Consumo “trabaja” para “recuperar” la norma que permita al Gobierno topar precios en situaciones de catástrofe

Así lo precisaron fuentes del departamento de Bustinduy, que subrayaron que Consumo ha detectado un "aumento generalizado" de precios en los transportes alternativos al tren a raíz del siniestro.

En paralelo, recordaron que el Gobierno ya aprobó una norma de estas características en febrero en Consejo de Ministros, que posteriormente fue tumbada en el Congreso de los Diputados con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts.

Desde el pasado miércoles, día del accidente, el ministerio ha detectado un “aumento generalizado” de los precios en los transportes alternativos al tren, como los billetes de avión, y monitoriza desde ese día los precios de otros medios de transporte.

Este mismo año, el 10 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley desarrollado por Consumo para incorporar un límite máximo de precios en situaciones de emergencia que “altere de forma excepcional la oferta y la demanda”. “Una norma que permitía al Gobierno de España fijar que el precio de un servicio o de un producto no podría ser superior al precio máximo que tuviera este servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de la emergencia”, subrayaron las mismas fuentes.

Tope adicional

Además, incidieron en que esta nueva normativa introducía un mecanismo de tope adicional estableciendo que, si el precio máximo que ha tenido un servicio o un producto en esos 30 días previos fuese superior en más de un 50% al precio medio en ese mismo período, la referencia para topar un precio pasará a ser el precio medio de los 30 días más un 50%.

Ese real decreto-ley fue tumbado dos semanas después, el 26 de febrero, en el Congreso de los Diputados por PP, Vox y Junts cuando los grupos parlamentarios de estos tres partidos políticos votaron en contra de su convalidación.

Para “evitar que esto vuelva a ocurrir” y “hacer frente a las situaciones de abusos para los consumidores que podrían estar produciéndose estos días tras la tragedia ferroviaria en Urda”, el Ministerio de Consumo ya está “trabajando para recuperar esta norma”, un real decreto-ley que modifique el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para facultar al Gobierno a actuar en esas situaciones de emergencia con carácter extraordinario que alteren de forma excepcional la oferta y la demanda “y que no se corresponderían con un aumento de costes para las empresas”, resolvieron las mismas fuentes.