¿Qué impacto medioambiental tiene el descarte de frutas y hortalizas?

Los resultados publicados en la revista Water, precisan que durante este periodo se desecharon más de 480.000 toneladas de excedentes, equivalente a un consumo de casi 36 hectómetros cúbicos de agua (36.000 millones de litros), cantidad con la que se podrían llenar 14.400 piscinas olímpicas. La emisión equivalente de dióxido de carbono fue de casi 37.000 toneladas.

España es uno de los países europeos más vulnerables al estrés hídrico: más del 60% de su territorio lo comprenden zonas áridas. A pesar de ello, el país ha desarrollado una potente vocación agrícola basada en el aprovechamiento intensivo de los recursos hídricos. Embalses, trasvases, explotación de acuíferos y plantas desaladoras han permitido sostener una producción que alimenta, tanto al mercado interior, como a un importante sector exportador de frutas y hortalizas.

España frente al desperdicio de alimentos y la crisis hídrica

“Sin embargo, este modelo de éxito productivo oculta profundas ineficiencias”, señaló el investigador de la EEZA-CSIC Jaime Martínez Valderrama, líder del trabajo junto a investigadores de la Universidad de Alicante y de la King Abdullah University of Science and Technology (Arabia Saudí).

El desequilibrio creciente entre la demanda y la disponibilidad de agua, agravado por el cambio climático, coloca a España entre los países con mayor estrés hídrico del mundo. En este contexto, el desperdicio de alimentos adquiere una dimensión especialmente crítica: cada fruta u hortaliza que se descarta representa también agua, energía y emisiones desperdiciadas.

La comida desperdiciada y el cambio climático

Más allá de la magnitud de las cifras, los resultados, según apunta el equipo científico, revelan un problema estructural. El modelo agroalimentario dominante, orientado a la rentabilidad inmediata y a la competencia en precios, tiende a ignorar los costes sociales y ambientales de la producción. Esto se traduce en la sobreexplotación de los recursos hídricos, la degradación de los suelos, la precariedad laboral y la pérdida de valor de la producción agrícola en origen.

El trabajo pone de manifiesto la necesidad urgente de replantear las prácticas agrícolas actuales y avanzar hacia un modelo más sostenible, capaz de equilibrar la rentabilidad con la eficiencia en el uso de los recursos naturales. “La gestión del agua, la reducción del desperdicio alimentario y la valorización justa del trabajo agrícola deben situarse en el centro de las políticas agrarias para garantizar el futuro de un sector esencial en un país cada vez más expuesto a la escasez de agua”, recalcó Martínez Valderrama.