Las personas con discapacidad, con trastorno del espectro autista, con patologías que conllevan desconexión sensorial y, también, mujeres víctimas de violencia de género y sexual podrán acceder con los perros de asistencia a lugares públicos y privados de uso público en cualquier punto de España.

De esta manera, se eliminan las barreras para entrar en centros sanitarios, culturales, educativos o deportivos, excepto en quirófanos y otras áreas en las que deban garantizarse unas condiciones higiénicas especiales.  Además, podrán acceder al interior de establecimientos comerciales, supermercados, mercados o tiendas de alimentación, así como alojamientos turísticos, establecimientos de hostelería y restauración, museos y teatros. También se permite el acceso de los canes a playas, áreas recreativas, recintos de piscinas y parques acuáticos, aunque siempre con una condición: que el animal nunca acceda al agua.

Desde 1983

Esta nueva normativa está recogida en un real decreto que sustituye a una antigua norma estatal del año 1983, y logra igualar los derechos de los perros de asistencia y de sus usuarios en toda España.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, valoró el impacto que tendrá esta nueva norma para favorecer la autonomía y vida independiente de las personas usuarias de canes de asistencia. También destacó cómo estos contribuyen a combatir “la soledad a la que en muchas ocasiones se enfrentan estas personas”.

Asimismo, el ministro resaltó el “impacto positivo” en víctimas de violencia de género y sexual, al garantizar que puedan acceder, junto con los perros de asistencia, a albergues, centros asistenciales, o establecimientos similares.

El incumplimiento de estos derechos, que establece el real decreto sobre el perro de asistencia y sus usuarios, conllevará sanciones y en los casos más graves podrán ser juzgados penalmente, al ser considerados atentados contra la igualdad y la no discriminación.

Bienestar animal

El real decreto incluye como novedad que se reconozca la relación entre el perro de asistencia y la persona con discapacidad, además de regular que la formación que reciben estos animales para desarrollar sus funciones sea impartida “por personas acreditadas o reconocidas de forma oficial en la educación, la socialización y el adiestramiento de perros de asistencia, bien pertenezcan a entidades o sean profesionales autónomos especializados”, según un comunicado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El bienestar de los animales también se garantiza en la nueva normativa, al establecer obligaciones de cuidado y respeto para los usuarios, así como para las personas y entidades encargadas de su adiestramiento. Los canes tendrán derecho a un descanso digno y una buena “jubilación”, pues podrán dejar de trabajar cuando cumplan 10 años, aunque mantendrán el derecho a seguir accediendo a los espacios de uso público una vez acabado su tiempo en activo.

En materia de discapacidad, la normativa desarrolla los derechos reconocidos en la Constitución tras la reciente reforma del Artículo 49, al fomentar la plena inclusión e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Además, actualiza la legislación española siguiendo los fundamentos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2006.

Aunque la mayoría de los canes de asistencia ejercen como perros guía para personas ciegas o con discapacidad visual, el real decreto hace referencia a otras discapacidades que requieren de estos animales, como personas con discapacidad auditiva o sordoceguera, que los emplean para avisar de la emisión de sonidos y su procedencia; personas con discapacidad física, que precisan de perros adiestrados como apoyo y auxilio en actividades de la vida diaria; personas con trastornos del espectro autista, que deben ser asistidas por perros adiestrados para promover su autonomía; o personas con patologías que conlleven crisis recurrentes con desconexión sensorial y que necesitan estar acompañadas por un perro adiestrado para avisar en caso de una alerta médica.