Los políticos tienen la responsabilidad de resolver problemas, aportar soluciones a aquellos temas que preocupan a los ciudadanos y este es un asunto muy relevante. La población española supera ya los 49 millones, ha tenido el mayor crecimiento de todos los países occidentales, y este incremento genera dificultades para que todo el mundo pueda vivir en unas condiciones aceptables. No se generan las suficientes viviendas nuevas para atender la demanda, hay muy poca construcción de viviendas sociales por parte de las autonomías y la política de pactos es imposible.

Ante esta situación, el alquiler vive una constante tensión y los ciudadanos que en su día adquirieron una segunda vivienda para poder utilizarla como una renta vitalicia, como un complemento a su pensión o de apoyo a su familia, viven una situación de incertidumbre y temor a alquilar su casa sin garantías o con dudas ante el cobro mensual. Una tormenta perfecta que afecta a miles de ciudadanos, que provoca una convivencia imposible entre las personas que viven en habitaciones y que genera problemas de pago de los inquilinos. La situación del mercado laboral es otro condicionante muy destacado en el modelo de vivienda en España, ante los escasos sueldos medios que hoy tienen los trabajadores.

“Los políticos tienen la responsabilidad de resolver problemas, aportar soluciones a aquellos temas que preocupan a los ciudadanos y este es un asunto muy relevante”

La paradoja de que hoy un jubilado tiene un sueldo medio superior a un trabajador activo es una contradicción y una rémora para los gastos en vivienda, especialmente de los jóvenes.

Ante este hándicap, los dos grandes partidos, PP y PSOE, han planteado propuestas, el problema es que son tan diferentes que dejan poco espacio al consenso con un modelo donde el Gobierno central propone políticas estatales y las comunidades autónomas gestionan el territorio. Un caso que podría servir de ejemplo para todos son las futuras viviendas en los antiguos cuarteles militares de Campamento, en Madrid, con terrenos del Estado, e iniciativa autonómica y de los ayuntamientos. La vivienda se ha convertido en una enfermedad crónica. Puede llegar a la UVI.