Entre las principales medidas recogidas en el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, se encuentran la prohibición de la publicidad de los combustibles fósiles, de los vuelos cortos (siempre que haya otra alternativa más sostenible) y de los vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles. Asimismo, también contempla otras como combatir la obsolescencia programada, evitar el greenwashing e incentivar la economía circular.

Según Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, “el objetivo de este Gobierno es incentivar a la industria para acelerar la transición productiva hacia modelos más accesibles y sostenibles, de tal manera que bajen los precios para los consumidores, pero también se avance de manera decidida en la protección del medioambiente”. En este sentido, incidió en que “la justicia social, la equidad y el ecologismo deben caminar de la mano”.

Bustinduy también recalcó que trabajará para que la futura ley –que traspone dos directivas europeas (la Directiva de empoderamiento para la transición ecológica y de Derecho a reparar)– incorpore “un paquete fiscal que garantice que quienes más contaminan, que son los ricos, paguen lo que les corresponde”.

Combustibles fósiles

Una de las medidas más trascendentes recogidas en el borrador de esta ley es la prohibición de cualquier tipo de publicidad sobre productos energéticos compuestos exclusivamente por derivados de origen fósil, en los que no participan componentes renovables. Esta limitación, según el anteproyecto, se aplicará cuando los anuncios sean emitidos por empresas del sector del carbón o del petróleo, pero no en el caso del gas.

Para José Luis García, responsable del área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace España, “la publicidad no solamente es una forma de inducir al consumo, sino también una herramienta que crea cultura”. García considera “fundamental” que se introduzcan este tipo de limitaciones en la ley. “Es inaceptable, y en un futuro nos parecerá increíble, que se hayan publicitado productos tan dañinos como los combustibles fósiles”, aseveró.

El responsable de Greenpeace España, además, cuestionó el alcance de la futura normativa, que “dependerá de que sea efectiva”, puesto que “dejar fuera el gas fósil es un agujero enorme”. En este sentido, García declaró que “si alguna corrección necesita el borrador de ley es, precisamente, que debe quedar incluido el gas fósil entre los productos cuya publicidad debe prohibirse”.

Vuelos cortos

Otra de las prohibiciones recogidas en el anteproyecto de ley es la relativa a la publicidad de los vuelos cortos con origen y destino dentro del territorio peninsular y siempre que exista, como informó el propio ministerio, una alternativa más limpia y que no suponga un aumento de más de dos horas y media del trayecto.

Desde Greenpeace, sin embargo, exigen restricciones “más concretas” y creen que “no son suficientes”, aunque consideran que introducir esta medida en la ley “es un avance importante porque significa reconocer el problema”. Según José Luis García, “deberían prohibir directamente los vuelos donde exista alternativa ferroviaria en el rango de seis horas” y, además, “los jets privados”.

Obsolescencia programada

La obsolescencia programada también adquiere relevancia en el borrador de la futura Ley de Consumo Sostenible. Para combatirla, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 incentiva la reparación de productos durante el plazo legal de garantía, aumentando este plazo en 12 meses adicionales cuando se opta por la reparación en lugar de la sustitución al hacer uso de la garantía.

Además, también señala que el productor, el comercializador o el importador (cuando el productor esté fuera de la Unión Europea) deberán asumir el 20% del coste de reparación durante los dos primeros años tras el fin del plazo de garantía legal, el 10% en el tercer año y el 5% en el cuarto.

Para José Luis García, “la obsolescencia programada es una aberración”, por lo que, introducir estas restricciones en la ley “es importantísimo porque debería estar totalmente prohibido”. Además, advierte de la relevancia de regular “de manera efectiva” con el fin de que “no se produzcan trampas” y que exista una “penalización clara a todos los fabricantes que se niegan a la reparación”.

Por todo ello, el responsable de Greenpeace España sostiene que “esperamos que la ley sea lo más estricta posible en este terreno”. En este sentido, subraya que, aunque “no será suficiente para transformar todo el sistema (de producción y consumo), sí es un paso muy importante”.

La norma, al mismo tiempo, prohíbe ocultar información al consumidor sobre actualizaciones de software que afecten negativamente al funcionamiento de bienes con elementos digitales, presentar como necesaria una actualización de software que solo mejore características de funcionalidad y cualquier comunicación comercial en relación con un bien que contenga una característica introducida para limitar su durabilidad.

Greenwashing

Y, por último, combatir el ecopostureo o greenwashing aparece como otro de los fines de la futura ley. En este caso, prohibirá que las empresas realicen afirmaciones genéricas y no comprobables sobre la sostenibilidad de sus productos o en su etiquetado, como, por ejemplo, “respetuoso con el medioambiente”, “amigo del medioambiente”, “verde”, “biodegradable” y otras similares.

Sin embargo, de cara a contar con una legislación efectiva en esta materia, José Luis Garcia estima “muy importantes” los mecanismos de seguimiento y control. A este respecto, afirmó que “debe haber organismos dedicados a la persecución de estos delitos, al seguimiento de la actividad de las empresas y de todo lo que esté recogido en la ley, para que realmente no sea solo una prohibición sobre el papel, sino que sea efectiva”.