la cada vez mayor presencia de fondos de inversión que solo buscan rentabilidad y un excesivo crecimiento de la vivienda destinada a alquiler turístico.

Según datos recientes de EAPN España, el 41% de los inquilinos españoles destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, una situación insostenible que ahoga económicamente a miles de hogares. A esto se suma la preocupante relación entre vivienda y pobreza: vivir de alquiler es más común entre las personas en situación de pobreza, lo que convierte la falta de vivienda digna en un factor que perpetúa la exclusión social.

“El acceso a la vivienda en nuestro país sigue siendo uno de los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad”

A pesar de que nuestro país se ha dotado de una ley de vivienda que es necesario aplicar al completo, en todos los territorios, desde el Tercer Sector seguimos trabajando para que se adopten medidas, tanto a corto como a largo plazo, para garantizar el derecho a la vivienda. Creemos necesario regular el precio del alquiler en zonas tensionadas, apostamos por ampliar de forma urgente el parque de vivienda social y asequible y por ofrecer ayudas eficaces para las personas en situación de vulnerabilidad.

Igualmente, entendemos que es preciso avanzar en nuevas fórmulas de provisión de vivienda, como las que apuestan por la colaboración con entidades sin ánimo de lucro.

Debemos entender la vivienda como un derecho, no como un lujo o una simple mercancía, pues sin una vivienda digna es imposible acceder a otros derechos como el del empleo, el de la salud o el de la educación.

 

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