España, estado miembro de la Unión Europea y geopolíticamente occidental, comparte el desafío de adaptarse a un mundo que ya se ha transformado, para el cual han dejado de proveer un orden global las estructuras internacionales creadas tras la II Guerra Mundial.

Más grave aún: las nuevas relaciones de poder en el mundo colocan a los europeos en desventaja frente a actores que han incrementado su peso relativo y absoluto. La opción inteligente para conservar nuestro nivel de bienestar y nuestro modelo social y democrático no es la de pretender encerrarnos sino participar activamente en la construcción de un nuevo orden internacional. En España tenemos buenas y malas noticias al respecto.

La buena es que nuestros interlocutores no occidentales perciben, frecuentemente, en nosotros una actitud más respetuosa y afín que la de otros europeos. Ello compensa en parte el que seamos del Norte, beneficiarios de las estructuras financieras y políticas que habrá que reformar, a riesgo de acabar sin tener ninguna y pasar del orden al caos.

La mala noticia es que el servicio diplomático español y el servicio exterior, que engloba al conjunto de empleados públicos de la Administración General del Estado que trabajan en la acción exterior, se encuentran en peor situación que en los demás países europeos.

España, con sus 49 millones de habitantes, tiene menos de 1.000 diplomáticos, mientras que Polonia dispone de 1.700 diplomáticos (son 37,6 millones de polacos) y Dinamarca (6 millones) cuenta con 1.311.

Las condiciones de trabajo son precarias y discriminatorias; muchas infraestructuras en el exterior están en pésimo estado; y los métodos de trabajo son de otra época. Desatendidos de medios, personal y recursos económicos, la dejación de sucesivos gobiernos se ha convertido en dejadez. El conjunto de la sociedad española puede pagarlo caro.